rios tienen las mismas herramientas para autofinanciarse, por lo advierten sobre el riesgo que existe de crear zonas más pobres y que, por ende, que tengan que depender del nivel central, en circunstancias que lo que se busca es lo contrario.

El core Manuel Rivera (PS) califica como positivo que las regiones cuenten con una mayor autonomía, en el marco del proceso de descentralización y que definan sobre sus recursos.

Sin embargo, plantea que es relevante que se analicen las facultades que tendrán los gobernadores y los consejeros regionales en este nuevo orden.

Por ello llama a poner atención en la inversión, sobre todo en que no puede suceder que de un presupuesto de 96 mil millones de pesos, 61 mil millones sean de arrastre (para proyectos pendientes), porque "las empresas han dejado las obras botadas...".

Motivo por el cual apunta a que exista un mayor control y que los cores cuenten con mayores herramientas de fiscalización de la ejecución de los recursos públicos. "No es suficiente con levantar la mano para aprobar un proyecto y luego no saber qué sucede con los recursos de todos los chilenos".

En la misma línea, su par Fernando Hernández (RN) observa que si se le quiere otorgar una mayor participación a las regiones, tiene que ser acompañado de mayores atribuciones y de recursos.

Ello, porque, según advierte, a la hora de asignar "mucha autonomía" se tiene que pensar en que existen territorios que no tienen los recursos para autosolventarse, lo que significa que existe un riesgo de seguir dependiendo del nivel central.

Los cores solicitan de un mayor espacio. De partida que exista más diálogo con los constituyentes a la hora de abordar las temáticas regionales.

Si bien "hemos tenido reuniones con algunos constituyentes de la región, espero que nos hubiesen escuchado bien, porque tienen que tener conocimiento de la labor que realizamos y de que somos elegidos de manera democrática", remarca Manuel Rivera.

Para Hernández, en tanto, y de cara al futuro de los consejeros regionales, sostiene que se tiene que aclarar cuáles serán las atribuciones con las que contarán en el futuro. Y si es que hay que generar leyes. "Todo está muy difuso aún. Tengo mis dudas respecto a si es que la figura que quieren implementar para nuestro país sea el adecuado porque a veces copiar realidades de otros países suena bonito, pero otra cosas es adecuarlas a la realidad local.

Su preocupación es por los recursos a destinar en las zonas extremas del país, como la provincia de Palena, que es el territorio al cual representa.

Por lo mismo coloca el acento en que se tiene que trabajar aún más la autosustentabilidad del territorio, fundamentalmente en el despegue de otros focos productivos, como el turismo en la Región de Los Lagos.

Definiciones

Al respecto, y sobre la definición primaria de la forma del Estado que fue aprobada el Pleno de la Convención Constitucional, el alcalde Gervoy Paredes (PS) expresó que es interesante por las expectativas que se abren para los territorios del país, pero incipiente en su desarrollo y alcances.

Lo anterior por la falta de definiciones respecto del ordenamiento administrativo que darán forma a la intención de los constituyentes por dar más fuerza a las regiones, decisión que reviste una clara vocación de autonomía.

"Es muy expresivo de parte de la Convención Constituyente declarar una nueva forma de organización del Estado, que resguarda en todo caso la integridad territorial de Chile, pero que da una enorme libertad -al menos en la letra- para la administración de recursos y potencialidades de las regiones. Ciertamente existe una gran demanda de autonomía en las decisiones administrativas, por lo que será muy demandante estudiar las maneras de hacer efectivos estos planteamientos, desde una mirada presupuestaria y de ordenamiento legal, de tal manera de conducir el desarrollo de manera descentralizada", dijo la autoridad comunal.

Para el alcalde puertomontino, sin embargo, faltan aún muchos debates respecto de cómo dar forma a esta intención "noble y necesaria para quienes hemos vivido fuera de la capital", ya que surgen una serie de materias, que serán parte de las indicaciones que seguramente serán presentadas por los convencionales, para ofrecer un vehículo que ayude a transitar hacia esa autonomía.

Hay que recordar que la discusión corresponde a la comisión de Forma de Estado, teniendo como fin aportar en la descentralización y regionalización del país. "Cada artículo que logre 103 votos o más estará en condiciones de integrar el borrador de la nueva Carta Magna, por lo que la sola definición abre una serie de lo que yo denomino desafíos estructurales", agregó.

Con lo anterior -expresó- "quiero decir que se requerirá un esfuerzo superior de los funcionarios públicos, en orden a generar un marco y una base de competencias técnicas que aseguren la adecuada aplicación de políticas públicas".

Además, y en paralelo, comenta que se tendrá que discutir respecto del presupuesto de la región y sobre cómo, basado en la solidaridad, se otorgan los recursos para el funcionamiento y desarrollo de cada región.

"Es por ello que la regionalización planteada por la Convención, aún en pañales y sujeta a aprobación ciudadana, ya obliga a hacer miradas con sesgo operativo, especialmente en las comunas, ya que cada municipio es la primera línea de atención de los vecinos", subraya.

Para Paredes, existe, en definitiva, un enorme desafío que, aunque incipiente, debe llamar a la reflexión sobre "cómo entendemos el funcionamiento de la institución comunal y, por ende, del servicio público", añadió.

"Esperanza"

Jaime Sáez, diputado electo por RD, observa con altas expectativas y esperanza lo que sucede en la Convención, porque siente que se está dando respuesta a una demanda histórica de mayor descentralización de nuestro país.

A Sáez le parece que la figura de Estado regional se aleja de una temática más maximalista respecto a las posturas que abogaban por un federalismo en Chile, que si bien califica de " interesante" no se condice con la tradición histórica. Por eso que destaca que el regional está en la línea con la evolución cultural que se ha experimentando en Chile, así como con los avances de descentralización que se han exhibido durante las últimas décadas.

Por ello, espera que esta norma salga adelante y que después cuando se deba realizar la bajada en leyes, en el Parlamento se ejecute esta tarea de buena manera.

Sáez coincide con la inquietud de los cores, respecto a que pudieran existir regiones que no cuenten con las herramientas como para solventarse. De ahí que expone que esta situación fue recogida por la Convención.

Prueba de ello es la existencia de un artículo que tiene que ver con la solidaridad interterritorial que le parece relevante, en el entendido que no todas las regiones tienen la misma potencia económica, así como hay algunas que se han creado recientemente y cuya capacidad pudiese ser menor, puesto que la idea no es crear regiones pobres, sino que sean competentes y competitivas respecto a zonas del país que son más grandes en cuanto a población.

Además, explica que le interesa fortalecer los cuerpos colegiados. "Hoy tenemos alcaldes con muchas atribuciones en desmedro de los concejales. Lo mismo sucede a nivel regional, con un gobernador que aún tiene pocas atribuciones y si éste tiene pocas, el Core tiene menos... Se tiene que equilibrar".

Sobre el que las empresas tributen en los territorios en los cuales trabajan, señala que si bien no es materia de la Convención, recuerda que figura en el programa de gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric.

Razón por la cual tiene que ser parte de la discusión que debiera acompañar el debate por una reforma tributaria y que tiene que ver con las rentas regionales como una cuestión trascendente que guarda relación con que las grandes compañías tributen donde generan impacto, tanto económico, como medioambiental.

1826 es el año en el que, recuerda Gerardo González, se propuso un cambio radical similar de Estado, pero que no prosperó en Chile.

61 mil millones de pesos de los 96 mil millones de pesos que corresponden al presupuesto, son de arrastre, según el core Manuel Rivera.

103 votos de aprobación requiere, como mínimo, cada artículo para integrar el borrador de la nueva Carta Magna.