Abogado de Felipe Santana presenta solicitud de indulto al Presidente Boric
PUERTO MONTT. Cercanos al joven acusan que no hubo un proceso justo. Profesora que le hizo clases descarta que él haya intentado quemar catedral y revela que el arzobispo lo visita en la cárcel.
La solicitud de un "indulto en particular" presentó la defensa de Felipe Santana, el joven que se encuentra condenado a 7 años y cuatro meses de cárcel por tres delitos ocurridos durante el estallido social, entre ellos, el incendio frustrado a la catedral de Puerto Montt con personas en su interior.
Fernando Leal, abogado de Santana, explica que presentado el requerimiento en el penal concesionado de Alto Bonito, Gendarmería cuenta ahora con 90 días para reunir los antecedentes que formarán parte del expediente que será presentado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde donde será derivado al Presidente Gabriel Boric para su resolución final.
Leal confía en que la respuesta será satisfactoria, puesto que en dicha instancia se "darán cuenta de lo injusta que es la condena de Felipe (Santana)", así como las "violaciones que han existido a su derecho de defensa y la forma sospechosa en la que se produjeron estos hechos".
Pero el abogado no es el único que tiene la esperanza en que lograrán la libertad de este joven, que, según dice, padece de un "retraso cognitivo que los tribunales siempre se negaron a examinar". También lo está Mónica Hernández, la profesora que lo representa en diferentes materias, sobre todo en las acciones que buscan conseguir su libertad.
Desde el liceo
Mónica Hernández y Felipe Santana se conocen desde los tiempos en que el joven estudiaba en el Liceo Forjadores de Alerce (Alerce Sur).
Allí, según cuenta Hernández, "cursó un programa especial: Mueblería y Juguetería".
Si bien en el establecimiento permaneció dos años, el vínculo entre ambos se extendió en el tiempo.
De hecho, ya han pasado cuatro años.
Santana fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt a penas que, en su conjunto, suman siete años y cuatro meses de presidio mayor en su grado mínimo, por los delitos de hurto e incendio frustrado en lugar habitado, ambos contra la catedral de Puerto Montt, y por daños al mobiliario público.
Según Hernández, el mayor dolor de Felipe Santana y de su entorno es recordar la "injusticia que se cometió con él. En términos concretos, la catedral nunca se quemó".
"Lo que sucedió es que se abrieron las puertas que estaban cerradas, se extrajeron dos bancas y se generó una barricada afuera, pero sin la intención de quemar la catedral", dice.
-Pero la condena dice otra cosa, que había gente en su interior y que la intentaron quemar.
-Claro, pero no hay un incendio en la puerta. Hubo una barricada cerca de la puerta, en la cual se quemaron elementos de la calle y unas bancas de la iglesia.
-¿Qué reconoce Felipe Santana sobre estos hechos?
-Reconoce su participación en desórdenes públicos. Ahora, a él lo condenaron por tres delitos puntuales y en dos de los cuales reconoce su participación. Pero no así en el incendio. Fue en un contexto de turba, de encapuchados. Entonces, llama la atención que solo una persona fuese condenada. No hubo pruebas científicas. No se hicieron los peritajes. Sin embargo, de la acción de una turba, tenemos a una persona sin antecedentes previos, y que no es un delincuente, pagando una condena extremadamente alta
Hernández, si bien critica las acciones de la Iglesia Católica en este caso, cuenta que Fernando Ramos, arzobispo de Puerto Montt, ha visitado a Santana en la cárcel.
Respuesta a senadores
Hernández valora el respaldo otorgado por Fidel Espinoza, senador PS, y establece que el indulto es "un acto de justicia" hacia el joven. Además, cuenta que también sumaron el apoyo de los diputados Héctor Ulloa (Independiente-Ciudadanos) y de Jaime Sáez (RD).
Así también, junto al abogado Fernando Leal, critican a los senadores Iván Moreira (UDI) y Carlos Kuschel (RN), quienes cuestionaron que Espinoza estuviese a favor del indulto y llamaron a respetar los fallos judiciales, como el que condenó a Santana. En sus descargos, le recuerdan a Moreira y a Kuschel su relación con el gobierno militar. Y al gremialista también le enrostran su participación en el caso Penta (financiamiento irregular de la política). "Nadie está pidiendo un favor. Solo justicia", recalca Hernández.
Leal, en cambio, coloca el acento en que más allá de lo que pudiesen opinar los parlamentarios de oposición, el indulto presidencial es una facultad privativa del Presidente "y así está establecido en la Constitución, en la Ley 18.050 y en el decreto supremo 1.542 que lo regula".
"Pataleos más, pataleos menos, nadie puede tratar de pautear al Mandatario. Hay que recordar que en el gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera se indultaron 24 personas y de todos ellos, al menos 6, estaban condenados por crímenes de lesa humanidad, los que, de acuerdo con todos los tratados internacionales ratificados por Chile, se trata de 'delitos atroces'. Aquí ninguno reclamó por este beneficio", acusa Leal.
En su análisis, Leal afirma que el caso de Santana es bien particular. De partida, dice, en el inicio no tuvo una buena defensa. "Creo que a Felipe (Santana) se le negó su derecho a defensa y debido proceso, toda vez que no hay prueba alguna que lo vincule con la hoguera... Lo único que existe es una fotografía donde aparece tomando una malla que, posteriormente, aparece en dicha hoguera. Pero ningún juez ha sido capaz de acreditar que realizó el incendio (catedral)", expone.
Además, acusa que las vestimentas propiamente tal "nunca fueron adjuntadas materialmente al proceso. Los jueces y magistrados conjeturaron que las de colores requisadas a Felipe, en su detención, son las únicas que existen en todo el planeta".
También cuestiona la forma en la que fue detenido, "en un control preventivo de identidad, mientras que la orden es posterior a su ingreso en la comisaría de Carabineros, lo que contaminó toda la cadena de pruebas". "Fue condenado por testimonios de órganos estatales, de funcionarios policiales y hoy existe jurisprudencia de que tal tipo de condena es violatoria de garantías fundamentales", apunta.
2019 es el año
3 del estallido social en nuestro país. Comenzó en octubre de ese año, tras el alza en $30 del metro.