Vicente Pereira y Carlos Véjar

Más de $553 millones de pesos fue lo aportado, en total, por los partidos políticos a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y al Consejo Regional en Los Lagos, de acuerdo a lo informado -al 26 de noviembre- por el Servicio Electoral (ver tabla página 3).

De este monto, el Partido Socialista es la tienda que lidera estos respaldos ($160 millones); le sigue la UDI ($140 millones); RN ($126 millones) y la DC ($60 millones).

Esta inversión en sus candidatos se tradujo en que las cuatro tiendas que más gastaron, fueron las que más triunfos lograron en las urnas.

De los 32 cupos en disputa, RN (9), el PS (6), la UDI (5) y la DC (4) lograron 24, es decir, el 75,7% de todo lo que se puso en juego el 21 de noviembre.

El resto de los partidos políticos se reparten los siete puestos restantes, más un independiente fuera de lista (Andrés Ojeda, core electo por Chiloé).

En la vereda contraria, las tiendas que menos aportes realizaron fueron Evópoli y Convergencia Social, con $400 mil y $600 mil, respectivamente (ver recuadros). En este caso, sólo CS consiguió una core (Patricia Rada, por Llanquihue).

Relevancia

El director de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Los Lagos, Gerardo González, recordó que el financiamiento irregular de la política provocó un escándalo mayúsculo, vinculado con "pagos de empresarios a políticos y situaciones absolutamente cuestionables y reprochables por la ciudadanía, con base en base en favores relacionados con pautas y directrices de grupos empresariales ligados con proyectos de ley".

Fue este escenario, explica González, el que motivó un cambio a la legislación, propiciando así la creación de la denominada Comisión Engel durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que tuvo por tarea propiciar mayores niveles de transparencia y control del gasto electoral de candidaturas en campaña, como así también en la identificación de los aportantes (ley 20.900 de 2016).

González detalla que esta ley fija la identificación de aportantes con y sin publicidad, montos y topes, así como transparencia bancaria, entre otros aspectos.

Sin embargo, cuestiona el que "sigue teniendo vicios y cuestionamientos. Por ejemplo, que de un grupo empresarial distintos miembros o personas puedan aportar a un mismo candidato".

Por otra parte, plantea, se identifican todos los movimientos bancarios a través de una cuenta especial con tarjeta incluida, lo que incluso no existía antes de la última modificación legal y que daba lugar a múltiples sospechas de "financiamiento irregular".

De esta forma, explica que en la actual legislación de financiamiento electoral, la figura del "administrador electoral", que incluso puede ser el mismo candidato o un tercero, es clave, en el sentido de que es el responsable del manejo contable y financiero de la campaña de él o la candidata.