Erwin Schnaidt

Esta era una lucha que hace varios meses venía dando el lonko Juan Guaiquín, de la comunidad Ñuke Mapu de Avellanal en Calbuco, en demanda del derecho de todos a ejercer actividades en el borde costero.

Tal libertad, alega, está siendo coartada por la Ley 20.249 "Lafkenche", que permite a comunidades indígenas reclamar para sí determinados Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

La incertidumbre que genera esa normativa adujo la empresa Invermar para anunciar -desde el pasado 8 de junio- el cese de las actividades de construcción de su piscicultura de recirculación en el sector Aucha, en Calbuco.

"La paralización de la obra tiene un alto impacto para nuestra empresa y todos los que directa e indirectamente trabajan junto a nosotros", expuso la compañía salmonera, situación que fue refrendada por Carlos Peñalva, vocero de la comunidad de Aucha, quien estimó que al menos 200 trabajadores perdieron su fuente de empleo directo.

Tal situación motivó una reunión que tuvo lugar el pasado viernes 1 de julio, en la escuela rural de Aguantao, hasta donde llegaron representantes de diversas instituciones del Gobierno Regional y central.

Sobre el resultado de ese encuentro, el propio Peñalva reconoció que "no fue muy satisfactorio. No quedamos conformes. Nos trajeron una postura que no nos deja muy tranquilos. No hay una respuesta en sí. Se han tomado el trabajo de venir, pero como lo vimos, para ellos fue un paseo. Porque no se llegó a nada", apuntó el vocero.

Igual de preocupado se mostró por las declaraciones del gobernador regional Patricio Vallespín, quien dijo en su oportunidad que la suspensión de las faenas de Invermar no está vinculada a la Ley Lafkenche, sino que por no contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y a una denuncia que hizo la Gobernación Marítima.

Peñalva expuso que es el Gobierno Regional el que finalmente entrega los ECMPO "y si los solicitantes no tienen todos los requisitos, no deberían entregárselos, como lo hicieron en Aucha, donde debieron recibirlo grupos indígenas del sector. Sobre la empresa, no sé cuáles son los problemas que tenga, pero como comunidad queremos que continúe".

Consultada al respecto, Invermar no emitió un pronunciamiento respecto a los dichos del gobernador Vallespín, quien ratificó su parecer.

La autoridad reiteró que la decisión de Invermar no obedece a que "haya incertidumbre (por la Ley Lafkenche). La información que tengo, y que ratifico lo que ya señalé, es que existe incumplimiento de permisos ambientales, que no están todos bien resueltos. Incluso ha significado una sanción de parte de la Gobernación Marítima".

Vallespín planteó que "la información tiene que ser plena y cabal. Aquí hay una situación de incumplimiento (ambiental) y no sería causal la incertidumbre respecto a qué pasa con el borde costero. Es importante que las comunidades estén lo más informadas posible de la situación de ese sector".

El alcalde de Calbuco, Francisco Calbucoy, admitió que "a nosotros no nos ha llegado ninguna información o comunicación oficial respecto de las decisiones que, eventualmente, pueda tomar alguna empresa", por lo que dijo no tener conocimiento de lo que afecta a Invermar.

Ambiente y trabajo

Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquerías y Ramas Afines, admitió que "es preocupante" la paralización de faenas de esa piscicultura, pero también observó que "hay muchos grupos de interés que tienen exacerbada preocupación por sobrecuidar el medio ambiente".

Admitió que los trabajadores que representa han demostrado su interés por ese cuidado, "porque es el único mundo que tenemos, en el que todos debemos cohabitar".

Santibáñez estableció que no están en contra del mensaje ambiental, "pero queremos saber el trasfondo de esto. Porque a cada proyecto que surge para generar alguna actividad productiva, se levanta automáticamente una contra que, de verdad, está afectando mucho a los trabajadores".

Subrayó que también les preocupa cuidar el empleo. "Está el derecho de todos de vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, pero también está el derecho de llevar alimento a nuestros hogares. Como trabajadores, vamos a preservar y cuidar nuestro derecho a tener un trabajo digno, que es nuestra primera necesidad y la de nuestras familias", subrayó.

Movilizaciones

Como una manera de exigir una reacción que les satisfaga, Peñalva anunció en esa ocasión que se tomarían las carreteras de la región, para cortar el acceso a Chiloé, Calbuco y Puerto Montt.

El vocero de Aucha afirmó ahora que "estamos trabajando en un conjunto de cosas por hacer, las que comunicaremos en su momento".

Sin embargo, el lonko Guaiquín fue más explícito. "Se nos viene una buena toma de carreteras. Todos los gremios que trabajan en el mar nos estamos preparando", dijo, junto con mencionar la adhesión de los pomponeros, el Consejo de Caciques de Chiloé, la Multisindical de Trabajadores del Salmón, la Comunidad Indígena afectada por la ECMPO de Aucha y sus gremios, la locomoción colectiva, comercio, pesca artesanal, así como la Mesa Social Ruta Puerto Montt-Pargua, cuyo representante, Carlos Pacheco, aseguró que "paralizaremos todas las carreteras, sin retorno, hasta que se modifique la Ley Lafkenche".

Guaiquín aseveró que "somos gente de trabajo y no nos pueden quitar el lugar donde hacemos crecer la ciudad, todo, como es el mar".

Anunció que durante el fin de semana "se toman decisiones súper fuertes" y que tampoco aceptarán cuestionamientos de ambientalistas y ecologistas "porque nuestro territorio lo hemos cuidado muy bien. No somos China ni India, no hemos contaminado nada".

Aclaró que no están en contra de los derechos de los pueblos originarios, sino que de las facilidades que otorga la Ley Lafkenche para que "unos pocos se apoderen del derecho de todos de acceder al mar. El borde costero es de todos, indígenas y no indígenas".

Frente al anuncio de movilizaciones, el gobernador Vallespín sólo comentó que "la comunidad siempre tiene el derecho a manifestarse".

Ultimátum

El lonko Guaiquín aseveró que a contar de este lunes, otorgarán un plazo de dos semanas para que el Gobierno tome una decisión al respecto.

"Está quedando mucha gente cesante. La Ley Lafkenche está trayendo sólo perjuicios. No es justo que se le dé tanto territorio a una persona, pasando por encima de otras tantas comunidades. Nuestros ancestros del pueblo huilliche siempre destacaron por trabajar, nunca por aprovecharse de la riqueza que ofrece el mar, que es de todos".

Planteó que lo que buscan es que se otorgue acceso "a todos los chilenos, no para unos cuantos. Porque con esto, se perjudica a la gente que quiere trabajar".

A su parecer, el Gobierno central no está al tanto de lo que está ocurriendo en la zona: "Lo tienen todo tapado desde acá", acusó, al mismo tiempo que reiteró que "damos dos semanas al Gobierno Regional, a la Delegación Presidencial, para que propicien las modificaciones a la ley. Si no, nos vamos a tomar todas las carreteras", remarcó.

2 semanas es el plazo, a contar del lunes, que se fijó el grupo de comunidades para actuar y tomarse las carreteras de la región.