Marcelo Galindo

La búsqueda de eventuales anomalías en la licitación de la pileta de Puerto Montt tendría una nueva arista para el Ministerio Público: conocer cuál fue el rol del Concejo Municipal de la época, ente que fue responsable de aprobar $1.100 millones para su construcción.

El abogado Marcos Velásquez, quien hizo la denuncia en 2019 por presuntas irregularidades en el proceso de licitación, explica: "Pedí que citen a los concejales que en esa época cuestionaron, en sesiones del concejo y públicamente, la ejecución del proyecto. Me refiero Juan Carlos Cuitiño (PEV) y Luis Vargas (RN)".

Quienes estuvieron a favor de la licitación y posterior construcción de la pileta, en julio de 2018, fueron los ex concejales Fernando Orellana (RN), Eduardo Matamala (DC), Héctor Ulloa (independiente) y Verónica Sánchez (DC); además de los ediles reelectos Marcia Muñoz (independiente), Sonia Hernández (PS), Fernando España (PS) y Leonardo González (PPD).

Recientemente la causa tuvo novedades, puesto que se supo que el Juzgado de Garantía dividió (el 7 de octubre) en dos las investigaciones desformalizadas donde figura como imputado el alcalde Gervoy Paredes (supuesto enriquecimiento ilícito y por la pileta), quien declaró ante el ente persecutor antes de asumir oficialmente su tercer periodo, es decir, entre mediados de mayo y fines de junio.

Concejales

El ex concejal Fernando Orellana reconoce que se equivocó al aprobar la pileta. "Fue un error no solo por la inversión, sino por todos los problemas que tuvo su implementación y operación, lo que implicó más recursos, según recuerdo. Aun así no funcionó del todo bien y no se le sacó todo el provecho que se podía, pues la pileta tenía más posibilidades de convertirse en una gran atracción", dijo.

Orellana sostiene que es valioso que se lleve adelante esta investigación y recalca que se trate de aclarar el mecanismo en que se gastaron recursos que son "de todos los puertomontinos".

Sobre lo mismo, Marcia Muñoz dijo: "Si el Concejo Municipal aprobó el proyecto fue porque se nos informó que tendría un buen efecto visual y turístico. Inicialmente teníamos algunas dudas, pero luego la propuesta logró un apoyo transversal".

Remarca que para los turistas y puertomontinos fue un agrado disfrutar de esta pileta ornamental, la cual hoy está fuera de operación tras ser blanco de actos vandálicos durante el estallido social.

Sobre la indagatoria sostiene que "es importante que se investigue cada detalle en el uso de los dineros públicos, tanto en su construcción como en las obras posteriores, e incluso en las ceremonias realizadas en ese contexto".

Rechazo

Juan Carlos Cuitiño calificó como relevante una eventual declaración de los concejales en esta causa. Agrega que él no aprobó el proyecto "por el monto alto que significaba en el presupuesto municipal" y porque -a su juicio- la iniciativa se trabajó "entre cuadro paredes", sin participación ciudadana.

"Lo consulté en mis redes sociales en su momento y el 90% de las personas que votaron rechazaban la pileta", recordó.

Añade que solicitó un requerimiento para saber las especificaciones técnicas del proyecto y la licitación, "requerimiento que no fue respondido por la Municipalidad para saber los detalles de este llamado a licitación".

Su colega Luis Vargas es coincidente e indica que rechazó la iniciativa porque había temas técnicos "que no estaban claros. Solicité en ese momento al director de Secplac que explicara la rentabilidad social y qué nos iba a producir socialmente".

Insiste que el costo de la inversión era altísimo para la realidad de Puerto Montt: "Primero $900 millones de pesos, que terminaron siendo más de mil millones del presupuesto". De acuerdo a Vargas es importante poder aclarar qué pasó "y que los concejales entreguen ante la Fiscalía su punto de vista de cuál fue su justificación técnica, porque nunca se vieron los aspectos técnicos".

"Pedí que citen a los concejales que en esa época cuestionaron en sesiones del concejo y públicamente la ejecución del proyecto"

Marcos Velásquez, Abogado denunciante

46 armas blancas artesanales fueron incautadas en el módulo 22 del penal de Alto Bonito, donde están recluidos 109 imputados reincidentes.

Gendarmes detectaron que los internos se preparaban para una riña masiva, por lo cual efectuaron un allanamiento preventivo que permitió la incautación de 46 de las armas, varias de ellas de gran tamaño, que se pretendían usar como lanzas.

Del total, 37 estoques fueron encontrados en dependencias comunes del módulo, como el comedor, baños, patio, shaft y rejillas de aguas lluvia. Las otras 9 armas artesanales se encontraban en poder de los imputados al momento de realizarse el allanamiento.

El director regional de Gendarmería, coronel Pedro Villarroel, destacó la eficacia del procedimiento. "El módulo 22 es de población penal imputada que tiene experiencia carcelaria y donde continuamente tenemos que intervenir para evitar conflictos", afirma el oficial.