Cuando a fines del año pasado se dio a conocer la promulgación de la Ley de Humedales, junto con la enorme felicidad de quienes bogan por las causas medioambientalistas, hubo un pequeño resquemor que no dejó felices a todos: la nula participación directa de la ciudadanía experta en los territorios o de organizaciones que se dediquen a la protección de los ecosistemas.

Pequeña deuda que está pronto a zanjarse luego que la Cámara de Diputados aprobara y despachara al Senado, por 137 votos a favor y 4 abstenciones, la propuesta que agrega mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano.

La mejora señala que la solicitud deberá originarse por, al menos, dos organizaciones territoriales. Estas deberán tener presencia demostrable en la comuna donde se ubica el humedal. También, podrá ser una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y defensa del medio ambiente.

La norma establece categorías, divididas en cantidad de personas naturales o jurídicas, directamente interesadas en la protección del humedal. Detalla que estas deberán ser representativas de la población que va a ser afectada con la declaración de este humedal.

En el caso de personas naturales, según explica el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, se exigirá 50 personas firmantes para comunas hasta 10 mil habitantes, 100 personas para comunas de 10 mil a 30 mil habitantes, 150 personas para comunas de 30 mil a 100 mil habitantes, y 200 personas para comunas de más de 100 mil habitantes.

Agregó que "el espíritu de esta es acelerar los procesos de declaratoria por medio de la presentación de la ciudadanía - personas naturales - de expedientes como también lo podrán hacer las personalidades jurídicas. La verdad que la implementación de la ley de humedales no ha sido todo ágil que se requiere debido a la lentitud de el Ministerio de Medio Ambiente como el de los municipios".

En definitiva, la ley extiende la posibilidad de solicitud de protección, que hasta ahora era privativo del ministerio y de los municipios.

Si esto agilizará los procesos, al menos Gladys Sánchez, directora de la Consultora Ambyter (Ambiente y Territorio) Puerto Montt, dice no estar tan segura "porque el procedimiento de declaratoria de humedales es más o menos extenso, o sea, tiene un plazo de seis meses, porque después de los informes que se entregan se abre un periodo de participación de 15 días donde uno puede entregar antecedentes y que es la instancia en la que se pueden recibir antecedentes de parte de la comunidad, de los afectados, en fin. Después de eso el Ministerio de Medio Ambiente o la Seremi están obligados a generar un informe técnico para ver si esos datos son relevantes o si constituyen la ampliación o la disminución de un humedal".

Eso sí, reconoce el punto más importante del cambio propuesto: "Lo que es destacable de esta modificación es que se incorpora a la comunidad porque, las organizaciones sociales no estaban consideradas inicialmente, ni en la ley ni en el reglamento, ni en las propuestas que estaban entonces. Eso sí yo lo encuentro bastante relevante, porque hay varios sectores o comunidades que por el hecho de estar un poco más aisladas o en ciudades

"Lo que falta es cómo solventamos la mantención de estos ecosistemas, de dónde sacamos esos recursos, porque si bien nos dan la opción de que la ciudadanía actúe, nos falta una herramienta que sí tienen los servicios públicos, que es recursos para hacer investigación".

David Hinostroza, Presidente de Gayi