De los 154 convencionales, 17 (el 11%) corresponden a representantes de pueblos originarios, debido a la implementación de escaños reservados en la elección de constituyentes.

Pese a ser minoría -y haber conseguido entre todos 89.243 votos, un 7% del padrón electoral indígena con derecho a sufragio (ver infografía)- es uno de los grupos más exitosos en cuanto a conseguir que sus demandas quedaran consagradas en el borrador de Constitución, para lo cual requerían al menos 103 votos.

Entre las normas que consiguieron aprobar están que Chile es un Estado Plurinacional, el derecho a tierras y la restitución incluso utilizando como mecanismo las expropiaciones, el pluralismo jurídico, las autonomías territoriales indígenas, los escaños reservados en puestos de poder, el consentimiento sobre los asuntos que los afecten y que sus autoridades no puedan ser acusadas constitucionalmente.

La plurinacionalidad era considerada por los representantes indígenas como una deuda histórica desde el Acuerdo de Nueva Imperial firmado 1989 entre Patricio Aylwin, entonces candidato presidencial, y representantes de los pueblos mapuche, huilliche, aimara y rapanuí. Félix Galleguillos (atacameño) resume que lograr su consagración funcionó como "paraguas", "y dentro de ello venimos colocando todo lo demás como la representación política en los distintos estamentos, o el reconocimiento del derecho colectivo de la tierra".

Además, los escaños reservados consiguieron el respaldo en varias normas transitorias. Una de ellas es la que plantea que a un año de que entre en vigor la Carta Fundamental, el Presidente de la República convocará una Comisión Territorial Indígena que presentará propuestas para "la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas".

El despliegue

¿Cómo lo hicieron? Los convencionales indígenas cuentan que hubo una estrategia de despliegue: estar en todas las comisiones, informar a los demás los avances. Se repite el término "pedagogía" como una forma de convencer a los convencionales de otros colectivos, especialmente de izquierda, de que apoyaran sus demandas.

"Lo que más costó fue el trabajo de pedagogía, de cómo el derecho ha traducido ciertas demandas indígenas y conceptos que tienen un contorno claro, pero que son conceptos que para el derecho chileno son nuevos", sostiene Luis Jiménez (aimara).

Un ejemplo de esto fue el trabajo de Tiare Aguilera (rapanuí) para que quedara en el borrador la norma que establece a Rapa Nui como territorio especial, con derecho a la libre determinación y autonomía.

La táctica "pedagógica" fue más efectiva con el Frente Amplio, Chile Digno y Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional, reconocen los convencionales, y costó más con Independientes No Neutrales y el Colectivo Socialista.

Fueron esos últimos colectivos, especialmente, los que forzaron a los representantes de escaños reservados a modificar algunas redacciones propuestas que habían sido catalogadas como excesivamente detallistas.

Juego de roles

Entre fines de marzo y comienzos de abril la comisión de Sistema político discutía el tipo de Parlamento. Rosa Catrileo (mapuche) no solo coordinó la instancia, sino que también actuó como bisagra para el acuerdo que terminó por consagrar un Poder Legislativo con dos cámaras y con mayores atribuciones de las que quería Chile Digno para la Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado. Esto, porque por esos días se votaría en el pleno la norma sobre propiedad indígena y para contar con el apoyo de socialistas y No Neutrales, Catrileo debió apoyar su propuesta de bicameralismo asimétrico.

De hecho, fue justamente el artículo sobre propiedad indígena el que generó mayores dificultades al interior de la Convención ("el dolor de cabeza del proceso", dice un asesor de un constituyente indígena). Para lograr la aprobación de esa norma, los pueblos originarios debieron ceder en que la Comisión Territorial Indígena incluida en las normas transitorias debiese proponer, pero no definir la fórmula de restitución de tierras.

Aunque los pueblos indígenas han reiterado durante todos estos meses que no son un colectivo político, así fue como debieron trabajar.

A la comisión de Normas transitorias acordaron enviar a Adolfo Millabur (mapuche), dada su experiencia política. En la etapa de las comisiones permanentes el exalcalde de Tirúa trabajó en normas de Forma de Estado, Sistema político y Medio ambiente. En esa última fue clave para destrabar diferencias con los autodenominados "ecoconstituyentes" en normas sobre la propiedad de bienes comunes.

En colectivos de izquierda, además de Millabur, destacan a Catrileo, Llanquileo (mapuche), Jiménez e Isabella Mamani (aimaras), Aguilera y Eric Chinga (diaguita) como líderes de las negociaciones.

Por ejemplo, muchas de las normas de comisión de Sistema político fueron levantadas y redactadas por Catrileo, aunque consensuadas antes entre todos los representantes de pueblos originarios. Y en Sistemas de justicia trabajaron en conjunto Llanquileo y Jiménez para la norma de pluralismo jurídico.

Aunque inicialmente el pluralismo jurídico no estaba entre sus principales aspiraciones, la idea tomó forma cuando se elaboraba el reglamento, por lo que acordaron llamar a una de las comisiones temáticas "sobre Sistemas de justicia" en plural.

Una de las impulsoras del pluralismo jurídico fue Elisa Loncon, quien en diciembre invitó a Boaventura de Sousa Santos, director del Centro de Estudios Sociales de la U. de Coímbra, Portugal, a exponer sobre el tema en la comisión de Sistemas de justicia. De Sousa Santos es conocido por trabajos donde apela a terminar con el colonialismo.

"Lo que más costó fue el trabajo de pedagogía, de cómo el derecho ha traducido ciertas demandas indígenas y conceptos que tienen un contorno claro, pero que son conceptos que para el derecho chileno son nuevos".

Luis Jiménez (aimara)