-¿Han realizado algún trabajo conjunto con el gobierno?

-Desde el Arzobispado hemos tenido varios programas con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En efecto, hemos implementado en este tiempo de pandemia el Programa Ruta Calle, para atender gente en situación de calle; en dependencias nuestras abrimos dos residencias 24/7, cada una para 20 personas, para gente en situación de calle con apoyo sicosocial; abrimos también una tercera residencia para personas con discapacidad. Algunos de estos proyectos siguen vigentes hasta ahora. El último proyecto que estamos iniciando en estos meses con el mencionado ministerio, es un programa novedoso mediante el cual por tres años se ayuda a personas en situación de calle a hacer la transición para vivir en una casa confortable, ofreciendo también el apoyo sicosocial que necesitan.

Por otra parte, en conexión con INCAMI (Instituto Católico de Migración) damos apoyo, en la medida de nuestras posibilidades, a personas migrantes. El año pasado fue posible hacer un operativo en Puerto Montt y Puerto Varas ofreciendo asistencia jurídica a personas provenientes de otros países. Tenemos, además, una fluida relación con la oficina en Puerto Montt de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

-Otro problema que parece haber salido de control es la violencia, que incluso desde el regreso a las actividades presenciales ha afectado a los estudiantes. ¿Cuál e-s el mensaje de Iglesia respecto a esta problemática y qué acciones considera debieran tomarse para frenar este fenómeno?

-La violencia es un fenómeno que tiene varias causas de orden social, delictual, ético, personal, entre otras, y es expresión de un malestar existente en la sociedad. Lamentablemente las restricciones que se han debido establecer por la pandemia han traído como consecuencia inesperada un deterioro en la salud mental de mucha gente, lo que a veces se expresa por medio de la violencia.

Ha sido muy lamentable también que varias expresiones de violencia se hayan dado en establecimientos educacionales en distintas partes de nuestro país. Todo esto ha generado una sensación de inseguridad y de impunidad que no le hace bien a nuestra sociedad.

Este problema debemos enfrentarlo entre todos. Tenemos ciertamente que mejorar la forma que usamos para resolver conflictos. Por otra parte, hemos de tomar en serio que junto a los derechos que exigimos están los deberes de cada uno. Asumiendo responsablemente nuestros deberes, podemos avanzar en lo que significa el respeto de la dignidad de todas las personas. Hay situaciones específicas que necesitan soluciones específicas.

Todo esto requiere de un decidido liderazgo y compromiso de las autoridades para conducir este proceso, potenciando la responsabilidad cívica y focalizando su atención en los apoyos que los establecimientos educacionales requieren para enfrentar esta situación.

"Como el texto no es aún definitivo, me parece que hay que esperar el que se votará finalmente en septiembre para tener una opinión definitiva" "Lamentablemente las restricciones que se han debido establecer por la pandemia han traído como consecuencia inesperada un deterioro en la salud mental de mucha gente"