La viralización de los hechos de restricción de acceso y expulsión de una persona en la playa de Metri, Puerto Montt, no hacen más que exponer a la opinión pública una de las tantas problemáticas que se viven cotidianamente en las zonas costeras y que requieren ser abordadas por la política pública de manera integral y bajo un enfoque ecosistémico y territorial.
Particularmente, el seno de Reloncaví es un sistema de transición entre aguas continentales y oceánicas que es sensible al cambio climático y a las presiones antrópicas. En este último punto, las actividades marítimas industriales (portuarias, acuicultura, turismo, entre otras) han experimentado un fuerte desarrollo en las últimas décadas que, sumado a una inadecuada planificación del crecimiento poblacional y urbanístico de la zona costera, han generado una serie de controversias socioambientales en este territorio.
Así, en el seno de Reloncaví se ha producido un efecto acumulativo que ha alterado su estado de salud y bienestar humano, razón por la cual se requiere contar con una estrategia participativa para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC), entendida como un instrumento que indica, a grandes rasgos, cómo debería ser la administración de los bienes comunes y de interés público de este espacio.
La gestión integrada parte del hecho de que el litoral es una zona frágil de extensión variable y dinámica que puede evolucionar a distintas escalas espacio-temporales. Por lo mismo, una estrategia de este tipo en el Reloncaví debe superar los límites administrativos comunales y conceptualizarse como un sistema socioecológico que se ve influenciado, al menos, por las costas de las comunas colindantes: Hualaihué, Cochamó, Puerto Montt, Calbuco y Puerto Varas (fiordo de Reloncaví).
Una GIZC para el Reloncaví permitiría identificar opciones y prioridades de adaptación, mitigación y transformación, así como también establecer criterios de convivencia y prácticas relacionados con el comportamiento de grupos sociales que se relacionan en esta zona costera. De este modo, permitiría orientar la actuación de los servicios públicos respecto de los subsistemas litorales: físico y natural, social y económico, político y administrativo.
Alejandro Retamal Maldonado, investigador
postdoctorante del Ceder de la ULagos