Apenas tres meses de vigencia le queda a la Ley de Servicios Básicos, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas debido a la pandemia.

Hay un tema de fondo, que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso, lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.

A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras a fin de no interrumpir el suministro en casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, pues luego debería repartirse lo postergado en 12 meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el Estado de Excepción, pero en el último aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre.

No obstante, los alcaldes de variados municipios han planteado que esta fórmula ha generado un alto endeudamiento de los hogares, ya que las cuentas no se han condonado, sino que se han prorrogado, lo que significa que al terminar la vigencia de la medida, en diciembre, esas familias podrían tener serias dificultades para cumplir sus compromisos.

Las autoridades comunales temen que las empresas distribuidoras suspendan el suministro cuando la ley venza y, además, suban las tarifas. También se ha señalado que la deuda va acumulando intereses, por lo cual han pedido al Ejecutivo que se busquen fórmulas de solución, como condonación o generar un subsidio al servicio eléctrico que permita regularizar las deudas de las familias más vulnerables del país. Asimismo, piden que las empresas concesionarias asuman parte de la deuda con el fin de conseguir el saneamiento.

Lo claro es que en pocos meses más se abrirá esta caja de Pandora que puede generar un evidente flanco de tensión de cara a la asunción del bloque que resulte ganador en la elección presidencial.

Este fin de semana se conmemoró el Día Nacional del Medio Ambiente. El festejo se da días después de la publicación en la revista Science de un estudio donde se determinó que "un niño o niña nacido en 2020 será testigo de, en promedio, 2 veces más incendios forestales; 2,8 veces más pérdidas de cosechas; 2,6 veces más eventos de sequía; 2,8 veces más inundaciones fluviales; y 6,8 veces más olas de calor a lo largo de su vida en comparación con una persona nacida en 1960".

Pese a las dramáticas proyecciones, la investigación también postula un escenario optimista, en el que la tendencia actual se revierte y se cumple el límite del Acuerdo de París, deteniendo el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5ºC. En este caso, la niñez nacida en 2020 "estará expuesta un 45% menos a las olas de calor, un 39% menos a las sequías, 38% menos a las inundaciones fluviales, 28%,menos a las pérdidas de cosechas y un 10% menos a los incendios forestales".

Quienes son niños y jóvenes hoy serán adultos activos en 10 o 20 años más. Dadas las proyecciones del estudio hace sentido poner un foco en su formación, para que se conviertan en los ciudadanos conscientes y proactivos que la sociedad necesita con urgencia.

¿Cuánto nos cuesta una ciudad sin niños, sin jóvenes? Es la pregunta que se hizo Francesco Tonucci en su libro "La ciudad de los niños" allá por 1996, cuando analizó y promovió la necesidad de pensar las ciudades desde la perspectiva de la inclusión de la infancia para hacerlas mejores para todos. Y es que nuestra experiencia directa con la ciudad y el territorio nos forja como personas y desarrolla (o inhibe) habilidades socioemocionales clave para convertirnos en ciudadanos integrales. Lo que podamos esperar de los jóvenes ciudadanos en el futuro dependerá sólo de las acciones que tomemos hoy para prepararlos y acompañarlos en su proceso de crecimiento.

El programa Ciudadanía Joven, recientemente lanzado en Frutillar, es resultado de la colaboración entre actores públicos y privados y busca crear vínculos entre los jóvenes y el entorno urbano-rural que los rodea. Cuatro proyectos exploran y toman el desafío desde la inclusión, el mundo audiovisual, el medio ambiente y el urbanismo táctico, todo con el objetivo de sumar más jóvenes ciudadanos a la causa del desarrollo sostenible.

Tomás Cortese, director ejecutivo

de la Fundación Plades

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