Vicente Pereira

Como un "fenómeno que se encuentra fuera de control", es calificado por el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate (Independiente), lo que sucede en esta zona en cuanto a la venta de parcelas.

Para enfrentarlo pide acciones. Una de ellas es "pausar" la comercialización de estos proyectos. Por lo menos, hasta que existe una definición de parte del Ministerio de Vivienda.

Como parte de la solución, propone que estas inversiones se acojan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de manera que sea el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el que evalúe y exija las distintas mitigaciones que se requieren para sacar adelante una iniciativa de esta naturaleza.

La regulación de este comercio, sin embargo, es una materia que el municipio aborda con distintos servicios públicos, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Pero también con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), sobre todo en lo que tiene que ver con el resguardo y protección del medio ambiente.

Responsabilidad penal

Rodrigo Rivera, jefe de la Unidad de Medio Ambiente del CDE, explica que a la fecha se han conformado mesas de trabajo intersectorial en algunas partes del país, como en Puerto Montt.

En este sentido, explica que los esfuerzos del CDE están destinados a perseguir la responsabilidad penal y ambiental que le cabe a los desarrolladores de aquellos proyectos inmobiliarios en zonas rurales que se encuentren generando un grave daño al medio ambiente o que estén realizando la venta de inmuebles en situación de riesgo para la vida de las personas. Todo ello, por cierto, al margen de la normativa urbanística y ambiental aplicable.

Es así como detalla que conforme con sus atribuciones legales, el Consejo de Defensa del Estado ha gestionado la coordinación de las acciones de fiscalización emprendidas por distintos municipios y los servicios con competencia ambiental -como el Servicio Agrícola Ganadero, la Corporación Nacional Forestal, la Dirección General de Aguas, entre otros; así como las Seremis del Ministerio de Vivienda y Urbanismo­-, los cuales tienen la potestad y deber de fiscalizar que los proyectos estén cumpliendo con las normas que le son aplicables.

Del mismo modo que lo "hemos venido haciendo en otras regiones del país, el Consejo busca generar instancias de educación ambiental durante el desarrollo de los proyectos inmobiliarios y, a su vez, evaluar en terreno eventuales acciones judiciales de su competencia, específicamente, en aquellos casos en que se corrobore que se han provocado graves daños al medioambiente y a sus distintos componentes".

Fiscalización

Gárate es claro en cuanto a que el municipio será estricto en la fiscalización, sobre todo a la hora de abordar proyectos inmobiliarios en zonas rurales, que estén desarrollando obras de urbanización, pero que no cuenten con permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras (DOM) Municipales.

Por lo mismo, advierte que todos los que estén en dicha condición correrán la suerte de los primeros cuatro que ya fueron paralizados.

Además, llama a las autoridades del Ministerio de Vivienda a poner atención en lo que está sucediendo en los predios agrícolas y en la forma en la que se están dividiendo estos terrenos.

Según acusa, en la actualidad, del 100% de los permisos de edificación existentes en la Provincia de Llanquihue, "un 47% se ubican en las zonas rurales".

Además, acorde a datos que maneja el municipio, en cuanto a solicitud de subdivisiones presentadas en SAG, para el caso de la ciudad lacustre, el año pasado ingresaron 181 y entre enero y mayo de este año, 131. De ellas, 146 fueron tramitadas en 2021, mientras que 76 en los primeros cinco meses de 2022.

Es por ello que Gárate no tiene dudas en cuanto a que se esté frente a un escenario que genera un problema mayúsculo, al considerar que se pueda estar ante una iniciativa que contengan entre 300 a 400 parcelaciones.

Sobre este punto, Rodrigo Rivera advierte que el CDE definió la estrategia legal para evaluar eventuales demandas de reparación de los daños ambientales ocasionados o querellas criminales en caso de verificarse ilícitos penales.

Profundiza en torno a que en las actividades de coordinación se han definido criterios que permiten priorizar la fiscalización respecto de aquellos proyectos que están emplazados en zonas de riesgo -por peligro de remoción en masa, zonas de riesgo volcánico o inundables-, así como aquellos emplazados al interior o próximos a áreas protegidas del Estado, como es el caso de los parques nacionales.

"Degradación"

Y si de fiscalización se trata, el director regional de Conaf, Miguel Ángel Leiva, advierte que serán muy estrictos a la hora de inspeccionar esta clase de proyectos y, a la vez, precisa que el foco de preocupación del servicio está puesto en evitar la degradación del bosque nativo. Es por ello que recomienda a quienes estén interesados en la compra de estos predios, que se asesoren y estudien bien acerca de la inversión a realizar, ya que están siendo restrictivos a la hora de autorizar planes de manejo.

47 por ciento de los permisos de edificación están en las zonas rurales, acusa Gárate.

400 parcelas que puede generar un determinado proyecto, es un aspecto que quiere evitar el alcalde.

181 solicitudes de subdivisión prediales ingresaron el año pasado en Puerto Varas.