Silente reacción local por presentación en contra de Navimag
NAVIERA. Empresa, Armasur y alcalde de Aysén optaron por no pronunciarse ante requerimiento por monopolio de la ruta a Chacabuco, que hizo la Fiscalía Nacional Económica.
Ante a la acusación contra la empresa Navimag de haber monopolizado la ruta marítima entre Puerto Montt y Chacabuco, actores locales del sector optaron por la mesura y guardaron silencio ante ese requerimiento.
Así ocurrió al ser solicitado un pronunciamiento de la naviera, desde donde se explicó que el gerente Comercial de Navimag Ferries, Francisco Garay, "no se encuentra disponible" para responder ante la presentación que hizo la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Desde las oficinas de la empresa en Puerto Montt se definió que durante el día entregarían un comunicado con la versión oficial de la compañía.
La FNE expuso que se configuró el acto anticompetitivo, luego que a fines de 2018 Navimag compró la nave "Coyhaique", de la empresa Austral G&T, la única que ejercía competencia para ese trayecto, lo que permitió que ese servicio quedara bajo su dominio.
Ante esta situación, la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo Sur Austral (Armasur), de la que Navimag es uno de sus socios, respondió que "es un tema de la empresa, que está viendo las acciones a seguir".
La Fiscalía pidió al Tribunal sancionar a la naviera con el pago de mil Unidades Tributarias Anuales (UTA); unos 641 millones 712 mil pesos, según el valor de noviembre.
Además, propone exigir "medidas preventivas, correctivas y prohibitivas respecto de la adquisición de dicha embarcación para contrarrestar su posición monopólica".
Tarifas y frecuencias
Según investigó la FNE, tanto Navimag como G&T ofrecían dos frecuencias semanales cada una; lo que derivó en una rebaja de las tarifas de los servicios de transporte marítimo.
En el requerimiento, se expuso que durante este tiempo "Navimag ha operado con una sola nave y con sólo dos frecuencias semanales". Además, la FNE constató que elevó las tarifas al nivel previo al período de competencia con G&T y que redujo la oferta de servicios de transporte marítimo de carga rodada en la ruta.
El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, comentó que "en este caso vimos con claridad cómo la monopolización de un mercado, mediante la adquisición del único competidor, se tradujo en un aumento de precios y en una reducción de la oferta, que perjudicó a los usuarios del servicio afectado".
Al ser requerida su opinión sobre los efectos de esta situación en la comunidad local, el alcalde de Aysén, Julio Uribe (Independiente), no tuvo tiempo para atender a El Llanquihue y a través de la Unidad de Comunicaciones del municipio se dijo que no tenían competencia en la materia, al tratarse de una situación que afecta a un privado.
Quien sí se refirió al tema fue el senador Rabindranath Quinteros (PS), quien estableció que "la libre competencia es una condición fundamental para el funcionamiento de los mercados".
El parlamentario, quien integra la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta, añadió que en los espacios en los que no existe esa cualidad "se necesita que el Estado regule, especialmente si se trata de servicios o bienes esenciales".
Quinteros explicó que al no haber competencia es el Estado el que debe intervenir "para que haya una regulación en materia de tarifas y de frecuencias. Pues, de otro modo, siempre habrá la posibilidad de que se produzcan abusos".
El legislador hizo notar que se trata de una presentación de la Fiscalía ante el Tribunal y que no hay aún una sentencia, por lo que llamó a esperar la respuesta de la empresa.