Tras ello, la DOM realizó una inspección, en la que constató la información recibida.

Acto seguido, Javiera Torres le informó a EFE sobre el resultado de la fiscalización y emplazó a la empresa para que asumiera su responsabilidad por lo que estaba ocurriendo en su predio y, de esta manera, retirara las instalaciones que amenazaban la estabilidad del cerro. El Llanquihue tuvo acceso a este documento, de una página, el cual es firmado por la arquitecto con fecha 9 de junio de 2020, es decir, hace dos años exactos.

En efecto, agrega Paredes, las complicaciones se generan por la intervención realizada en el lugar por quienes construyeron y que -incluso- en algunos casos utilizaron máquinas motoniveladoras.

Paredes señala que el municipio ha realizado todas las acciones que puede efectuar, entre las que no figura el desalojo del lugar. Junto con ello, admite que lo "peor que puede ocurrir es que muera alguien (…) y el segundo derrumbe (ocurrido ayer) está ad portas de las viviendas que se construyeron en este campamento".

"Es muy peligroso lo que está ocurriendo, es una situación que ya habíamos adelantado (…) no queremos que las acciones que se tomen sean demasiado tarde. Nosotros entregamos todos los informes".

Desalojo fallido

Si Gervoy Paredes alertó hace dos años sobre el riesgo de vivir en el campamento. Entonces, ¿a qué se debió que no se produjera el desalojo? Más todavía si se considera que en aquel tiempo el número de familias que allí vivía no superaban las 20.

La explicación para Paredes radica en que se trata de una medida que pudiese ser calificada como "impopular".

Además, recuerda que hace dos años la definición de un desalojo la debía adoptar la extinta Gobernación Provincial de Llanquihue, a cargo de la entonces gobernadora Leticia Oyarce, quien, consultada ayer por este Diario, optó por no referirse a este hecho.

Luego, una vez que llegó a su fin esta repartición, la tarea quedó en manos de la Delegación Presidencial.

Previo al informe de la DOM existió un primer intento de desalojo, el que tuvo lugar en 2019, antes del estallido social de octubre de ese año, cuando en el campamento vivían 18 familias, según recuerda una fuente al tanto del desarrollo de este conflicto.

Luego de una serie de acciones, incluso judiciales, finalmente el decreto no prosperó.

Catastro

Según información del Serviu, la denominada "Toma Terreno EFE" corresponde a un asentamiento que a contar de marzo de 2022 pasó a formar parte del catastro de campamentos Minvu, vinculándose inmediatamente a la dirigencia del campamento con una entidad patrocinante privada, para de esta forma levantar información de las familias que en esa fecha habitaban el lugar y ver la factibilidad de incluirlas en un proyecto habitacional a desarrollar por dicha entidad en el sector de Cardonal.

"Es importante señalar que, dentro de nuestra misión y atribuciones, está la de generar soluciones habitacionales definitivas, no de emergencia, por tanto, en ese contexto es que está toda nuestra disposición a sumarnos al trabajo de los organismos públicos pertinentes luego de que sea atendida la situación de emergencia de las familias afectadas", indicó el seremi del Minvu, Fabián Nail.

Lo expuesto por el titular de Vivienda en Los Lagos se encuentra en la línea de lo declarado por el propio EFE a fines de mayo, en el sentido de que a través del equipo comunitario de la empresa, durante este período están trabajando en este catastro que realiza el Minvu.

"Problemas"

El senador Fidel Espinoza (PS), en tanto, coincide con el alcalde Paredes, respecto a que se está frente a una zona de "inminente peligro, que ha sido tomada y que pone en riesgo la vida de las personas".

De ahí que estime que los organismos que son propietarios, como en este caso EFE, tienen que adoptar acciones. "No se puede eximir de su responsabilidad, porque luego, si ocurre una desgracia, sería muy injusto que se culpara al municipio por no tomar cartas en el asunto. Aquí Ferrocarriles del Estado ha pretendido lavarse las manos, en circunstancias que tiene una responsabilidad sobre los paños de terreno que son de su propiedad".

Espinoza no está de acuerdo con que estos paños de terreno "sean ocupados de manera irregular e ilegítima, porque generan otros problemas para la ciudad, como desde el punto de vista sanitario. Hoy las familias que no tienen casa deben adscribirse a la política pública de vivienda sin deuda".

Labores

Giovanna Moreira, en tanto, explica que coordinaron una serie de acciones tendientes a generar un trabajo en el lugar y, por lo mismo, es que le solicitó al director regional de Onemi, Alejandro Vergés, que tomara contacto presencial con las familias cercanas al derrumbe para alertarles de la situación de peligro. "Espero que el lunes, en la mesa que convocamos, podamos generar un plan intersectorial con compromisos de las distintas instituciones, como la municipalidad, EFE y el Gobierno".

Los actores coinciden en que el bienestar de las familias es clave en la búsqueda de soluciones.

2020 es el año en que un informe de la DOM explica los peligros que existen en el campamento puertomontino.

2022 es el año en el que, durante marzo, se integró el campamento en el catastro que realiza el Minvu.

2 derrumbes han tenido lugar en este sector producto del mal tiempo de los últimos días.