Vicente Pereira

Mejorar los sistemas de control en la administración pública, así como modernizar el Estado, figuran como puntos elementales para Carlos Haefner, a la hora de frenar cualquier intento de acto de corrupción.

Y es que el profesor e investigador de la Escuela de Administración Pública y vicepresidente para Sudamérica del Instituto Eurolatinoamericano de Políticas Públicas, con sede en México, advierte acerca de la necesidad de contar con políticas públicas que se dirección en esta materia.

Es por ello que cuestiona que ningún candidato presidencial apunte, con energía, a una reforma que permita contar con Estado acorde a los requerimientos del siglo XXI.

Una tarea que espera sea abordada con fuerza por la Convención Constitucional -órgano a cargo de redactar la nueva Constitución- en el debate que realiza respecto a la nueva configuración que podría tener el Estado en los próximos años.

También llama a poner atención y así evitar cualquier posibilidad de que el crimen organizado o el narcotráfico empiece a "coaptar a las instituciones públicas" y analiza la determinación de Contraloría de iniciar un juicio de cuentas en contra del municipio de Puerto Montt por los gastos incurridos en la construcción de la pileta.

-¿Cómo describiría la situación actual del país en esta materia?

-En primer lugar lo que se tiene que avanzar en probidad y transparencia es fundamental en el país porque la corrupción lo que hace es debilitar la democracia, ya que lleva a que todas las institucionalidades se fracturen y se debiliten de manera significativa, con lo que genera un problema de confianza de parte de la población a las instituciones públicas.

Ahora, en Chile existe la percepción de que se han instalado diferentes formas de corrupción y que a pesar de los avances en materia legislativa, como la creación de la Ley 21.121, que es conocida como la 'ley anticorrupción', por lo que los delitos asociados a este fenómeno parecieran tener cierto nivel de impunidad. De ahí que aparte de afectar la confianza de la población en sus instituciones, se debilite la democracia.

-¿Qué evaluación realiza de la Ley de Transparencia?

-Tenemos una Ley de Transparencia que se activó hace algunos años; pero que aún presenta dificultades para que la población conozca de una serie de aspectos que son vitales en materias del quehacer sectorial, regional o municipal. Todo esto debilita la rendición de cuentas.

Es por ello que cuando hablamos de corrupción en el país no podemos decir que es una epidemia que esté desplegada en todos los niveles, pero sí que es preocupante la forma en la que avanzan una serie de situaciones que colocan en jaque la confianza ciudadana hacia las entidades públicas. Aquí es tremendamente importante avanzar en la posibilidad de establecer estándares más altos y, al mismo tiempo, que se incorporen instituciones como sujetos obligados a estar considerados dentro de la normativa del derecho de acceso a la información.

Por ejemplo, hoy día el Parlamento no está dentro de esta normativa y representa una de las entidades en la que menos confianza tiene la ciudadanía. Es por ello, que es necesario que se traspasen sus procesos, de forma de otorgarle garantías a la sociedad de que no hay situaciones que estén en contra de lo que dice la ética de la función pública. Lo mismo que otros organismos que reciben grandes sumas de dinero de parte del Estado, por lo que se tienen que establecer mecanismos de alto estándar de rendición de cuentas.

-¿Cree que esta desconfianza repercute en la baja participación en las elecciones?

-Indudablemente, la población tiene la sensación de que en Chile la corrupción está vinculada a una serie de hechos y en particular a lo que se conoce como la 'captura del Estado', lo que es complejo porque guarda relación con que ciertos grupos se apoderan del legislador cuando está en el ejercicio de su cargo; pero también antes de que llegue al Congreso.