Mayor control de armas en el país
La nueva normativa busca hacer más efectiva la fiscalización, a fin de reducir el peligro que revisten en las manos equivocadas. De acuerdo a varias encuestas, la delincuencia y el narcotráfico parecen ser la principal preocupación de la ciudadanía.
En vigencia se encuentra la normativa que modificó la Ley N° 17.798, que se refiere al control de armas y que tiene por principal objetivo fortalecer su institucionalidad y mejorar los mecanismos de fiscalización y trazabilidad a través de un registro. La nueva ley define que "las armas de fuego, sin importar su calibre, quedan bajo el control del Estado. Igualmente aplica para sus partes, dispositivos y piezas". Desde hace años que en el Congreso se estudiaban los cambios a esta legislación, para hacerla más eficiente, fortalecer la fiscalización, instalar un registro de cada arma y considerar a las municiones en la legislación.
La delincuencia se ha visto potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas. Precisamente, el fin de semana recién pasado, dos personas fueron heridas a bala en un incidente ocurrido durante una fiesta en el sector de Alerce, en Puerto Montt.
El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego. En las redadas realizadas por las policías, se decomisa armamento a las personas, lo que indica que pese a los operativos que se realizan y a la destrucción de material, hay una rápida reposición. Asimismo, ya pasaron a ser frecuentes los casos de balaceras entre traficantes en las poblaciones, que pugnan por el control de los barrios, y también los asesinatos y ajustes de cuentas con miembros de bandas rivales. Incluso, en ocasiones han caído víctimas inocentes y niños, como resultado de las balas perdidas.
Según un sondeo realizado en 2021, el 53% de los consultados cree que la delincuencia es el problema más urgente del país, incluso superando al desempleo y las dificultades de acceso a la salud. Por una parte, se aprecia una mayor violencia en los delitos, y por otra, la participación de menores de edad, que saben que son inimputables o tendrán bajas penas, amparados en leyes que los protegen.
Se entiende la preocupación que existe entre los habitantes, por las acciones delictuales, que muchas veces tienen que ver con el tráfico de drogas y la tenencia de armas.