Romina Fierro

La Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional está decidiendo cómo se estructurará el organigrama del Ministerio Público. Si bien esto aún no ha sido aprobado, ya forma parte del borrador que deberá ser ratificado ante el pleno.

En tono constructivo y técnico, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, apuntó algunos aspectos que, considera, debilitarían a la institución y que podrían afectar el futuro de la persecución penal y la protección de víctimas y testigos.

-La Comisión del Sistema de Justicia decidió reponer la figura del fiscal nacional, pero agregando un consejo superior, lo que aún tiene que ser aprobado por el pleno de la Convención. ¿Qué opina de esto? Varios fiscales habían criticado anteriormente la eliminación de la figura del fiscal nacional.

- Este cambio que se realizó viene a respaldar lo que hemos venido planteando como Ministerio Público, sobre la importancia de contar con la figura de un o una fiscal nacional, algo que hasta antes de esta modificación presentada no se consideraba y solo se planteaba la idea de un Consejo compuesto por siete integrantes.

Pero pese a esta modificación, se continúa de manera equivocada, puesto que el sistema para nombrar fiscal nacional abre la puerta al riesgo de politizar dicho nombramiento, por la composición que tendría el Consejo.

Me refiero al Consejo que designaría este cargo, el que estaría conformado por tres miembros elegidos por Alta Dirección Pública, que puede tener más influencia política de lo que uno quisiera.

En el caso de los fiscales, ellos tendrán tres representantes por elección, lo que da pie para que se generen bandos internos y un representante de las y los funcionarios, que también puede tener tintes políticos. Por otro lado, él o la fiscal nacional debe ser una figura fuerte, con múltiples capacidades que le permitan tomar decisiones operativas y relevantes, para desarrollar de manera correcta la persecución penal y sin el riesgo de burocratizar los procesos. Y que con esta propuesta se hace muy complejo de materializar, perjudicando la persecución criminal.

- ¿Cree que el fiscal nacional pierde autonomía con la existencia de un consejo superior, que algunos temen se convierta en un ente politizado?

-De aprobarse esta propuesta, tal como fue presentada, la autonomía del fiscal nacional corre un gran riesgo, ya que basta pensar en el caso de que el Consejo no se ponga de acuerdo, por ejemplo, ante un caso o tema específico, y las decisiones quedarían entrampadas o demorarían más de lo que de lo que se espera, situación que varía precisamente, pues la politización que se generaría entre los miembros del Consejo, los que simplemente diluirían responsabilidades entre ellos mismos.

Centralismo

-¿En qué sentido se vería deteriorada la participación de regiones?

-Este consejo estaría en la capital del país, resolviendo asuntos para todo el país, reforzando de esta manera una mirada centralizada en este consejo superior, estableciendo órganos que no existen hasta ahora y cuyos miembros y domicilios se encontrarían íntegramente en la Región Metropolitana.

Es así que las regiones pierden poder de decisión, pierden el poder de adecuarse a la realidad de cada región. Creemos firmemente en que hay muchos asuntos, muchos temas que se deben resolver localmente.

-Qué consecuencias podrían tener estos cambios, en caso de aprobarse, para las investigaciones que se desarrollan a nivel local, como por ejemplo la desaparición de Claudia Agüero.

-No me parece adecuado entrar en este momento a referirme o analizar casos puntuales, porque en este momento las normas que están siendo propuestas generan un impacto que sería global en todas las investigaciones.

-¿Qué le parece la autonomía que se quiere dar a los fiscales adjuntos?

-Hoy es el fiscal regional el que ejerce la titularidad de la acción penal pública en cada región de su competencia.

Partiendo de esa base, hay que señalar que los fiscales regionales fijan políticas de persecución penal, fijan una política criminal al interior de cada región, y es dentro de estos márgenes que los fiscales adjuntos tienen cierta autonomía para investigar y perseguir penalmente en cada caso concreto.

Ahora bien, llevado esto a las normas propuestas por la comisión, y que serían parte de esta nueva constitución, creemos que puede llevar en primer lugar a la adopción de criterios dispares en las tomas de decisiones por cada fiscal adjunto que existe en el país. Es decir, que respecto a un mismo tipo de delito tendríamos criterios dispares.

-¿El tema de la duración del fiscal regional, que baja de ocho a cuatro años, le parece una buena medida? En qué podría beneficiar o perjudicar esta rebaja en el periodo de trabajo.

-Cuando la actual Constitución estableció un periodo inicial de 10 años de duración del cargo de Fiscal Regional, luego lo bajó a ocho, lo que motivó precisamente la fijación de este periodo, fue que fuera más extenso que la duración de otros cargos vinculados al ejercicio de poder político, para reforzar la independencia y la autonomía en el ejercicio de nuestro rol de fiscales.

Creemos que este es un tema que posteriormente puede analizarse, pero que es absolutamente necesario que el periodo de un fiscal regional o nacional dure más que el tiempo de los cargos políticos de elección popular. Esto aumenta o refuerza el riesgo de eventuales influencias externas, si asociamos la duración de periodos de autoridades o cargos políticos a los de la fiscalía, disminuyendo así la confianza en la independencia de los nombramientos de las autoridades que dirigen nuestra institución, que por lo demás tiene el carácter de autónomo.

-¿Qué cambios considera necesarios debatir con respecto al Ministerio Público?

-Yo parto de la base de que siempre es bueno, es deseable, que existan procesos de revisión al interior de todas las instituciones. Estamos conscientes de la necesidad de realizar estos procesos de revisión, sin que necesariamente impliquen, o sea necesaria una reforma constitucional o una nueva Constitución para resolverlas. En este sentido, es posible, por ejemplo, efectuar una revisión respecto de la forma de nombramiento de algunas autoridades del Ministerio Público, favoreciendo o facilitando, quizás, mayores mecanismos de participación, para incorporar otras miradas al interior de la institución, resguardando siempre el mérito y la pertinencia de las autoridades que se quieran nombrar. También es deseable que se mantenga una revisión en temas de persecución penal, de política criminal, toda vez que como fiscales y como fiscales regionales particularmente, somos muy conscientes de que la realidad delictual del país y de cada región en específico va mutando y nosotros siempre tenemos que ir adelantándonos.

"Él o la fiscal nacional debe ser una figura fuerte, con múltiples capacidades que le permitan tomar decisiones operativas y relevantes, para desarrollar de manera correcta la persecución penal y sin el riesgo de burocratizar los procesos" "Este consejo estaría en la capital, resolviendo asuntos para todo el país, reforzando de esta manera una mirada centralizada en este consejo superior, estableciendo órganos que no existen hasta ahora y cuyos miembros y domicilios se encontrarían en la Región Metropolitana"