Vicente Pereira

El comercio ambulante es una de las temáticas que ocupa un lugar de privilegio en la agenda de Puerto Montt. Su expansión por distintos puntos de la ciudad, tras el cierre de la calle Antonio Varas para su remodelación, ha sido foco permanente de cuestionamientos, sobre todo de parte del comercio formal.

El cumplimiento de la ordenanza que lo regula también ha sido objeto de discusión de parte de las autoridades comunales.

Sin embargo, ayer el municipio ejecutó lo que hasta el martes se había constituido en una amenaza: iniciar una persecución contra quienes forman parte del comercio informal. Es decir, que no cuentan con la autorización respectiva y que se instalan en un punto que no es permitido, de acuerdo a la ordenanza.

Por eso ayer, Carabineros procedió a desalojar a quienes se desempeñan en la informalidad y que se ubican preferentemente en el Paseo Talca y en las cercanías del Terminal de Buses.

Al respecto, el coronel Fernando Fajardo, prefecto de Llanquihue, explicó que Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Montt, apoyados por personal de la Octava Comisaría de Control de Orden Público, concurrieron en respaldo del Departamento de Inspección Municipal de Puerto Montt con el objeto de hacer valer la actual ley que regula el comercio ambulante.

En por ello que se hizo comiso (a cuatro comerciantes) de una serie de especies "que estaban abandonadas en la vía pública y que guardan relación con la basura, con escombros y con algunos otros artículos que estaban en apoyo del ejercicio del comercio ambulante".

Tras el procedimiento, el grupo de vendedores que fue objeto de dicha acción, se dirigió a la municipalidad con la intención de reunirse con el alcalde Gervoy Paredes.

Tras ingresar al edificio consistorial, ubicado en calle San Felipe 80 (centro de la ciudad), fueron atendidos por el administrador municipal, Ricardo Trincado.

Sin embargo, antes de que se concretara la cita realizaron una protesta, en la cual acusaron al jefe de comunal de decretar esta acción porque ellos no lo apoyaron durante su campaña a la reelección, en el marco de los comicios municipales que tuvieron lugar en mayo del año pasado.

"Discriminación"

Tras efectuar el diálogo con Trincado, los ambulantes se dirigieron hacia el Paseo Talca, lugar donde se reunieron para analizar lo sucedido en dependencias de la municipalidad.

Allí estudiaron las acciones a seguir, mientras que la abogada que los representa, Orietta Llauca, acusó al municipio de otorgar permisos a determinados sindicatos y a otros no. Y que los autorizados están trabajando en sitios que excluye la ordenanza.

Además, lamentó que no fuese avisada del procedimiento de ayer, en circunstancias de que existe claridad respecto a que ella es la abogada que representa a los 70 vendedores que están siendo cuestionados en la actualidad.

Sin embargo, de todos ellos, alcanzaron a "requisar las cosas a cuatro ambulantes. No así al resto porque hubo reacción", agrega la abogada.

Llauca lamentó que se procediera a "quitarles las cosas", sin proporcionarles la oportunidad para ser escuchados.

Además, afirma que cada uno de ellos ha cancelado sus permisos.

Junto con ello, asegura que la ordenanza que regula este comercio no se puede aplicar porque "existe una prohibición del Juzgado Civil de Puerto Montt mientras no se resuelva una causa por discriminación (Ley Zamudio)" que presentaron en contra del municipio. Razón por la cual, dice, el juez prohibió que los comerciantes fuesen sacados de los lugares donde históricamente han desarrollado su trabajo.

Normar la actividad

Respecto a lo sucedido ayer, el administrador municipal, Ricardo Trincado, expuso que la incautación de especies del comercio ambulante ilegal que desplegó Carabineros, cuenta con el respaldo de la justicia y tuvo por finalidad normar una actividad que se efectúa en la zona céntrica de la ciudad.

Asimismo, especificó que el municipio se encuentra plenamente disponible para buscar propuestas que se ajusten a la ordenanza.

Acerca del procedimiento policial, Trincado indicó que se enmarcó, plenamente, en la instrucción de un juez que determinará el decomiso posterior. Al mismo tiempo, puntualizó que la municipalidad, en más de una oportunidad, ha otorgado diversas alternativas para que el comercio formal no compita con el ilícito.

"Contamos con la instrucción de un juez para incautar esa mercadería y ponerla a disposición del Juzgado de Policía Local. Lamentablemente, llegamos a este escenario. Sin embargo, el municipio ha otorgado alternativas para encontrar soluciones", detalló.

Esta medida fue bien recibida por la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Puerto Montt. Al respecto, su presidente Eduardo Salazar, destacó el accionar del municipio.

"La municipalidad ha tomado cartas en el asunto, lo que agradecemos y felicitamos porque permite poner orden en la ciudad", afirma.

Además, recalca que a quienes están en la calle "se les debe controlar. Hay que tener igualdad de condiciones con el comercio establecido. Se les debe exigir la factura con el origen de sus productos, de no más de 30 días de antigüedad, lo que se resuelve con una ordenanza municipal que lo defina al momento del control.

70 ambulantes, agrupados en tres sindicatos, reclaman contra la administración liderada por Gervoy Paredes (PS).

30 días deben tener como antigüedad máxima las facturas de los productos, opina Eduardo Salazar.