Verónica Salgado

El proyecto para extender la vida útil de la planta privada de residuos industriales Ecoprial, ubicada en el sector Curaco, ha sido cuestionado técnicamente por 10 de 12 servicios públicos que la legislación exige se pronuncien respecto a la solicitud ingresada por la firma en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desde diciembre pasado.

Solamente la Seremi de Vivienda y la Corporación Nacional Indígena (Conadi) se manifestaron conforme con los antecedentes presentados por Ecoprial para lograr la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) necesaria para poder concretar la iniciativa. El resto de los servicios públicos como Ministerio de Obras Públicas (MOP), Municipalidad de Osorno, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros, emitieron informes con observaciones por falta o complementación antecedentes asociados a transporte, superficies y terreno, estudios de flora y fauna, detalles normas ambientales, manejo de aguas lluvias, cauces y napas, turismo, etcétera. Según la documentación pública disponible en la página web del SEA, los antecedentes del proyecto "Ampliación Superficie Planta de Disposición Final de Residuos Biológicos no Peligrosos Industriales ECOPRIAL, Región de Los Lagos", consiste en la ampliación en 7,8 hectáreas del área para almacenar y tratar desechos al interior del predio privado de 56,98 hectáreas. En el recinto, que comenzó a funcionar en el 2009 se reciben desperdicios y lodos orgánicos procedentes de distintos rubros industriales como agrícola, pesquero, lácteo, acuícola, sanitarios, entre otros.

Cuestionamientos

Respecto a la superficie a ocupar por el proyecto de ampliación son 20 las solicitudes de profundizar, detallar y presentar estudios, cartografías, entre otros detalles técnicos asociados caminos de acceso e internos, canalización de aguas lluvias, ubicación de estaciones de monitoreo de aguas superficiales, subterráneas, sistemas de manejo de líquidos percolados, detalle de chimeneas de salida de gas metano de cada celda (almacena desechos), áreas de acopio temporal y definitiva de residuos sólidos no peligrosos y de sustancias peligrosas, ubicación y manejo de cuerpos de agua cercanos al proyecto (fuera del predio), sistema de recolección de líquidos en la zona de lavados, entre otros.

A eso se suma que el proyecto presenta información confusa respecto a la superficie a ocupar para su ampliación, dado que el aumento en 7,8 hectáreas deja una superficie total para operaciones de 28,9 hectáreas, lo que excede la zona declarada en 2009 (21,1 hectáreas) en 6,4 hectáreas.

Debe haber precisión clara sobre el manejo de aguas lluvias; monitoreo de aguas superficiales; emisiones atmosféricas, odoríficas y acústicas; manejo de lixiviados y residuos generados por la planta; incluir medidas ambientales y permisos sectoriales que no están consideradas en el proyecto. Además, deberá detallar con estudios, muestras y otros la inexistencia de efectos en las distintas áreas de influencia de la iniciativa.

Estas áreas de influencias son: sobre el riesgo de la salud de las personas (ruidos, olores, vibraciones); sobre recursos naturales (suelo, recursos hídricos, calidad de las aguas subterráneas y superficiales, fauna, para sistemas de vida humana, representación cartográfica), entre otros. También debe profundizar en el impacto paisajístico y el valor turístico de la zona considerando que está emplazado en una ruta de acceso al sector costero y playas de la provincia.

Se solicita un plan de Transporte que declare el número de camiones que ingresará diariamente, mensual y anual al recinto, tipo de sustancias que traslada, tonelaje, procedencia, entre otros detalles. Esto con el objetivo de ver el impacto en caminos y rutas de su área de influencia, riesgos en el traslado, entre otros aspectos. Además, se deben sumar informes con antecedentes arqueológicos prehistóricos e históricos del área a partir de una revisión especializada y actualizada. También fueron presentados antecedentes inconsistentes en el proyecto respecto a patrimonios culturales o con valor antropológicos.

A la vez se detecta que el proyecto no tiene relación con los planes comunales, existiendo en la documentación presentada análisis con incoherencias ya que se refieren a objetivos que no existen en el instrumento de planificación comunal, entre otros aspectos técnicos. Todos deben ser rectificados y corregidos.

Los servicios que cuestionan el proyecto son las Seremi de Obras Públicas (MOP), Salud, Medio Ambiente, Agricultura, además de Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Dirección General de Aguas (DGA), Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Gobierno Regional junto al Consejo Regional y el Municipio de Osorno. El SEA dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente envió a los representantes de Ecoprial un informe consolidado de las solicitudes de aclaración, rectificación, y ampliaciones que requiere la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental. La empresa privada tiene hasta el 17 de febrero para responder a cada uno de los puntos contenidos en el documento de 20 páginas las que volverán a los servicios involucrados para ser revisadas y validadas. Paso necesario para seguir adelante con la tramitación. Paralelamente, 11 organizaciones ciudadanas y vecinales solicitaron formalmente al SEA que se realicen procesos de participación ciudadana (no es obligatorio en la tramitación de declaraciones de impacto ambiental) que sean vinculantes. Petición que se realizó dentro de los plazos permitidos por lo cual, Ecoprial deberá dar fechas y lugares de participación ciudadana los que deberá sumar a su expediente.