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Reforma tributaria I
Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric tuvo su primera cuenta pública ante el Congreso, autoridades y el resto del país. Dentro de los muchos puntos tocados, hay uno en el que me quiero detener.
El cuarto eje del discurso, titulado Crecimiento Inclusivo, se centró en una batería de políticas económicas que el Gobierno quiere aplicar en el mediano plazo.
Una de las políticas que tomó mucha importancia fue la reforma tributaria, denominada el "Gran Pacto Tributario", con el que se financiarán las inversiones que planea en su programa. Por otro lado, se pone como objetivo económico una "productividad que crece al 1,5% y un crecimiento del 4% anual".
Ahí encuentro la disyuntiva. Según los datos del Banco Central para el año 2020, la actividad privada representa un 85,3%, y la administración pública e impuestos representan el otro 14,7%.
Al aumentar la mochila tributaria de los privados sólo se estará haciendo más difícil su faena, y no se alinea con su objetivo de "Recuperar la inversión", mencionado también en el discurso.
Al aumentar los impuestos genera un ambiente más hostil para inversionistas extranjeros, y le pone el camino más difícil a los nacionales. Pongámonos de acuerdo, señor Presidente, siento que nos está enviando señales confusas.
Javier Ávila Paredes
Reforma tributaria II
El discurso del Presidente Gabriel Boric, más que una cuenta pública, fue un reporte detallado de las políticas y proyectos que espera realizar durante su mandato, como era esperable tras poco más de dos meses en ejercicio del poder presidencial. Entre sus anuncios destaca como tarea central realizar una reforma tributaria que incremente los ingresos, que permitan llevar a cabo la cantidad de proyectos mencionados.
Esta reforma se basa en un buen diagnóstico, no sólo porque compromete un diseño donde aquellos que tienen y ganan más, paguen más, sino que también explicita reducir los espacios de evasión y elusión de los grandes contribuyentes. Esta será la reforma central que, si logra ser aprobada para corregir los problemas planteados, efectivamente podrá generar más recursos y al mismo tiempo reducir las tensiones que provoca en la población el que aquellos que más tienen y ganan, no contribuyan en la misma proporción al desarrollo del país.
Cuánto de lo planificado será posible desarrollar, dependerá críticamente de cómo salga la reforma tributaria del Congreso, ya que, sin mayoría, lo más probable es que deba negociar y ceder significativamente para que sea aprobada y, esto puede hacer que los ingresos potenciales de la reforma terminen siendo menores que los esperados.
Patricio Aroca, académico de la Universidad Andrés Bello
Estudiantes discriminados
En abril, el Ministerio de Educación presentó un Plan Nacional de Infraestructura que invertirá más de $20 mil millones en 76 colegios fiscales a fin de reparar ese aspecto, sumándose otro anunciado la semana pasada para catastrar la situación de establecimientos estatales, con inversión de $3.400 millones.
Si bien destaca el interés de las nuevas autoridades por mejorar la infraestructura de los colegios estatales, siguen discriminando a los dos millones de estudiantes particulares subvencionados.
Sobre un millón de ellos (55%) está clasificado como vulnerable por el Ministerio de Desarrollo Social, no obstante, son víctimas de la segregación estatal al no incluirlos en estos beneficios, a pesar de pertenecer a los mismos segmentos socioeconómicos de quienes estudian en colegios estatales.
De acuerdo con la Ley de Inclusión, los colegios particulares subvencionados (100% corporaciones sin fines de lucro) emplean los recursos del Estado en fines educativos detallados por la norma, que no incluyen mejoras ni construcción de infraestructura.
Sólo se les asigna al año un monto estrecho para mantenimiento, recibido también por los fiscales, sin considerar que el 91% de los particulares subvencionados es gratuito y no cuentan con otro financiamiento que el estatal.
Cuando el país se esfuerza para terminar con las desigualdades, es prioritario que los beneficios estatales se repartan de forma igualitaria, considerando la condición socioeconómica de los alumnos y sin importar a qué colegio asisten. No es un tema de montos, sino de principios.
Y ahí la pregunta: ¿El Estado quiere ayudar a mejorar la educación de todos los escolares de Chile o sólo de algunos?
Hernán Saldaña, secretario general de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados
Jóvenes frustrados
El auto concepto se forma en la interacción con otros. Las interacciones en el actual mundo digital son caldo de cultivo para jóvenes frustrados; donde las redes sociales nos proponen estándares prácticamente inalcanzables de belleza, productividad, salud, popularidad, etcétera.
Esta falta de sentido de competencia, sumado a la alta incertidumbre de nuestra época ,aumenta el sentimiento de desesperanza. Es nuestra tarea promover espacios presenciales seguros, para que niños y jóvenes puedan volver a confiar en sí mismos y en otros.
Camila Ercoli, académica de la Universidad de los Andes
Formalización de militares
En la mayoría de los países del mundo existe una jurisdicciónpenal especializada en lo militar (tal como la laboral, tributaria, defamilia, ambiental, etc.), que investiga los eventuales delitos cometidos por militares. Así era en Chile hasta antes de las reformas introducidas al Código de Justicia Militar.
En el año 2016 se excluyó de la jurisdicción militar del país todo delito en que existiera una víctima civil, aunque el supuesto delito hubiese sido cometido por un militar en elcumplimiento de sus funciones, quedando las investigaciones entregadas al criterio, no especializado, del Ministerio Público; razón por la que los militares que han debido actuar durante los estados de excepción constitucional han quedado expuestos a un tratamientodistorsionado -por no decir sesgado- por parte de dicho órganopersecutor civil.
Lo antedicho, sumado a unas reglas de uso de la fuerza absurda y extremadamente restrictivas, ha dejado a los militares sin protección jurídica y enormemente debilitados, que los inhibe de actuar por temor a ser procesados como imputados si usan sus armas afin de cumplir su consigna o en defensa propia.
Adolfo Paúl Latorre