Marcelo Galindo
Explotación sexual infantil contra dos menores de edad es la nueva arista que suma la investigación contra cuatro de los cinco ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes fueron reformalizados ayer en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, tras la investigación por 6 nuevos hechos que involucra a similar cantidad de víctimas.
La indagatoria, llevada adelante por el Ministerio Público de Puerto Montt y ejecutada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de esta ciudad, también se llevó adelante en Temuco.
El delito comenzó a gestarse en Puerto Montt, por lo que en marzo pasado fueron detenidos cinco extranjeros -4 hombres y una mujer-, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual. En esa oportunidad, se dieron a conocer que en los hechos habían víctimas, sin embargo, en el transcurso de la indagatoria se sumaron otras seis mujeres, dos de ellas adolescentes.
Audiencia
En el Juzgado de Garantía se llevó adelante la audiencia de reformalización de los 4 hombres imputados. De ellos, dos comparecieron telemáticamente porque los otros dos, en prisión preventiva, están contagiados con covid, por lo tanto permanecen aislados en el penal de Alto Bonito.
El fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, dio a conocer los 6 nuevos hechos por los cuales se reformularon cargos.
"Se reformalizó investigación respecto de sujetos que están siendo imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación que se sigue adelante logró determinar la existencia de otras seis víctimas, y se logró establecer que dos de ellas son menores al inicio de la comisión de este hecho ilícito".
El persecutor penal reveló que los imputados se mantienen en prisión preventiva por resoluciones que se han ido dictando durante el curso del procedimiento.
Promoción
De acuerdo al fiscal jefe de Puerto Montt, dentro de los antecedentes que se aportaron y que fueron objeto de reformalización, "está el hecho que las calificaciones jurídicas, atendida la existencia de menores, se modifica en torno a la figura que no solo es una trata de personas con fines de explotación sexual, sino que también involucrando a menores de edad, lo que se da en un concurso con un delito de promoción y facilitación de la prostitución infantil".
Explica que dentro de los márgenes que se logró establecer de la actuación que tenían los imputados "estaba el hecho que las víctimas eran constreñidas a realizar este tipo de actos y mantenerse al alero de las órdenes del imputado, precisamente porque ellos ejercían acciones de intimidación de amenazas, señalando ser miembros de una organización criminal denominada el Tren de Aragua y, a raíz de ello, incluso señalaban controlar algunas partes de la frontera, que evitaba que las víctimas pudieran salir del país de la misma forma como habían ingresado".
Para el abogado, estas acciones de intimidación fueron condicionante para que las víctimas permanecieran en la actividad a la que eran ellas obligadas y que finalmente fue detectada y desarticulada.
Agravadas
Mauricio Maya, jefe regional del Instituto Nacional de derechos Humanos (INDH), dijo que en calidad de querellante en esta causa la entidad estuvo en la audiencia de reformalización representando a las mujeres afectadas.
Para Maya, es importante destacar la gravedad de los hechos a los que "nos enfrentamos, ya que dos de las víctimas son menores de edad".
Dijo el representante del INDH que esto significa que "concurre el delito de trata de personas agravadas y facilitación de la explotación sexual infantil que está planteando el Ministerio Público".
Por esto añadió que van a seguir pidiendo diligencias, ya que los hechos que son graves". En la audiencia estuvo presente la abogada del INDH, querellante en la causa, Milena Sánchez, y del Ministerio del Interior, el abogado -también en calidad de querellante- Ignacio Anrique (ver cuadro).
Minuta
La defensora de uno de los imputados, abogada Macarena Agüero, solicitó en la audiencia una medida cautelar de garantía porque la Fiscalía no le había entregado una minuta sobre el proceso de reformalización. "Solicitar en representación de J. C. U. una cautela de garantías, y le ordene al Ministerio Público que se entregue una minuta transcrita para estudiar y trabajar los hechos imputados", aseveró la defensora. El juez Cristian Alfonso no dio a lugar a la cautelar. "Existe el audio para anotar los aspectos relevantes y elementos típicos por los cuales fueron formalizados y no se dará a lugar que el Ministerio Público transcriba los hechos, para ello está el audio", argumentó el magistrado, quien amplió el plazo de la indagatoria por dos meses.
Tábata Recabarren, abogada defensora de otro de los imputados, solicitó los antecedentes de la causa al Tribunal de Garantía.
60 días es el plazo adicional para investigar otorgado por el magistrado del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Cristian Alfonso.
17 años tenían las dos adolescentes que llegaron a Puerto Montt como presuntas víctimas del delito de trata de personas.
