Se dio inicio a una instancia inédita y que forma parte del proceso destinado a dar mayores atribuciones a las regiones y así avanzar hacia una menor dependencia del poder central. Se trata del Foro para la Descentralización, que está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, proceso que se extenderá por 100 días y que tiene por principal meta que los ministerios del comité político elaboren, junto a los gobernadores regionales, el primer paquete de competencias que traspasará el Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales.

El Foro busca convertirse en una instancia de diálogo político y técnico entre los distintos sectores y niveles de gobierno. El plan es concordar qué facultades podrán ser traspasadas hacia los gobiernos regionales, en los ámbitos de ordenamiento territorial, desarrollo social y cultural y desarrollo y fomento productivo. A la instancia acudieron 12 carteras y desde el Gobierno se enfatizó que el objetivo es que no existan ciudadanos de "primera y segunda clase". El trabajo en comisiones será relevante para determinar hacia dónde se encaminará el interés por las distintas competencias de parte de las actuales autoridades regionales, lo que debe estar terminado antes del plebiscito de salida del proceso constituyente, fijado para el 4 de septiembre.

El presidente de la asociación y gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, aseguró que "vamos a iniciar el trabajo del traspaso de competencias, que responsablemente nosotros podamos ejecutar mejor que el nivel nacional, que sean pertinentes, que respondamos de manera más oportuna y eficiente a los requerimientos de las ciudadanas y ciudadanos de cada región, por tanto estamos con la esperanza que eso sea así", planteó.

Definir cuáles son las prioridades de trabajo y hacia dónde se requiere avanzar en el traspaso de competencias abrirá una puerta de colaboración en momentos claves del proceso político y social del país. Los gobiernos regionales pueden y deben incidir en lo que suceda en los territorios, no para asumir un exceso de atribuciones, sino para que las regiones avancen hacia donde realmente se requiere y no sólo sean zonas donde se repliquen las políticas del nivel central.

El 7 de junio de 2007, nuestro país experimentó un gran avance en materia de responsabilización juvenil con la entrada en vigencia de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, RPA, la cual no sólo bajó la imputabilidad adolescente de los 16 a los 14 años, sino además estableció un conjunto de medidas orientadas a la reinserción social de jóvenes en conflicto con la justicia, un modelo que tras 15 años de funcionamiento, plantea nuevos desafíos y exigencias.

Tras la división del Servicio Nacional de Menores, el pasado 1 de octubre de 2021, el organismo quedó como responsable exclusivamente de la ejecución de medidas y sanciones determinadas por los tribunales de justicia respecto de adolescentes y jóvenes que han infringido la ley, una responsabilidad que, en el contexto de la creación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, se torna en una exigencia de permanente especialización en el trabajo con estos jóvenes, sobre todo en la aplicación de modelos con perspectiva de Derechos Humanos.

Por otro lado, hace unos días, en su cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric informó al país la aplicación de suma urgencia al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Reinserción, lo que se espera acelere los tiempos para su puesta en marcha. Esta institución, acompañada de cambios a la Ley RPA, instalará una nueva forma de entender la reinserción social, con la aplicación de modelos personalizados a cada caso, multidisciplinarios e intersectoriales.

La Ley RPA estableció fiscales, defensores y procedimientos especializados; creó un catálogo de sanciones y la figura de los Centros de Internación Provisoria y Centros de Régimen Cerrado, terminando con el encarcelamiento de adolescentes de entre 16 y 18 años junto a la población en cárceles de adultos; además de terminar con la evaluación de discernimiento. Ahora, la nueva institucionalidad y los cambios a la ley apuntarán a poner aún más énfasis en la reinserción social efectiva, buscando la inclusión social de estos jóvenes.

Tras 15 años de vigencia, podemos evaluar positivamente la Ley RPA, pues efectivamente permitió un cambio de mirada desde la institución y la justicia. Hoy el desafío es ampliar ese cambio de mirada hacia la integración social, lo que requerirá hacernos cargo como sociedad, entendiendo que la recuperación de un joven en conflicto con la justicia, de verdad es tarea de todos.

Lilian Peña Castillo, directora

regional del Sename

Hoy en la mañana llegará a Puerto Montt el ministro de Tierras y Colonización, Pedro Poblete. El ministro viaja acompañado del director general de Tierras y el inspector de Colonias. El objetivo de la visita es comprobar en terreno el funcionamiento del servicio público, así como participar de un almuerzo con autoridades locales.

El censo revela alza de la migración campo - ciudad

La migración campo-ciudad se intensificó en la Región de Los Lagos. El dato lo confirma el Censo practicado recientemente en el país, el que, en el caso de la zona, establece que la población rural pasó de 368 mil en 1992 a 337 mil hoy; mientras que la población urbana cambió de 579 mil a 724 mil, es decir, creció un 24,9%.

Atienden a 616 víctimas de casos sexuales en Fiscalía

Puerto Montt y Osorno lideran este año 2012 los casos de agresiones sexuales en la región. A nivel de Los Lagos, 616 víctimas han sido atendidas por el Ministerio Público, mientras que las personas condenadas por violación y abuso sexual ascienden a 264 en la zona. De ellos, 136 son de la capital regional.