Agencias

El Gobierno de Argentina ratificó ayer la posición expresada el pasado lunes por el presidente trasandino, Alberto Fernández, sobre la situación en Venezuela y que generó rechazó en sectores de oposición de ambos países y preocupación por parte de organismos humanitarios.

"Evidentemente la situación en Venezuela está cambiando", dijo la vocera de Gobierno argentina, Gabriela Cerruti.

El lunes Fernández comentó que muchos de los problemas de Venezuela "se han ido disipando con el tiempo", gracias, en parte, al trabajo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a los acuerdos alcanzados en el marco del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela".

En su carácter de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mandatario argentino pidió además que los países latinoamericanos "revisen" sus relaciones diplomáticas con Venezuela.

Las declaraciones de Fernández generaron el rechazo de la oposición política en Venezuela y también en Argentina, y fueron además cuestionadas por organismos humanitarios como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Esta última expresó su preocupación por los comentarios y reiteró sus denuncias de "sistemáticas y generalizadas" violaciones a los derechos humanos en Venezuela, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, Amnistía Internacional recordó que la emergencia humanitaria "compleja" y la falta de acceso a derechos económicos y sociales para la gran mayoría de la población ha hecho que al menos seis millones de personas hayan huido de Venezuela.

La vocera dijo que "tanto la comisionada Bachelet como otras personas que están preocupadas por los derechos humanos en Venezuela marcan claramente que la situación en ese país ha cambiado de un tiempo a esta parte y que no tiene sentido seguir hablando y haciendo algunas críticas que se hacían hace un tiempo, como si esto no hubiera cambiado".

Agregó que "recientemente ha habido elecciones en Venezuela en algunos distritos en los cuales el partido de Gobierno perdió. Difícil hablar de un gobierno donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde las elecciones".

Cerruti señaló que Fernández habló recientemente de este tema con Bachelet, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente Gabriel Boric: "No es excluyendo a los países o castigándolos como se solucionan (los problemas), sino sentándolos en una mesa de negociación y de mutua cooperación para que todos podamos tender al bien común".

El Gobierno de Argentina cuestionó la marcha a Buenos Aires con tractores convocada para hoy por productores rurales desde diversos puntos del país, en protesta contra las políticas oficiales que afectan al sector agropecuario. "No tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos de los productores del campo", dijo Cerruti. El "tractorazo" no cuenta con el aval institucional de las cuatro mayores asociaciones rurales del país, pero sí con el de agropecuarias regionales y la oposición.

Todos los sondeos publicados ayer en Francia auguran la victoria del candidato a la reelección en las presidenciales francesas, Emmanuel Macron, con una ventaja que varía entre los seis y los 14 puntos frente a la ultraderechista Marine Le Pen, en el último día antes de la jornada de reflexión.

De esta forma, la última oleada de encuestas difundida ayer, mantiene el pronóstico de las dos últimas semanas, aunque en algunos casos auguran una inversión de la tendencia.

El sondeo más ajustado es el de la empresa Odoxa, que fue difundida el jueves, y que otorga un 53% de los votos a Macron, con una ventaja de 9 puntos a favor del actual presidente tras la primera vuelta, pero desde entonces su tendencia ha sido a la baja.

Todo lo contrario de lo que auguran el resto de los institutos de sondeo, que han señalado una creciente caída de Le Pen desde la primera vuelta.

La mayor ventaja la apuntan las encuestas de Ipsos y Opinion Way, que señalan que el actual mandatario obtendrá el 57% de los sufragios mañana.

Opinion Way otorga un crecimiento de un punto porcentual a Macron con respecto a la víspera, mientras que Ipsos le rebaja medio punto, la primera caída que registra en ese instituto en una semana.

Por su parte, Elabe le otorga al candidato a la reelección un 55,5% de los votos, un punto más que el jueves. Todos los institutos de opinión sitúan el margen de error entre 2 y 3 puntos.

Sin embargo, el favorito en los sondeos, advirtió ayer del exceso de confianza y recordó las sorpresas que no auguraron las encuestas en el referéndum del Brexit o la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en 2016. "Pocas horas antes del Brexit, millones de personas lo dieron por hecho y no consideraron necesario ir a votar. Lo mismo sucedió con la elección de Donald Trump. Al día siguiente se despertaron con disgusto", afirmó Macron, y agregó que "las encuestas no son las elecciones, lo que dice la gente ahora no tiene por qué ser lo que pase en 48 horas".

Formalmente la Corte Nacional de Justicia en Ecuador solicitó la extradición del expresidente Rafael Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y prófugo de la Justicia en Bélgica, país que le otorgó ayer la condición de asilado político con estatus de refugiado.

"El día de ayer, firmé ya la providencia, iniciando el trámite de extradición como corresponde en derecho, del ciudadano expresidente de la República del Ecuador Rafael Vicente Correa Delgado", reveló el presidente de la Corte, Iván Saquicela.

Diez jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el exmandatario cumpla los ocho años de prisión y 25 de inhabilitación política (no pudo postularse para las elecciones de 2021) a los que fue condenado en una sentencia firme dictada por la Justicia ecuatoriana.

Desconocen pedido

De esta forma, es ahora el ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano el que deberá tramitar ante el Gobierno belga la reclamación judicial, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.

No obstante el pedido de extradición, que tardó cerca de dos años en emitirse y que, según Saquicela, se demoró debido a trámites procedimentales, podría quedar en nada después de que se conociera que Bélgica otorgó asilo político a Correa, quien niega las acusaciones y alega ser objeto de una persecución política. La resolución a la que tuvo acceso Efe, fechada el 15 de abril, confirmó que se otorgaba a Correa el estatus de refugiado en este país, de donde es oriunda su esposa, Ann Malherbede.

Eso sí, el ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador desconoció ayer la situación e indicó que "no ha conocido de fuente oficial" el "supuesto asilo" concedido por el Gobierno de Bélgica al expresidente.

El proceso judicial contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comenzó ayer con la lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas, que el acusado escuchó en videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York, EE.UU, desde la madrugada del viernes tras ser extraditado.

Con la ayuda de un intérprete, el exmandatario escuchó del juez de Manhattan, Stewart D. Aaron, los cargos presentados en su contra por el Gobierno estadounidense, quien fijó la próxima audiencia para el 10 de mayo. Ese día, la audiencia será ante el juez Kevin Castel, que presidirá su caso, como también hizo con el excongresista Antonio "Tony" Hernández, hermano del expresidente y que cumple en EE.UU. cadena perpetua por narcotráfico.

La oposición brasileña recurrió ayer ante la Corte Suprema para anular el indulto concedido por el presidente Jair Bolsonaro al diputado de ultraderecha Daniel Silveira, condenado a ocho años de prisión por la máxima corte por sus amenazas a las instituciones democráticas.

De esta forma, el partido Rede entró con un pedido ante el Tribunal Supremo Federal para que la institución deje sin efectos el decreto promulgado la noche del jueves por Bolsonaro, el cual generó una fuerte polémica en Brasil.

El partido de oposición reconoció que el presidente tiene derecho constitucional de conceder indulto a un condenado por la Justicia, pero argumentó que hubo un "desvío de finalidad" y pidió la suspensión del mismo.