Vicente Pereira

Un decreto que contiene la orden de demolición de unas 50 casas, ubicadas en el campamento que se levantó entre el centro de Puerto Montt y el balneario de Pelluco, será enviado hoy desde la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la capital regional a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), propietaria de este terreno, con el fin de que aborde la situación a la que se exponen familias emplazadas en este lugar.

El decreto fue elaborado ayer por el alcalde Gervoy Paredes (PS), quien argumenta que esta determinación se adoptó debido al riesgo que presenta para las familias el vivir en este sitio, lo cual quedó demostrado de forma reciente, tras los dos derrumbes que tuvieron lugar en el sector producto de las intensas lluvias de esta semana.

Paredes exige una solución, la que, según reclama, viene solicitando desde hace dos años, puesto que los informes que maneja el municipio dan cuenta del constante peligro al que se exponen quienes viven en este campamento.

Pero no es lo único: de acuerdo con la información que manejan en la corporación edilicia, habría otras anomalías, como la "venta" de terrenos.

"Hay una serie de situaciones que están ocurriendo, como el que no podemos encender las luces (en el tramo hacia Pelluco). Siempre nos acusan que está apagado el camino, pero no podemos hacerlo porque hay un riesgo latente", remarca el alcalde.

Otra irregularidad que se estaría dando, y que el municipio se encuentra en fase de corroborar, es la presencia de familias que decidieron arrendar sus casas para vivir en esta toma.

Reunión

Tras la confirmación de la orden de demolición de parte de la DOM de Puerto Montt, fue programado un encuentro entre Javiera Torres -su directora- y representantes de EFE. Una cita que tendrá lugar a partir de las 9 horas, la que se efectuará vía Zoom.

Así lo ratifican tanto Paredes como desde EFE.

De hecho, desde la empresa señalan que el objetivo de este encuentro es buscar una solución rápida e integral a la situación en la que se encuentra la comunidad que allí habita.

La delegada presidencial, Giovanna Moreira, es también una figura relevante en cuanto a la definición que se pudiera adoptar sobre el futuro del campamento, sobre todo ante un posible desalojo.

Al respecto, Moreira reconoce que el sitio no es apto para la instalación de viviendas, pero establece que "como Gobierno debemos garantizar que este sea un proceso dialogante y con dignidad, y por sobre todo con soluciones o un acompañamiento para la habitabilidad de estas familias".

Es por ello que señala que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está "trabajando arduamente, pero de una manera responsable y con criterios claros" en esta materia.

Además, la ex directora regional de Techo Chile, llamó a "no gastar tiempo en buscar responsables", sino que en dedicarse a la solución de este problema, para lo cual asegura están trabajando los ministerios correspondientes y en "plena sintonía con el municipio".

Inspección

No es la primera vez que Gervoy Paredes alerta la amenaza que existe para las personas que viven en dicho sector. Ya lo hizo hace dos años, con el aval de la información proporcionada por Sernageomin y por la DOM, y cuando las familias allí instaladas no superaban las 20.

En efecto, en mayo de 2020, el Serviu informó a la DOM acerca de la existencia de "viviendas irregulares" que estaban emplazadas en una zona de riesgo y en un suelo no edificable.

"Como Gobierno debemos garantizar que este sea un proceso dialogante y con dignidad, y por sobre todo con soluciones o un acompañamiento para la habitabilidad de estas familias"

Giovanna Moreira, Delegada presidencial