Este lunes 17 será votado en la comisión de Constitución del Senado el proyecto de indulto a los detenidos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos tras el 18 de octubre de 2019, conocidos también como "los presos de la revuelta", iniciativa que ha sido respaldada por el Presidente electo, Gabriel Boric, desde su campaña a La Moneda. Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), pidió ayer a Boric "decir claramente si quiere que lo rechacen o que lo aprueben", ya que el miércoles el futuro mandatario dijo que "está difícil" su avance, pues el actual Gobierno lo considera "una amnistía encubierta".

Casi dos años llevan en prisión preventiva algunos detenidos del 18-0, supuestamente sin existir pruebas concluyentes sobre sus casos, a quienes la oposición y el Ejecutivo que asumirá el 11 de marzo buscan beneficiar con una eventual ley de indulto.

"El Presidente Boric tiene que decir claramente si quiere que lo rechacen (el proyecto) o si quieren que lo aprueben", afirmó Pizarro en radio Cooperativa. "Si quiere que lo rechacemos, lo votamos esta semana; si quiere que lo aprueben, hay que entrar a una discusión en particular y buscar acuerdos más allá de lo que está establecido en ese proyecto, porque ese proyecto es malo. Está mal hecho, está mal enfocado, (...) todo el mundo lo reconoce, (...) hasta los propios patrocinantes".

El legislador explicó que el documento se basa en "las prisiones preventivas excesivas y el no término a tiempo de los juicios que establezcan las responsabilidades, eso es lo que queremos solucionar, eso es lo que ha dicho el Presidente Boric que hay que solucionar: eso el proyecto no lo plantea".

Pizarro señaló que ante esto "la comisión no ha podido llegar a acuerdo, no tiene una presentación distinta. Si mandan a la Sala lo mismo no va a tener los votos".

"abuso"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, dijo que es preciso terminar con "el escándalo y abuso" de la prisión preventiva, fijando "un número de casos concretos" de las personas que fueron "detenidas en razón de la crisis social".

"Cuando una madre te cuenta que su hijo, que nunca había sido condenado, termina en una cárcel donde es apuñalado, se pueden hacer gestiones a través de Gendarmería", señaló el abogado, junto con que "mejorar las condiciones permite ir enfrentando el problema".

El coordinador político del equipo del Presidente electo, Giorgio Jackson (RD), confirmó que "tuvimos una reunión con familiares (de los detenidos), y por supuesto vamos a seguir teniéndolas", porque se trata de "un tema para que nosotros es sensible, creemos que es sensible para la población también".

Entre los aprehendidos, sostuvo Jackson, "hay situaciones de mucha injusticia, de personas que no han recibido un juicio en más de un año, casi dos años y por eso creemos que es importante que eso pueda abordarse con la mayor seriedad".

"amnistía encubierta"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que el proyecto de indulto "es una amnistía encubierta", porque "cuando se trata de personas que están en proceso judicial en realidad no corresponde el indulto" y, en sus palabras, la iniciativa "no está atacando el nervio del asunto".

Larraín coincidió con Micco en que "el problema es el de la prisión preventiva que, a nuestro juicio y por los estudios que se han hecho, se está aplicando mal", ya que casi un 40% "son declarados inocentes o salen con una sanción inferior que no exige privación de libertad".

Por fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Copiapó, en la Región de Atacama, dictó ayer una orden de no innovar, junto a la inmediata suspensión de la licitación del litio, materia prima clave para Chile debido a su alto costo en el mercado internacional, ya que este mineral es clave para la producción de baterías destinadas a automóviles eléctricos.

El Poder Judicial publicó durante las últimas horas de ayer que Apelaciones de Copiapó "dio por interpuestos sendos recursos de protección, dictó orden de no innovar, y dispuso la inmediata suspensión del proceso de selección y adjudicación del proceso de licitación pública nacional e internacional para la exploración y explotación de yacimientos de litio".

Esta determinación fue tomada "en fallos unánimes", donde la ministra Marcela Araya, el fiscal Carlos Meneses y la abogada Verónica Álvarez "acogieron las solicitudes del gobernador regional de Atacama (Miguel Vargas) y de comunidades indígenas", otorgando un plazo de diez días "para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia".

Ambiente y comunidades

Las empresas BYD Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. se habían adjudicado la licitación esta semana, según informó el propio Ministerio de Minería, frente a lo cual el gobernador señaló ante la Justicia que "la licitación debe suspenderse, para dar paso a un nuevo proceso que permita la participación real de la comunidad atacameña con miras a la protección de la igualdad ante la ley, la protección del medio ambiente y el desarrollo turístico y libertad económica de nuestra región".

El Presidente electo, Gabriel Boric, además calificó esta semana como "una mala noticia" la licitación del mineral, ya que "amarra a todos los chilenos por 20 años", en cuanto a las posibles consecuencias ambientales de su extracción, así como los beneficios financieros que puede significar para el Estado.

Ante la decisión tomada ayer por el tribunal, el coordinador político de Boric, Giorgio Jackson, dijo que "nuestros equipos están recién analizando cuáles son las definiciones de la Corte", mientras que ante el Gobierno de Sebastián Piñera, aseguró el también diputado, se afirmó que "creíamos que era prudente postergar el proceso de adjudicación".

Horas antes, el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, acusó una "desinformación" sobre el proceso por parte del equipo del Presidente electo.