Pedro Bárcena

De manera unánime, la sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve del Tribunal Oral en lo Penal de Castro condenó ayer a un pescador por el delito de femicidio. Ante la contundencia de la prueba ofrecida por los acusadores, se acreditó que el sujeto propino 11 cuchilladas a la víctima, cuando caminaba con amigos en Quellón.

A una pena de cadena perpetua calificada se expone el encartado de iniciales J. A. O. P. (43), por este crimen perpetrado el 1 de diciembre del 2019, cuando la víctima se trasladaba por calle Aníbal Pinto. Lesiones en la zona torácica, cabeza, cuello y brazos sufrió la joven que murió desangrada una hora después del ataque en el Hospital de Quellón.

Por menos de seis horas se extendió la audiencia de juicio, en la cual la fiscal Karyn Alegría presentó una prueba acotada pero certera, que creó convicción en los sentenciadores que no dudaron en acreditar la participación del imputado como este macabro delito, que se ha constituido en uno de los casos más emblemáticos y referenciales de la violencia de género en Chiloé.

La persecutora se mostró conforme con la resolución, explicando que los medios probatorios expuestos "fueron unívocos, múltiples y contundentes para establecer el femicidio de Daniela".

Agregó la abogada que "por la forma de comisión del delito, por todos los elementos que entregamos al tribunal para dar cuenta que no se trató de un episodio aislado, sino que la víctima se vio afectada a un continuum de violencia que finalizó en este crimen, como también por la extensión del mal causado, entendemos que los hechos son de tal gravedad que debe aplicarse la mayor pena establecida por el legislador".

Relación

Esta espiral de agresiones se vio reflejada en los 10 años de relación que tuvo la mujer con el acusado. Incluso, un par de semanas antes del mortal ataque, ella lo había denunciado por amenazas, existiendo una medida de protección que no logró evitar este nefasto resultado en la vía pública.

"Presentamos testimonios que dieron cuenta de la violencia permanente contra la joven, a lo que se suma esta denuncia previa y también expuse audios en que el imputado señalaba que iba a apuñalar a Daniela, incluso en las mismas partes donde finalmente la agredió", confirmó la jurista.

En tanto, el abogado Thomas Patri del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en Los Lagos, que es querellante en el caso, en representación de María Angélica Vivar, hermana de la víctima, también valoró el dictamen y, al igual que el Ministerio Público, invocó la máxima sanción contra el condenado.

"Por la manera en que se comete el delito, el impacto que tiene en la comunidad, la extensión del mal causado que se mantiene hasta el día de hoy en su familia, su amiga (testigo del salvaje ataque armado), como también al considerar que Daniela era muy joven, llena de planes, entendemos que debe existir una sentencia ejemplificadora", consignó la fuente.

Insistiendo en este punto, el profesional remarcó que la pena "no solo debe ser acorde a la gravedad del delito, sino también por las repercusiones del mismo. Debemos como sistema estar acordes a los tratados internacionales ratificados por Chile que indican que se debe actuar con toda la diligencia en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres".

Bajo este escenario, el jurista justificó que el presidio perpetuo calificado en este caso, que calificó como de "catálogo" por el nivel y escalada de violencia de género contra la víctima, debe ser la sanción acorde "para demostrar una señal a la sociedad para que sepa que estos hechos no pueden volver a ocurrir, y si suceden de nuevo dejar de manifiesto que el peso de la ley caerá completamente sobre quienes los cometan".

Colaboración

Por su parte, el defensor Darwin Loreto invocó la atenuante de colaboración sustancial ante la sala, argumentando que su representado "prestó múltiples declaraciones en la investigación, como también en el juicio oral. En todos estos testimonios reconoció su participación en los hechos".

En virtud del eventual reconocimiento de esta aminorante, que fue refutada por los acusadores que coincidieron en señalar que "las versiones entregadas por el imputado no fueron sustanciales, puesto que la prueba reunida permitió acreditar delito y participación sin necesidad de estos testimonios", el abogado se limitó a solicitar en sala que la pena que se imponga no esté en el rango máximo del grado.

La lectura del fallo quedó programada para el próximo 2 de junio ante el mismo tribunal del sector alto castreño.

" Se debe entregar una señal para la gente de Quellón y por todo el sufrimiento por este caso, y decir que esto no puede seguir pasando".

Thomas Patri,, abogado del SernamEG.

Conocido el borrador de propuesta constitucional, un tema que ha causado interés es el tratamiento del derecho de propiedad y la posible expropiación. En estas líneas abordaré dos puntos: las causas que justifican la expropiación, y la indemnización del propietario.

En lo primero, la Constitución de 1980 habla de "causa de utilidad pública o de interés nacional"; y la propuesta reemplaza "interés nacional" por "interés general". Cabe indicar que la Carta Magna de 1925 sólo mencionaba la "utilidad pública", y la reforma constitucional de 1967 incorporó la causal de "interés social".

Se ha dicho que estas nociones "social" o "general" son indeterminadas y será deber del legislador y de la jurisprudencia delimitar sus alcances. Sin embargo, hay consenso en que se relacionan con la "función social de la propiedad", noción incorporada en la reforma de 1967 y, conforme a la cual el interés de la "comunidad" no sólo establecía limitaciones al derecho de propiedad, sino el legislador podía disponer que determinados recursos naturales y medios de producción no fuesen susceptibles de apropiación particular, quedando su dominio reservado al Estado.

Se debe hacer notar que, a diferencia de la Constitución de 1980, la propuesta también faculta que la ley declare ciertos bienes "inapropiables"; lo que sin duda debilita la protección del derecho de propiedad.

Además, otro tema que deberá ser delimitado por el legislador y que resulta una novedad en la propuesta es la noción de "función ecológica de la propiedad"; pues es innegable que muchos conflictos ambientales en las últimas décadas han revelado una tensión entre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la propiedad privada; y en base a ello podría de esta manera fundarse un "interés general" que dé origen a una expropiación.

En el segundo punto, la propuesta señala que "el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado"; y se modifica la Carta de 1980, que indica "indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado".

Si bien se ha explicado que justo precio es el valor de mercado del bien raíz, no puede negarse que la propuesta debilita la indemnización que podría pretender el expropiado bajo la Constitución de 1980, pues bajo la noción de "daño patrimonial" se incluye no sólo el valor de mercado del bien, sino también el lucro cesante, esto es la ganancia que se deja de percibir; pues como ha dicho la Corte Suprema "esta indemnización no sólo comprende el daño emergente, sino también el lucro cesante, debiendo cumplir con la exigencia de ser consecuencia directa e inmediata del acto por el cual la autoridad ha privado al propietario de un bien, requisito que permite delimitar el lucro cesante indemnizado", posibilidad que no tendría sustento si sólo se habla de justo precio como marco para fijar la indemnización.

"No puede negarse que la propuesta debilita la indemnización que podría pretender el expropiado bajo la Constitución de 1980"