Deuda por los servicios básicos
Ya expirada la ley que prohibió la suspensión del suministro por no pago, es prioritario buscar una solución para los casos más apremiantes y justificados. La ley aprobada en agosto del año 2020 buscaba llevar un alivio a aquellas familias que habían quedado sin el sustento económico suficiente.
Hace unos días expiró la Ley 21.249, que prohibía a las compañías de servicios básicos suspender el suministro a sus clientes por el no pago de las cuentas. La iniciativa se comenzó a aplicar en agosto de 2020, en el período más crítico de la pandemia, pero con el tiempo se extendió por las dificultades económicas que afectaron a muchas familias.
Tanto el Gobierno como las compañías de servicios básicos se han comprometido a aplicar una medida transitoria y se espera que durante este mes se tramite un proyecto de ley para subsanar el problema creado por el no pago de las cuentas. El ministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Jobet, anunció hace algunos días que el Ejecutivo logró pactar un acuerdo con las empresas de agua y electricidad para evitar interrupciones, salvo a usuarios de muy altos consumos. De manera excepcional se dispondrán medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red.
Hay un tema de fondo, que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o por la cesantía, la falta de trabajo y
de ingreso de los ciudadanos. Esta deuda se ha ido acumulando en el tiempo, por lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.
A mediados del año pasado, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras, para no interrumpir el suministro en los casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, ya que luego debería repartirse lo postergado en 12 meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el Estado de Excepción, pero en los aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre pasado.
No obstante, los alcaldes de algunos municipios han advertido que esta fórmula ha generado un alto endeudamiento de los hogares, ya que las cuentas no se han condonado, sino que se han prorrogado, lo que significa que al terminar la vigencia de la medida, esas familias podrían tener serias dificultades para cumplir sus compromisos. Es un tema que debe resolverse pronto y en forma definitiva, pues se cumplirán dos años de la pandemia y la deuda se acumula peligrosamente para los hogares.