En entrevista con El Llanquihue, el superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, junto con comentar una serie de temáticas relativas a su quehacer y que tienen directa relación con la región, como la protección de los humedales y de los cuerpos de agua, además de los problemas derivados de la disposición de los residuos sólidos, apuntó a un área que por años ha permanecido en el tapete, como lo es la relación de la salmonicultura con la preservación de los ecosistemas marinos. Según sus declaraciones, "hay lugares que por su fragilidad se están transformando en zonas más riesgosas para desarrollar la acuicultura", en alusión al impacto que está provocando esta actividad en los mares del sur del país, advirtiendo, por lo demás, que el ordenamiento territorial de la industria es un tema que debe abordarse a futuro.

Es imposible negar las consecuencias positivas del desarrollo acuícola en el sur, y que ha contribuido, por ejemplo, al explosivo crecimiento de Puerto Montt en las últimas tres décadas. De acuerdo al Informe de Sostenibilidad de SalmonChile para el ejercicio del año 2020, la industria produjo más de un millón de toneladas del producto, exportó USD$ 4.483 millones y generó empleo, tanto a través de empresas proveedoras como productoras, para 71 mil personas. En la otra vereda, el mismo informe precisa también que el año pasado se registraron 8 escapes de salmones desde sus jaulas, provocando que 400 mil peces hayan terminado en el fondo del mar, con todos los negativos efectos ambientales que esto representa.

Hay muchas señales que están dando cuenta de la urgencia de que la industria acuícola extreme todavía más sus medidas para la protección ambiental. Así como los candidatos al Congreso por la zona tienen posturas muy definidas sobre la materia y la mayor regulación que se requiere, es probable también que la propia Convención Constitucional conduzca las reglas hacia la necesidad de establecer mejores protecciones ambientales, y que sin duda redundarán en un cambio en la explotación de los ecosistemas marinos. Renovar y reforzar el compromiso con el cuidado del mar es, entonces, un asunto crucial para la salmonicultura.

El pasado 15 de octubre, la Fiscalía de Chile conmemoró 22 años de vida en el concierto de la historia republicana del país. Si bien continúa siendo una institución joven, ya ha forjado un camino hacia la madurez organizacional, que sin duda nos ha permitido afrontar diversos desafíos, y en especial estos casi dos años de pandemia, con lineamientos claros y resultados satisfactorios.

Quisiera referirme a la gestión que como equipo regional hemos realizado durante estos 20 meses transcurridos desde que el foco de la actividad mundial se volcara a combatir los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Si bien en un inicio no imaginamos que estos efectos se prolongarían por tanto tiempo, al corto andar entendimos que los primeros ajustes en nuestros procesos de trabajo se transformarían en un modus operandi que nos acompañaría por un período prolongado.

Debimos establecer mecanismos de interacción con nuestros usuarios que permitieran brindar una atención de calidad, pero que a la vez fueran efectivos para el cuidado de los mismos usuarios y de quienes trabajamos en la Fiscalía. Como hemos reiterado en diversas oportunidades, para nosotros las víctimas nunca estuvieron en cuarentena, y por lo tanto siempre hemos seguido desplegando todos los servicios y medidas de protección que han sido pertinentes para cada una de ellas. En efecto, durante la pandemia hemos tomado contacto con más de 30 mil víctimas y testigos; hemos gestionado aproximadamente 7 mil medidas de protección autónomas; se han atendido solicitudes que exceden a las 60 mil por los diversos espacios de atención, donde, como la situación sanitaria lo ha ameritado, han primado las realizadas por canales remotos, como la web o el call center, pero sin dejar de lado la atención presencial.

También en este período se han obtenido casi 10 mil condenas, además de los procedimientos monitorios que superan los 30 mil, habiéndose formalizado a un número cercano a 20 mil imputados. A ello debemos agregar el especial esfuerzo que ha demandado la concreción de los juicios orales en pandemia, los que suman prácticamente 300 en este período.

Mención aparte merecen las más de 30 mil investigaciones generadas a propósito del delito contra la salud pública contemplado en el artículo 318 del Código Penal, el cual, luego de ser un delito más bien desconocido, pasó a protagonizar los ingresos de denuncias por varios meses.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos

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