Redacción

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, aseguró que no entregará un "cheque en blanco" a su contendor del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Lo anterior, en medio de la crisis desatada por los descuelgues de militantes de la UDI que decidieron apoyar a Kast en vez de a Sichel, candidato oficial de la colectividad. La fuga de adherentes motivó que el martes el expresidente de BancoEstado dejara en libertad de acción a los partidos del bloque oficialista.

Tras ello la tienda gremialista pidió a Sichel gestos concretos de respaldo en caso de que Kast pase a segunda vuelta. "Exigimos reciprocidad (…) Esperamos un compromiso mutuo y explícito de apoyo en segunda vuelta, porque este es el único camino que garantiza la unidad", dijo la directiva de la UDI.

Pero ayer Sichel descartó esa posibilidad. "Yo no tengo por qué, si no soy parte del mismo pacto político, si tengo un programa de gobierno distinto, si gané en una primaria legitimando ese programa de gobierno, firmar hoy en blanco un cheque para alguien que tiene un programa de gobierno distinto", dijo en Chilevisión.

Junto con poner en duda su apoyo a Kast en el balotaje, el abanderado oficialista aseguró que no pedirá el apoyo del ex diputado en caso de ser él quien pase a la segunda vuelta.

La exigencia de la UDI también fue rechazada por el ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien la calificó como "un error".

"A mí no me da lo mismo si pasa Sichel o José Antonio Kast, no son los mismos programas de gobierno y, por tanto, estos pactos de gobernabilidad como si fuera exactamente lo mismo una candidatura u otra, no me parecen, no estoy de acuerdo", sostuvo.

Provoste vs. Boric

En la oposición, en tanto, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, insistió en sus críticas al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, esta vez por no presentar su programa de gobierno.

"Nosotros no conocemos el programa de Apruebo Dignidad", indicó reiteradamente Provoste durante un encuentro con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). "Cuando llegamos a la conversación con la CPC es para hablar de aquellos temas que están formalmente insertos en nuestro programa. A nosotros nos parece que eso es lo serio y lo responsable a 24 días que nos separan de las elecciones", agregó.

Boric, que ayer presentó a su equipo económico, respondió: "Nosotros presentamos un programa de primarias, ustedes pueden verlo en nuestra página, propuestas en más de 30 materias, hemos estado hablando permanentemente y el lunes vamos a presentar más detalles de un plan de gobierno".

La Asociación nacional de la Prensa (ANP) manifestó ayer en La Moneda su preocupación por la vulneración de los derechos de autor de parte de empresas que proveen servicios de clipping de noticias a distintas entidades del Gobierno.

En la ocasión, la ANP advirtió que las firmas que ofrecen el servicio de clipping, también conocido como recortes de prensa, reproduce las noticias que recopila desde los medios de comunicación sin pagar por los derechos correspondientes. Asimismo, se dio cuenta de las suscripciones de diarios de entes estatales cuyo uso excede el número de dispositivos contratados.

"Los organismos del Estado son uno de los principales consumidores de servicios de clipping hoy. Probablemente no se dan cuenta de que están contratando servicios de empresas que vulneran los derechos de autor. Las instituciones públicas deberían dar el ejemplo. El financiamiento de un periodismo responsable y profesional no es compatible con vulneraciones a la propiedad intelectual", explicó Juan Jaime Díaz, presidente de la ANP, quien estuvo acompañado por el secretario de la entidad gremial, Sebastián Zárate, en la cita con el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio.

"Esta situación es muy grave para los medios de comunicación, porque la gran mayoría de los organismos estatales han suspendido las suscripciones a los diarios y las han reemplazado por el monitoreo de prensa ofrecido por empresas que operan en la ilegalidad", agregó Díaz.

Bellolio se mostró receptivo a la solicitud y se comprometió a trabajar en vías de solución, dijo el organismo en un comunicado, mientras que Díaz recordó que anteriormente la Contraloría se comprometió a preparar un instructivo para exigir que las empresas de clipping tengan las licencias que corresponden.

Este jueves fue publicado en el Diario Oficial un nuevo instructivo de la Contraloría General de la República, con el que la entidad recuerda las normas vigentes sobre la prescindencia política que deben mantener las autoridades y funcionarios públicos frente a los procesos eleccionarios.

El documento de 12 páginas, que también fue remitido al Gobierno, señala que estos trabajadores deben abstenerse de "realizar actividad política en las funciones de la administración o usar bienes del Estado para tales fines".

Agrega que "los cargos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone respecto al servicio".

"Cuando las autoridades organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, deben procurar la igualdad de trato, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio", precisa el instructivo firmado por el contralor subrogante Osvaldo Vargas.

Recursos públicos

La participación de autoridades en actividades de campaña volvió a instalarse en el debate hace algunos días, a raíz de una denuncia hecha por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, quienes acusaron a la ministra Karla Rubilar de ejecutar acciones dentro de la cartera para apoyar la candidatura de su pareja, el periodista Christian Pino.

En tal sentido, el instructivo de Contraloría especifica que los funcionarios públicos tampoco pueden utilizar recursos públicos con fines proselitistas.

"Los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en ejercicio del cargo y dentro de la jornada, toda actividad política, así como emplear, con propósitos proselitistas, recursos públicos, sean financieros, bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, incluidos los equipos computacionales", detalla.

El documento también prohíbe a los funcionarios, "durante el ejercicio de sus funciones", llamar a votar por candidatos específicos. Además, indica que no pueden intervenir en asuntos en que se tenga interés personal o donde lo tengan cónyuges, hijos o parientes hasta tercer grado de consanguinidad.

Una carta pidiendo modificar el cronograma de trabajo de la Convención Constitucional presentaron a la mesa directiva de la instancia los convencionales de la UDI.

Ello, luego que la testera del órgano enviara una propuesta contemplando un año de trabajo para la elaboración de la nueva Constitución, es decir, considerando los nueve meses de plazo más los tres meses de prórroga establecidos en la norma que habilitó el proceso.

Según los gremialistas, la prórroga es una alternativa excepcional. "Parece un absurdo planificar acciones para poder entregar una propuesta constitucional hasta la última semana del plazo ya extendido, considerando el tiempo perdido en estos casi cuatro meses donde aún no podemos debatir sobre los temas de fondo que la ciudadanía nos exige, siendo del todo esperable que ocurran imprevistos", dice la misiva, según La Tercera.

Los constituyentes de la UDI también argumentan que al dar por sentada la prórroga, se transgrede el mecanismo establecido para solicitar la extensión, pues al quedar dentro del cronograma "esta facultad se convierte en una obligación".

Reagrupamiento

En tanto, las fuerzas de derecha y centro derecha dentro de la Convención se reconfiguraron este jueves. Tras las divisiones internas en Vamos por Chile, representantes de la UDI y del Partido Republicano se reagruparon en tres nuevos colectivos: Chile Libre, Un Chile Unido y Unidos por Chile. Los convencionales de Renovación Nacional y Evópoli formarán su propio colectivo, al que se integrará Bernardo de la Maza tras renunciar a Vamos por Chile.