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"Amor sin barreras"
Johanna y Luis se casaron hace siete años y viven en la casa de la mamá de Luis. Se aman y se respetan. Para ella, él es el amor de su vida. Para él, la única mujer con la que quiere estar por siempre.
Renovaron sus votos matrimoniales el día del amor y la amistad en una ceremonia simbólica porque para ellos, el sólo hecho de estar casados es motivo de orgullo y un sueño inalcanzable que se cumplió. Ambos participan de un Centro para la Inclusión Social de personas con discapacidad mental del Hogar de Cristo.
Es cada vez más necesario tomar conciencia de la relevancia de la inclusión de las personas con discapacidad, dotarnos de prácticas cotidianas desde los derechos, dignidad y bienestar, en ámbitos como los sociales, económicos, culturales y políticos. En efecto, la inclusión, particularmente de personas con discapacidad mental, es un gran desafío, y aunque el rol de Estado es ineludible en esta materia mediante normativas y políticas públicas, se requiere también de cada uno de nosotros como ciudadanos.
Desde nuestra experiencia institucional, una forma de lograrlo está en el apoyo social a personas con discapacidad mental. La promoción cotidiana de valores como el respeto y la tolerancia, traducidos en la generación de vínculos entre las personas desde lo concreto del día a día, cuando conozco y comparto en el trabajo, en el colegio, en el barrio, como vecino, en el supermercado o la feria.
Las personas que viven una situación de discapacidad mental como Johanna y Luis, sus familiares y las instituciones que trabajamos en la temática, estamos convencidos de que al jugar un papel protagónico y activo en su bienestar, ejerciendo sus derechos y su autonomía en la toma de decisiones, la inclusión es posible, más aún cuando la sociedad en su conjunto les reconozca como ciudadanos sujetos de derecho como esperamos que ocurra en la nueva Constitución.
María Isabel Robles, directora nacional técnica del Hogar de Cristo
Día de la Justicia Social
La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, y se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos.
El Día Mundial de la Justicia Social que conmemoramos el 20 de febrero fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una forma de relevar este valor social tan fundamental. En este mismo sentido, es importante destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU constituyen un llamado a toda la comunidad internacional para adoptar medidas concretas con el propósito de erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad; garantizar el acceso a la salud, la educación, agua y saneamiento, trabajo decente e igualdad de género; proteger el medio ambiente, promoviendo energía no contaminante, un desarrollo industrial y consumo responsables, y una mejor calidad de vida en ciudades sostenibles.
Todo lo anterior dentro del marco de un Estado de Derecho que asegure la paz y la justicia, y la cooperación internacional. Por eso, también es necesario entender que la justicia social es un macro-objetivo que requiere el apoyo de otras esferas de protección como la justicia ambiental, complementando así el enfoque tradicionalmente antropocéntrico de la justicia social.
Paula Leiva, académica de la Universidad de Las Américas
Cobre y defensa nacional
Por años hemos sido testigos de la discusión en torno al financiamiento con dineros provenientes de la explotación del cobre, de las necesidades propias de la defensa nacional. Como sabemos, las discusiones producidas en diversos niveles llevaron a que la denominada Ley del Cobre, vigente por décadas, fuese cambiada por un financiamiento plurianual.
La historia, fuente de permanente inspiración y referencia, en cuanto a extraer del pasado antecedentes que posibiliten la adopción de medidas en el presente, que impacten en el futuro, nos estrega un antecedente interesante sobre el tema. Por decreto del 1 de abril de 1822, el gobierno encabezado por Bernardo O´Higgins dispuso, con acuerdo del Senado, imponer un impuesto de un peso por cada quintal de cobre que se extrajera en el territorio nacional, con la intención de financiar en parte la futura expedición libertadora del Archipiélago de Chiloé, gravamen que regiría durante un año contado a partir de la publicación del decreto en comento.
Llama entonces la atención que el metal rojo fuera en dicha época una fuente de financiamiento confiable para satisfacer los intereses nacionales en el ámbito de la defensa, perdiendo esa condición en los tiempos actuales.
Antonio Yakcich Furche, presidente del Instituto O'Higginiano
Ley de Fármacos II
Los promotores del proyecto de Ley de Fármacos II prometen que los precios de los medicamentos en el país serán más baratos y se reducirá con el ello el gasto de bolsillo de las familias chilenas, pero no han dicho cuánto ni cuándo.
Este detalle es trascendental, pues la magnitud de esa baja nos permitirá saber si el proyecto es un maquillaje y los medicamentos bajen sólo entre un 10% a 15%, o una reforma de verdad y los precios bajen ostensiblemente y se acerquen a los precios de mercados no abusados por la industria farmacéutica. Pero no lo sabemos, pues a lo largo de la tramitación, los autores y promotores de esta iniciativa se han negado sistemáticamente a dar una respuesta, lo que impide determinar el alcance de esta política y genera razonables dudas de su verdadera vocación.
Nuestra pregunta sin respuesta es ¿cuánto bajarán los precios para nuestros enfermos con la regulación propuesta por los senadores Girardi y Quinteros y donde a última hora, por razones que no entendemos, se ha colgado el gobierno actual?, ¿o será tal vez como un acto con el cual creen poder redimirse de tanta promesa incumplida en salud?
Y también que respondan cuánto subirán los medicamentos genéricos, aquellos de menor precio, que verán sus valores incrementados producto de la tarifa de dispensación, lo que será un golpe bajo a los bolsillos de los mas necesitados. Como consumidores que durante años hemos pagado en promedio hasta diez veces más en Chile, aspiramos a que con esta gran solución denominada regulación de precios, los enfermos chilenos comencemos en un futuro próximo a pagar, por lo menos, lo mismo que los enfermos de los países europeos o sus vecinos.
Patricio Novoa y Daniel Zapata