ral la ausencia de derechos sociales. No se ha visto aún en el texto las demandas sociales que sí estaban en octubre del 2019.

-Pensiones, salud, vivienda, educación…

-Claro. En teoría, uno hubiera pensado que es el eje sobre el cual se movería la nueva Constitución, y si uno revisa lo que se ha aprobado, en realidad habla de los derechos en general y hace ciertos derechos específicos, bien-bien específicos, en relación al derecho sexual y reproductivo, por ejemplo, pero no aborda las materias de las demandas sociales que fueron las que motivaron la Convención. La verdad es que no se innova mucho. Tú puedes tomar un catálogo de las convenciones interamericanas de derechos humanos y puedes ver que incluye ahí todos los derechos: sociales, individuales, que tienen que ver con honra; libertad, igualdad, etcétera. Acá ese catálogo amalgamado yo no lo he visto, porque en definitiva lo que se ha hecho es sectorizar los derechos dependiendo de la calidad de las personas. Es decir, si usted es de pueblo originario y tribal, o si usted tiene que reivindicar derechos de las mujeres, con perspectiva de género, entonces tiene un derecho preferente. Pero en realidad los derechos, en sentido universal, como declaración universal de los derechos humanos o cartas -que existen muchas- con los derechos en que se pudo haber inspirado la Convención, no parecen haber sido muy novedosos. Tampoco los adopta, que para mí habría sido un referente. A mi juicio los tratados internacionales de derechos humanos y que están suscritos debieran ser referentes para adoptar a partir de ahí nuevos derechos que podrían ser incorporados.

-¿Cómo definiría este proyecto?

-Es una Constitución de detalle. Uno puede elegir qué tipo de Constitución quiere, más allá del gusto y preferencia de cada uno. Hay constituciones que son desarrolladas y otras que son más bien breves. Esa clasificación uno se la enseña a los niños en primer año; entonces ¿qué ocurre? Este sería el típico caso de una Constitución desarrollada, parecida al modelo brasileño, ecuatoriano, que tienen muchos artículos y a partir de eso mucho detalle de la regulación de muchas cosas. La Convención está pensando en 500 artículos o algo por el estilo, lo cual es extenso.

-¿Se está imponiendo una Constitución por un grupo, como han señalado algunos críticos?

-Yo creo que el nudo está en lo que tiene que ver con el poder constituyente, que está siendo este órgano, y su relación con los poderes constituidos, es decir, con el Congreso, el Ejecutivo. El nudo ahí que es lo que se conversó en la semana es el sistema político. Básicamente, cuando tú eliges un sistema político en el cual partes derogando ciertos órganos, como la Fiscalía o el Senado, lógicamente que pones a discutir los pesos y contrapesos del Estado. En el fondo cada una de las funciones tiene un rol que está claramente asignado, como ejercer las políticas públicas a través del Congreso, el Ejecutivo a tratar de poner en marcha esas leyes y el Poder Judicial unificado desde un lado. Eso es lo que siempre hemos visto y este borrador pone en pugna los controles entre los mismos poderes y esto es un problema para el futuro. Por eso digo que hay que ver si estas normas se cumplen en la práctica de la manera en que están estipuladas. Tal vez la idea era disminuir el trabajo legislativo de los senadores, pero me parece que es muy complejo terminar con una tradición de bicameralismo que viene en Chile desde las primeras constituciones. Los casos de unicameralismo que tenemos cerca, como Perú, Ecuador y Venezuela, no han sido grandes ejemplos de estabilidad política. Esta segunda Cámara, como Cámara revisora, es una que modera, y también representa a las regiones, y si esa Cámara está disminuida entonces su capacidad de revisión y moderación también está disminuida.

-¿Qué le parecen las modificaciones al Poder Judicial?

-A mí me preocupa el tema del nombramiento de este famoso consejo para la capacitación de los jueces. En Chile el Poder Judicial se estableció como un órgano técnico, más allá de los bemoles que puedan existir, que son perfectibles. Pero en definitiva esta idea de que el sistema de nombramientos provenga de una especie de comité, cambia la idea de lo que se ha hecho hasta ahora, que es una carrera judicial que tenía esta idea organizada, jerárquica, en relación a los méritos, a partir de una escala de notas, con una propuesta en que participaban todos los poderes del Estado, dependiendo si era para la Corte de Apelaciones o Suprema. Esta idea de comité me parece a mí que genera o puede generar una politización de la carrera judicial. En otro plano, yo entiendo que hay que proteger a los pueblos originarios, yo comparto esa idea, pero es compleja cuando se establecen sistemas que son diferenciados, porque en definitiva los conflictos que se puedan suscitar ente una persona indígena y una no indígena van a quedar entregados a qué, ¿a la jurisdicción especial? Eso yo no lo tengo claro. ¿O van a quedar entregados a la jurisdicción general porque participa una persona no indígena? Esta división de la justicia, de los órganos de justicia, es inédita en Chile, y en ese sentido hay que ver el tema de las jurisdicciones en razón del territorio porque la Constitución reconoce que hay territorios especiales y yo no sé cómo va a operar esa jurisdicción en esos territorios especiales. Hay que ver cómo se implementa ese sistema diferenciado en razón a culturas distintas y en pos de esta idea de la plurinacionalidad que ha inundado a toda la Constitución.

-¿Qué se puede esperar ante un resultado estrecho en el plebiscito de salida o un triunfo del rechazo?

-La Comisión de Venecia actuó en Chile elaborando un informe a petición del Senado y manifestó la importancia de los grandes consensos. Cuando quieres definir la norma que va a gobernar a tu país al menos 40 años, obviamente que necesitas consensos amplios y sería una causal de división y un problema de legitimidad política, no jurídica, porque estaría aprobada, un resultado por un margen muy estrecho. La clave es cómo ratificas tú la validez o la adhesión de las personas a ese proyecto. Eso se llama identidad constitucional, es decir, cómo las personas se identifican o no con su Constitución. Sabemos que muchos de los problemas de la Constitución anterior dicen mucha relación con esta parte. Si esa identificación, lo que a nosotros nos gusta definir como ethos constitucional, no se produce, no tiene suficiente legitimidad democrática, es un acuerdo débil.

-En caso de que no se llegue a ese consenso, ¿sería prudente reiniciar el proceso?

-Se ha hablado mucho de la tercera vía y yo no lo descarto como solución. No descartaría la opción de generar alguna otra alternativa que no polarizara y eso también lo dice el informe de la Comisión de Venecia. Me parece que una cuestión que genere mayores acuerdos y consensos, tal vez con un mayor protagonismo de los derechos sociales -si a eso no hay por qué tenerles susto-, podría ser una buena tercera vía.

-Una tercera opción en el plebiscito le quita votos a la mayoría, por la dispersión.

-Creo que hay varias formas de hacer tercera vía. Una forma es que alguna gente no le gusta, porque dice que es modificar las reglas del juego, es esto de intervenir en el plebiscito con una tercera opción. El Congreso tiene el poder hasta hoy para hacer una reforma constitucional, para poder hacerlo. Otra cuestión sería que a la luz del plebiscito fuera a posteriori, pero en mi humilde opinión como ciudadana más que como profesora, me parece que podría ser muy tarde. Porque en definitiva no sé cuál sería el interés constitucional de generar nuevos consensos luego de haberse rechazado o aprobado un proyecto.

-¿Qué debiera hacer la Convención en lo que queda?

-Debería reflexionar en que está bien pensar en los grupos excluidos de la sociedad, nadie ha dicho que eso está mal, sería irracional decirlo, pero eso no significa que se dejen postergados los derechos de toda la ciudadanía. Porque al momento de hoy hay personas que no se sienten identificadas con una Constitución que trata solo algunos derechos, pero no incorpora aquellos que originaron este nuevo pacto. En el fondo, que ojalá se pudiera incorporar también una visión más plural. Incorporar esa idea de los derechos en general, de la tradición que Chile ha tenido y ser respetuosos de ello, con las mejoras que hay que hacer.

-¿Es refundacional lo que ha visto hasta ahora?

-En cierto punto, sí, porque a propósito de la misma tradición hay cuestiones que es la primera vez que nos vamos a enfrentar, como un sistema de justicia separado, divisiones de la calidad de ciudadanos, obligaciones del Estado con los migrantes. Lo que uno hubiese esperado es un proyecto en algún punto de mayor unión, de unidad, porque si llegamos a la crisis del 18 de octubre fue precisamente por esa falta de empatía y sensibilidad. Y si bien el derecho no lo puede hacer todo ni está en todo, al menos tiene que construir las bases o los cimientos sobre los que se acomoda la sociedad democrática. Las personas están esperanzadas en una constitución que en definitiva les entregue las herramientas para que puedan desenvolver sus vidas libremente y con acceso a derechos sociales. Cuando tú partes por grupos que técnicamente se denominan categorías sospechosas, como mujeres, niños, personas ancianas o pueblos originarios, está bien, pero si sólo te enfocas en ellos, pierdes la idea de una Constitución que es una norma que rige para todos y que tiene que regir para 50 o más años. Debiera partir del todos y luego hacer un articulado especial o capítulo con los grupos minoritarios.

En el proyecto de Bachelet ya se reconocía a los pueblos originarios, eso no es problema, el asunto está cuando tú divides en vez de unir al Estado en pro del bien común, que es lo que se está buscando. Todos queremos que esto funcione bien. Hay y había mucha esperanza, pero hay que tener cuidado, porque las instituciones políticas y jurídicas se deslegitiman rápido y en ese sentido el trabajo de la Convención si no está orientado al bien común, en el sentido de la satisfacción en el mayor grado posible de las necesidades materiales y espirituales de todas las personas, puede perderse y transformarse en una de minorías. Vamos a ver si en estos tres meses se enmienda el rumbo.

a la convención constitucional le quedan tres meses para presentar el borrador de nueva constitución.

"Este sería el típico caso de una Constitución desarrollada, parecida al modelo brasileño, ecuatoriano, que tiene muchos artículos y mucho detalle de regulación de muchas cosas. La Convención está pensando en 500 artículos o algo por el estilo, lo cual es extenso".

"Me preocupa el tema del nombramiento de este famoso consejo para la capacitación de los jueces (...) Que el sistema de nombramientos provenga de una especie de comité, cambia la idea de lo que se ha hecho hasta ahora (...) y puede generar una politización de la carrera judicial".

"No descartaría la opción de generar alguna otra alternativa que no polarizara y eso también lo dice la Comisión de Venecia. Una cuestión que genere mayores acuerdos y consensos, tal vez con un mayor protagonismo de los derechos sociales, podría ser una buena tercera vía".