Redacción

Un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Gabriel Boric y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se produjo ayer luego de que la autoridad municipal criticara la decisión del Ejecutivo de pedir el desalojo de la toma de las rutas hacia la refinería de petróleo de ENAP en Hualpén.

Los trabajadores subcontratados de la empresa mantuvieron bloqueados los caminos hacia la planta por más de una semana y el lunes la delegada presidencial en la Región de Biobío, Daniela Dresdner, ordenó a Carabineros actuar para terminar con la movilización. Tras ello los manifestantes acusaron actuar violento por parte de la policía, denuncia que fue tomada por el ex candidato presidencial del Partido Comunista, derrotado en las primarias por el actual Mandatario.

Jadue usó su cuenta de Twitter, su vía de críticas al Gobierno desde que asumió Boric, para afirmar que "a los camioneros sediciosos se les trata con guante blanco y voluntad de diálogo, pero a los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales justas se les reprime con brutalidad. Algo anda mal en estos días de esperanza y expectativas de transformaciones".

Respuesta de Interior

A este cuestionamiento reaccionó la ministra del Interior, Izkia Siches, quien afirmó que "el alcalde está en todo su derecho de ejercer su opinión, pero son situaciones complejas. No han sido fáciles de manejar. El objetivo del Gobierno está en velar por el bienestar de toda la ciudadanía y toda la población".

Frente a las críticas por la forma en que se enfrentaron las manifestaciones de los funcionarios externos de ENAP. expresó que "hemos hecho todos los esfuerzos, tal como ocurrió con las movilizaciones de los transportistas y de los camioneros, de primero tener instancias de diálogo".

"Como Gobierno tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y también el libre tránsito por nuestras carreteras y no poner en riesgo a las personas ni el funcionamiento de nuestras ciudades. Las puertas al diálogo con los trabajadores están abiertas para poder llegar a los acuerdos necesarios y esperamos que hechos como estos no se repitan", dijo la jefa del gabinete.

"Limitar el acceso a una empresa estratégica como la Empresa Nacional de Petróleo es algo que evidentemente no se podía mantener en el tiempo", sentenció Siches.

Durante la jornada de ayer hubo negociaciones de los trabajadores con las autoridades para avanzar en resolver el conflicto, pero no se depuso el paro.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció ayer que el Gobierno presentará un proyecto de ley destinado a suspender la evaluación docente.

"Vamos a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley -de una ley miscelánea- que tiene varios temas importantes que creemos que no quedaron muy claros, probablemente, en los últimos años. Uno de ellos tiene que ver con la suspensión de la evaluación docente", afirmó Ávila al presentar el plan de reactivación educativa integral "Seamos Comunidad", que abordará los efectos de la pandemia provocó en la comunidad escolar.

La autoridad indicó que la iniciativa proviene de "un compromiso nuestro de campaña que está en nuestro programa de Gobierno: la eliminación de la doble evaluación. Esto está aportando también en eso. Vamos a presentar el proyecto de fin a la doble evaluación. Pero mientras, también, al igual como pasa con el Simce, lo entendemos como un elemento estresor, donde las condiciones no están dadas para la implementación de la evaluación docente".

Coincidentemente, ayer el Colegio de Profesores llegó al ministerio de Educación en la capital para entregar una carta al ministro Ávila en la que pide que "se envíe un proyecto de ley, durante este mes de mayo, para que el proceso de evaluación docente 2022 sea suspendido".

Es "fundamental, dadas las condiciones en las cuales se ha trabajado y se ha iniciado el proceso escolar, y dado lo que hoy día está ocurriendo a lo largo y ancho del país con los problemas serios de infraestructura, de violencia, respecto de la implementación de lo que ha sido este retorno a la presencialidad, que se termine una situación concreta de agobio laboral como es la evaluación docente", dijo el presidente del magisterio, Carlos Díaz.

Es necesaria "indudablemente la voluntariedad del proceso, es decir, aquellos colegas que legítimamente quieran dar la evaluación tengan la opción de hacerlo", afirmaron los dirigentes desde el Mineduc.

Una de las tentaciones más frecuentes de quien ejerce el poder es lo que pudiera llamarse una solución paretiana. Wilfredo Pareto sugirió (a inicios del siglo XX) que una medida era correcta si mejoraba a algunos sin perjudicar a nadie. La ventaja de ese tipo de soluciones es que nadie tiene motivos para quejarse, algunos están mejor, nadie sale perjudicado y todos felices.

Pareto dijo en otras palabras que era posible adoptar medidas sin quedar mal con nadie. O, si se prefiere, que era posible cuadrar el círculo.

El sueño del político.

El principio recibe aplicación en economía. Si el país crece, entonces usted podría destinar el excedente a mejorar la situación de los que están peor, dejando igual que antes al resto que está mejor ¿Quién podría oponerse a algo semejante? Una solución así sería Pareto óptima. Algunos mejoran y nadie padece molestia o perjuicio.

Eso es más o menos lo que el gobierno quiere hacer en materia de seguridad con el proyecto de estado intermedio: quiere dar seguridad a quienes están amenazados y son víctimas de la violencia sin perjudicar o lesionar o afectar la situación de nadie más. Por eso no quiere recurrir al estado de emergencia: porque este restringe o limita algunos derechos, como el de reunión o el de desplazamiento. En otras palabras, porque este impone un precio que hay que pagar para lograr seguridad. Pero el gobierno quiere alcanzar seguridad en la Araucanía sin costo alguno. Y para lograrlo ha imaginado un estado intermedio: en él intervienen las fuerzas armadas, pero no se restringe ningún derecho fundamental.

Es lo que ha informado el subsecretario Monsalve.

¿Es posible eso? No, desgraciadamente no.

Y es que la vida social, especialmente cuando está convulsionada por la violencia, como ocurre en la Araucanía, no admite soluciones tipo Pareto.

Usted, en efecto, no puede controlar eficazmente el orden público o prevenir ataques violentos contra la infraestructura o la población sin afectar los derechos fundamentales de todos, tanto de quienes planean efectuar esos ataques, como los de quienes los padecen. Un ejemplo bastará para advertirlo. Suponga usted que se aprueba el estado intermedio. En tal caso se aspira a impedir la violencia; pero no se permite restringir ni la libertad de movimiento, ni de reunión, ni ningún otro derecho fundamental. Imagine que la autoridad a cargo sospecha o ve indicios de que habrá un ataque violento. Decide entonces actuar ¿qué podría hacer? Como no podría restringir el derecho de reunión o la libertad de desplazamiento, ni ningún otro, entonces tampoco podría controlar a quien transita pidiéndole identificación o revisando los vehículos (lesionaría la privacidad), tampoco podría detenerlo a menos que estuviera cometiendo delito flagrante o fuere abiertamente sospechoso, ni menos podría establecer horarios para transitar (lesionaría la libertad de movimiento) ¿Qué podría hacer entonces salvo esperar que el acto violento ocurriera?

El proyecto de estado intermedio amenaza con ser relativamente inútil, puramente simbólico (como si quienes ejercen la violencia en el sur se inhibieran a la luz de los símbolos) y parece más bien un camino que se ideó para no hacer lo obvio: aprobar el proyecto presentado por el anterior gobierno (el de infraestructura crítica) o decretar el estado de excepción (el estado de emergencia).

Pero ¿por qué no hacer lo obvio? La razón más probable es que no se hace para no poner de manifiesto que cuando quienes hoy gobiernan se opusieron a proteger la infraestructura crítica o a los estados de excepción, obraron incorrectamente.

De ahí que se haya echado a volar la imaginación y decidido tomarse un tiempo tratando de cuadrar el círculo, mientras la violencia, por supuesto, sigue como si nada.