La jornada de ayer comenzó turbulenta en el regreso de las sesiones del Pleno de la Convención Constitucional. Desde temprano los convencionales de la UDI, republicanos e independientes anunciaron que no votarían ningún artículo del informe de Normas Transitorias, pues contendría, según acusaron, artículos que ya habían sido rechazados en el Pleno, lo que constituiría un "vicio" y un "daño irreparable".

Antes de entrar en ese debate, se visó el quorum necesario para aprobar la propuesta de Preámbulo y se determinó que requerirá 2/3, quedando programada su votación para el próximo plenario.

Después vino la votación de 58 artículos elaborados por la comisión de Normas Transitorias, donde la gran mayoría no tuvo éxito y tendrán que volver a ser redactados, incluido el que cortaba en 2026 el mandato del actual Senado.

La primera norma aprobada señala que la nueva Constitución entrará en vigencia dentro de los diez días siguientes a su promulgación.

También se visó el artículo que indica que la reelección del Presidente comenzará a funcionar desde el próximo periodo, por lo que el actual mandatario terminará en 2026 y no podrá repostularse inmediatamente.

El Presidente Gabriel Boric sostuvo en redes sociales sobre que está "muy bien. Es lo que corresponde".

El fracaso de los acuerdos previos se materializó con el rechazo de normas polémicas, como la del quorum de 2/3 para que el actual Congreso modifique la nueva Constitución en caso de ser aprobada.

Consultas vinculantes

Mientras avanzaba la sesión, el constituyente Manuel José Ossandón se hizo cargo de pedir la palabra al menos en diez ocasiones para señalar que ciertas normas estaban fuera del reglamento por "entrar en contradicción con una norma previamente ya aprobada", generando la molestia de otros convencionales.

De hecho, sus pares Fuad Chahín y Claudio Gómez pidieron que mencionara cuáles eran los artículos visados que los volvían antirreglamentarios. Luego se sumaron más convencionales a la petición.

Una norma que fue rechazada, provocando un evidente disgusto en los asistentes de la sala, fue la que planteaba hacer, dentro del plazo de un año, consultas vinculantes e independientes entre sí para la creación de la región autónoma de Chiloé y la región autónoma de Aconcagua, que están establecidas dentro del borrador constitucional.

También se negó que los senadores terminen su actual mandato el 11 de marzo de 2026, sin importar la fecha de su elección, por lo que la Comisión tendrá que buscar otra fórmula para un inciso que eliminará este órgano y que además llamaba a elecciones de diputados para noviembre de 2025.

Sí se aprobó el artículo que define los plazos para el ingreso de proyectos de ley por parte del Presidente, para modificaciones conducentes a los nuevos Sistemas Nacional de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en 12 meses; Sistema Nacional de Salud en 18 meses; Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses.

Otras normas visadas fueron las que definen la paridad para órganos colegiados de elección popular desde la siguiente elección. Además, se implementará en empresas públicas y semipúblicas de forma gradual.

Por último, se aprobó la mantención de los derechos de Codelco, mientras que los otros artículos de minería regresaron a la Comisión de origen para una nueva propuesta.

El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, aseguró en radio Cooperativa que en las próximas semanas presentarán una nueva propuesta de ley de indulto o amnistía a los detenidos por hechos de violencia ocurridos en el marco del estallido social.

"Nos hubiera gustado llegar a un consenso ya listo respecto de lo que está pensando el Gobierno hacer en esta materia. Sabemos que el proyecto de amnistía, que se inició como moción parlamentaria hace ya más de un año, no concita el apoyo mayoritario en el Senado, por lo tanto eso es algo que es un dato de la causa", indicó.

Jackson también dijo que "la pregunta es cómo le damos una solución y esperamos tener en las próximas semanas una respuesta alternativa que se está trabajando en el ministerio de Justicia, que genere más consenso. El proyecto anterior no generaba consenso".

No se ha abandonado la idea, estamos buscando el mejor consenso posible", dejó en claro el secretario de Estado.

En relación con el estallido social, el Presidente Gabriel Boric confirmó que la Fiscalía solicitó información a La Moneda sobre lo que acaeció desde el 18 de octubre del 2019 en adelante.

"Hace poco nos llegó una comunicación de Fiscalía, para poner todos los antecedentes que tengamos y lo estamos haciendo", confirmó.

Sin embargo, sostuvo que "hay menos de lo que a mí me gustaría", al referirse a las informaciones, por ejemplo, sobre los responsables de quemar estaciones del Metro.

El mandatario, en entrevista con radios regionales, fue contrastado con sus dichos en un debate durante la campaña en el que advirtió que denunciaría al expresidente Sebastián Piñera por su eventual responsabilidad en atropellos a los derechos humanos durante el estallido.

"En esos casos nosotros no solamente vamos a poner los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas. Ese es nuestro deber como Estado, que no haya impunidad", aseguró y recalcó que "no soy yo el encargado de juzgar".

El exministro Segpres, Juan José Ossa contestó que durante su mandato entregaron la información solicitada: "El Gobierno siempre debe colaborar con el Ministerio Público, tal como siempre lo hicimos durante nuestro Gobierno, entregando todos los antecedentes".