Redacción

Tres trabajadores con quemaduras y daños en dos galpones de una piscicultura fue el resultado de un incendio estructural ocurrido ayer al mediodía, en el sector de Chaicas, en la Carretera Austral.

La emergencia, cuyo origen está bajo investigación, partió a las 11.45 horas en galpones de la piscicultura Reloncaví, desde donde emanaba un denso humo de color negro. Dada la magnitud de la emergencia, se ordenó la evacuación del recinto de quienes trabajaban a esa hora en el lugar.

Plástico

Según fuentes al tanto, en el espacio siniestrado la empresa Salmones Reloncaví almacenaba contenedores plásticos, destinados para las faenas de esta empresa acuícola, emplazada en el kilómetro 35 de la Ruta 7.

Bomberos de Puerto Montt como de la Carretera Austral combatieron la emergencia. Las labores de mantención de la ruta, y los tacos que se generan a las horas de mayor tráfico vehicular, complicaron la rápida llegada de los voluntarios a la empresa siniestrada.

Respecto a los trabajadores heridos, se informó que los tres fueron atendidos en una primera instancia en la posta rural del sector y posteriormente trasladados a la unidad de Urgencia del Hospital de Puerto Montt.

Uno de ellos fue dado de alta en el transcurso del día, mientras que otros dos quedaron internados, dada la gravedad de sus quemaduras.

Fiscalización

Según el seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Los Lagos, Fernando Gebhard, los lesionados son empleados de la empresa subcontratista Montajes Industriales. "Como Dirección del Trabajo, vamos a iniciar un proceso de fiscalización para dilucidar presuntas responsabilidades", dijo la autoridad.

Al mismo tiempo, lamentó este grave incidente ocurrido en el contexto laboral.

11.45 horas se reportó la emergencia a bomberos de Puerto Montt, la Carretera Austral y carabineros del retén Piedra Azul.

Cinco nuevos fallecidos contagiados con covid fueron reportados ayer por la Seremi de Salud. Los casos corresponden a adultos mayores con residencia en las comunas de Osorno, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo y Calbuco.

Se detalla que entre los fallecidos una persona no había iniciado su esquema de vacunación, dos completaron su esquema (con dos dosis) y otros dos también tenían su esquema completo, más el refuerzo.

Respecto al fallecimiento de la Provincia de Llanquihue, se informó que el deceso ocurrió el 15 de diciembre en el Hospital de Puerto Montt. La víctima fue una mujer de 78 años, de Calbuco, con virus covid identificado y causa asociada a la defunción "paro cardiorrespiratorio, acidosis metabólica, hipercalcemia e injuria renal aguda". Tenía esquema de vacunación completo y dosis de refuerzo.

El total acumulado de los decesos confirmados por covid-19 en la Región de Los Lagos asciende a 1.481 personas.

CAEN casos nuevos

Con una caída del 24,1% en los casos Covid cerró la semana del 13 al 19 de diciembre la Región de Los Lagos. El territorio tuvo 358 contagios menos en los últimos siete días, bajando de 1.488 casos a 1.130 a nivel regional. La tendencia se repite en Puerto Montt, con un leve descenso de 1,6%, es decir, en los últimos siete días tuvo seis contagios menos, por lo que disminuyeron de 373 durante la semana antepasada a 367 entre el 13 y 19 de diciembre.

Otras comunas de la provincia de Llanquihue también mostraron bajas en los casos nuevos. En esta situación estuvieron Maullín, Calbuco, Frutillar, Fresia y Llanquihue. En cambio Los Muermos, Puerto Varas y Cochamó mostraron alzas.

Los fallecidos también aumentaron y fueron 18 la semana pasada. De ellos, nueve carecían de vacuna contra el covid (50%), mientras 8 contaban con dos dosis y uno también tenía dosis de refuerzo.

El reporte de ayer dio cuenta de 112 nuevos contagios. Los casos activos descendieron a 866, concentrados principalmente en las comunas de Puerto Montt con 305, Osorno con 160 y Calbuco con 54.

Hace pocos días se publicó la Ley N° 21.389, que modifica la Ley N° 14.908 sobre pago de pensiones de alimentos, en especial en cuanto establece un registro de deudores y prevé, además, la pérdida de beneficios sociales y ciertas limitaciones en la obtención de documentos públicos y en la celebración de actos jurídicos, entre otras medidas tendientes a fortalecer las herramientas con las que cuentan los tribunales de familia para compeler a quienes deben alimentos a que cumplan de manera íntegra y oportuna con su obligación.

Lo anterior propende a asegurar las condiciones materiales mínimas que deben tener nuestros niños, niñas y adolescentes para un adecuado desarrollo y, de forma indirecta, protege sus derechos.

De igual modo, es posible encontrar el mismo espíritu -el fortalecimiento de las garantías necesarias para el ejercicio pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes- en iniciativas legales como la creación de la Defensoría de la Niñez y aquella que transformó en su denominación y configuración el antiguo Sename, cuyos resultados podrán ser evaluados a mediano plazo.

Sin embargo, existe aún una doble deuda en esta materia: de una parte, en lo estrictamente legislativo, la creación de una ley integral de protección de la infancia y la adolescencia, que englobe no sólo una estructura orgánica de protección de derechos a nivel central y local; sino también que reforme los procedimientos tendientes a ello, garantizando antes que todo la tutela efectiva de derechos, dotándolos de una defensa objetiva de sus intereses, propendiendo a que ellos no sean utilizados como "monedas de cambio" en la dinámica conflictiva de los adultos.

Mejoramiento de la red

Por otra parte, se requiere una modernización y mejoramiento de la red de instituciones interventoras en materia de infancia, de manera de poder asegurar la celeridad en la respuesta necesaria para la contención y la reparación del daño en los niños, niñas y adolescentes, reduciendo los tiempos de espera para evaluación diagnóstica e ingreso efectivo; así como también disminuir la extensión de la intervención producto de la falta de adherencia -por carencias de índole material de los sujetos intervenidos- y por ausencia de horas disponibles para dotar de una debida continuidad el trabajo desplegado.

En último término, sin perjuicio del compromiso que se aprecia de parte de la mayoría de los profesionales que laboran en el sistema proteccional actual, se requiere incrementar los estándares de especialización y por esa vía de efectividad de la intervención sicosocial, de manera que ésta logre superar las situaciones de vulneración y repare integralmente el daño de nuestros niños y niñas producto de las conductas de los adultos responsables.

Finalmente, se requiere incluir dentro de un rediseño de la intervención proteccional del Estado en infancia y adolescencia, la existencia de tribunales o jueces dedicados preferentemente a la aplicación de medidas proteccionales y sobre todo, que pueda llevar adelante el procedimiento de ejecución tanto de esas causas como de aquellas que inciden en las condiciones materiales de los niños, niñas y adolescentes, como es el caso del cumplimiento de alimentos y de la relación directa y regular que éstos puedan tener con sus progenitores u otros miembros de su familia.

Esto resulta fundamental para un adecuado seguimiento de las medidas adoptadas ante el creciente ingreso de causas nuevas y la ausencia de reglas de radicación de los procedimientos, que impiden muchas veces que se dedique el tiempo necesario a un tema tan relevante como éste.

"Se requiere incluir dentro de un diseño de la intervención proteccional del Estado en infancia y adolescencia, la existencia de tribunales o jueces dedicados preferentemente a la aplicación de medidas proteccionales"