El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el gobierno dará a conocer prontamente algunas medidas para contener las alzas en los precios de los combustibles.

Tras varios meses de constantes alzas, con mayor fuerza desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, las bencinas bordean los $1.100 el litro en gran parte del país y las proyecciones indican que la tendencia se mantendrá.

Por esto, el ministerio de Hacienda anunciará en los próximos días una nueva inyección de recursos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), instrumento que funciona mediante incrementos y rebajas a los impuestos específicos, que se aplican dependiendo de la fluctuación de los precios.

"Hay un aumento de precios del petróleo a nivel internacional que se ha acentuado producto del conflicto en Ucrania, y como eso ha ido ocurriendo y se ha sumado a otras presiones, los recursos para que funcione el Mecanismo de Estabilización, el Mepco, se han ido agotando", explicó Marcel en T13 Radio.

"Lo que vamos a hacer es agregar más recursos para que funcione este mecanismo, porque si eso no ocurriera, la ley del Mepco obligaría no solamente a que ya no pudiéramos amortiguar las alzas de precios, sino que tendría que empezar a subir más aún los precios de los combustibles para recuperar lo que ya se gastó", detalló.

El secretario de Estado dijo que el monto que se destinará para este fin se conocerá la próxima semana, y aun cuando se trata de un "volumen importante" de recursos, esto "no quiere decir que vayan a quedar congelados los precios, pero sí que se va a acotar su variación".

De todos modos, remarcó que en los últimos días los precios internacionales han tendido a moderarse. Este viernes el barril de petróleo Brent cerró en US$107, cumpliendo dos semanas consecutivas de caída, lejos de los US$125 que alcanzó tras el inicio de la guerra.

Transporte

Hacienda observa el impacto que podrían tener estos precios en otras áreas de la economía, en un contexto de alta inflación que se arrastra desde 2021.

Uno de ellos es el transporte, donde se buscará evitar que las alzas se traspasen al valor de la locomoción colectiva. "Esto depende mucho del subsidio al transporte público, esos subsidios no existen solo en Santiago, existen también en algunas ciudades, en regiones, y este tema lo estamos viendo con el ministerio de Transportes con la idea de evitar que estos aumentos de los precios de los combustibles (…) vayan a golpear el bolsillo de las personas que usan el transporte público", indicó Marcel.

"Este es un momento en el cual el transporte público adquiere especial relevancia para las personas si es que el transporte privado está teniendo aumentos de costos", agregó.

IVA diferenciado

El ministro de Hacienda también se mostró reacio a la idea de establecer un IVA (Impuesto al Valor Agregado) diferenciado para algunos productos que han tenido alzas importantes en sus precios, como el pan.

A su juicio, esta medida podría tener impactos de más largo aliento que no resolverían el problema de fondo, de naturaleza constante, como lo es el fenómeno inflacionario. "Si uno mueve el IVA, va a tener un cambio por una vez y eso va a tener un costo, porque va a disminuir la recaudación fiscal y sabemos que cuando se diferencian los impuestos indirectos se generan más posibilidades de evasión tributaria", señaló.

Según Marcel, sería "echarle leña a la hoguera" ya que "un mayor déficit implica mayores presiones inflacionarias".

Un fuerte crecimiento de 11,7% experimentó el Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, según informó el Banco Central a través de su informe de Cuentas Nacionales. Es la mayor expansión de la economía chilena desde 1992.

El dato va en la línea con la última proyección del instituto emisor, que estimaba un alza del PIB de entre el 11,5% y el 12%.

Estas cifras suponen un afianzamiento de la recuperación económica tras la crisis sanitaria, que en 2020 produjo una contracción de 5,8% (corregido a 6%), el peor resultado en cuatro décadas.

Según el ente rector de la economía, "este crecimiento fue reflejo de la apertura gradual de la economía y de una mayor adaptación de los hogares y empresas al contexto sanitario y su evolución durante el año".

En su informe, el organismo agrega que "adicionalmente, se observó un aumento en la demanda interna explicado en parte por las medidas económicas de apoyo a los hogares y empresas y a los retiros parciales de los fondos previsionales".

Todas las actividades exhibieron cifras positivas con excepción de la minería, y el mayor crecimiento económico se dio en el comercio y los servicios personales.

Asimismo, destacaron las alzas en las actividades de restaurantes y hoteles, construcción y transporte.

En cuanto a la actividad minera, que representa cerca de un 10% del PIB y no ha detenido sus operaciones durante la pandemia, esta registró una caída de 0,3% en 2021, en gran medida por la baja que experimentó en el tercer trimestre (-5,2%).

En contraste, este año el precio del cobre ha alcanzado niveles récord. El pasado 7 de marzo llegó a su valor máximo histórico, de US$ 4,86 la libra, en parte debido al aumento de precios de los commodities derivado de la invasión rusa a Ucrania.

También tuvo un efecto negativo sobre el PIB el déficit comercial, de US$ 20.307 millones y correspondiente al 6,6% del PIB, debido a un alza de 31,3% en las importaciones y una caída de 1,5% en las exportaciones.

Por su parte, la deuda externa aumentó hasta ubicarse en US$ 239.002 millones (84,4% del PIB), impulsada principalmente por las emisiones de bonos de gobierno y de empresas no financieras.

Una de las prioridades del Gobierno de Gabriel Boric en materia laboral ha sido impulsar la reducción de la jornada de trabajo de 45 a 40 horas.

Por ello, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) encuestó a 222 empresas de distintos tamaños para medir el impacto que prevén.

Entre las cifras más destacadas se recalca que 42% de ellas dio una opinión favorable en términos generales, mientras que un 39% lo calificó como desfavorable.

"Esta opción tiene más consenso en medianas empresas, entre las cuales alcanza un 45%. Las grandes empresas, en tanto, son por lejos las que revelan una opinión más favorable, con un 58%", señalan desde el gremio.

Por otro lado, más de la mitad ve que esto vendría de la mano con un aumento de costos, porque la idea del Ejecutivo es no permitir baja en los salarios ante la reducción de la jornada.

Desde la CCS aseguraron que el 56% de los encuestados espera que los costos aumenten de concretarse las 40 horas, mientras que 28% no espera cambios y un 8% opina que disminuirá.

"En el segmento de medianas empresas es donde se aprecia una mayor proporción de afectados por el riesgo de un aumento de costos, con un 60%, 7 puntos sobre el segmento de pequeñas empresas y 6 puntos por sobre las grandes", señalaron.

En cuanto a los sectores, las mayores proporciones de empresas que esperan aumentos de costos están en la industria, comercio, construcción y servicios, entre ellos los financieros.

Por otra parte, un 50% espera que las plantas de trabajadores se mantengan ante la eventual reducción, un 27% prevé un aumento que requerirá nuevas contrataciones y un 11% ve un disminución.

"Las más proclives a aumentar su dotación son las grandes empresas, con una proporción que llega a casi un 40% de las encuestadas, muy por sobre el 22% de las pequeñas y el 26% de las medianas", explicaron desde CCS.