Nueva ley sobre el comercio ilegal
La normativa promulgada esta semana viene a hacerse cargo de un ya viejo fenómeno que afecta a las ciudades: el origen de los productos de la calle. Los comerciantes que cumplen con todas sus reglas son los principales afectados por el ejercicio de la actividad ilícita en las ciudades.
Fue promulgada al fin la nueva ley sobre comercio ilegal, que busca combatir la transacción de objetos falsificados, robados o no autorizados, dotando a las policías y al Ministerio Público de nuevos mecanismos que faciliten la investigación y fiscalización. Permitirá identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado dedicadas al comercio ilegal, fortaleciendo la ley y sancionando la venta, reproducción, comercialización o receptación de productos falsificados o no autorizados.
Se trata así de una normativa que tiene por objeto combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de esos complejos ilícitos. De hecho, según lo expresado en el debate parlamentario, la norma legal no tiene por objeto perseguir a los vendedores ambulantes, sino entregar herramientas de mejor fiscalización, que permitan identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado que se nutren de este mercado.
El comercio ilegal, al igual como ocurre con otros delitos, como el tráfico de drogas, opera a través de asociaciones ilícitas, lo que dificulta la investigación y el acceso a pruebas judiciales. Por lo anterior, el proyecto contempla la figura de "entregas vigiladas o controladas" como procedimiento de investigación, que es permitir, con autorización de un juez de garantía, que el traslado o entrega de productos sospechosos o ilícitos siga su curso, mientras es vigilado por las policías y el Ministerio Público.
La actividad ilícita daña a los verdaderos comerciantes, que cumplen con sus deberes, pagan sus impuestos y cumplen con las reglas laborales, por un lado; y por otro, afecta a los autores y dueños de la propiedad intectual a través de la piratería, como es el caso de libros, discos y películas, entre otros. Por eso, la nueva ley autoriza a las policías, inspectores municipales y a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a fiscalizar el cumplimiento de las normas, pudiendo requerir los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, al año las transacciones en comercio ilegal bordean lo mil millones de dólares sin pago de IVA al Fisco y pérdidas por 160 millones.