Redacción

El Presidente Gabriel Boric respaldó ayer al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, tras las críticas que recibió, tanto de la oposición como del oficialismo, por la tesis de superioridad ética que atribuyó a su generación, basada en una "escala de valores" diferente respecto de quienes condujeron el Estado en las últimas décadas.

"Lo tenemos que hacer (trabajar) con mucha humildad, con mucha humildad, porque acá nadie nace sabiendo. Solamente si trabajamos unidos con quienes nos antecedieron, y por eso yo converso permanentemente con expresidentes y la ex presidenta, también con ex ministros, vamos a ir trabajando mejor", afirmó el Mandatario.

"El ministro Jackson cuenta con mi apoyo. El ministro cuenta con mi respaldo", enfatizó Boric. y agregó que "permanentemente estoy evaluando a nuestro gabinete, a todas las personas con las que trabajamos y eso no les quepa duda".

La polémica llegó en un pésimo momento para Jackson: justo cuando Boric le había encargado coordinar y sistematizar acuerdos de los partidos oficialistas previos al plebiscito para reformar la nueva Constitución si triunfara el Apruebo, lo que incluso generó un oficio ante la Contraloría por parte de la bancada de diputados de la DC.

Impacto al Gobierno

Tras las criticadas palabras de Jackson se dio a conocer un mensaje de WhatsApp de la ministra del Interior, Izkia Siches, con el que pidió a los presidentes de los partidos de Gobierno evitar errores no forzados y "no caer en su juego", en referencia a la oposición.

Ayer la jefa de gabinete señaló que "es importante que todos quienes somos parte del Gobierno comprendamos nuestras diferencias y sanas diferencias para poder consolidar un trabajo conjunto. Las definiciones de ministros que están en el Gobierno, que siguen en él, son una prerrogativa presidencial y creo que no le compete ni a la oposición ni a ninguna persona opinar en torno a aquella potestad, y menos hacerlo por la prensa".

Sin embargo, la ministra vocera, Camila Vallejo, reconoció que "hay declaraciones que son desafortunadas. Hemos cometido ese tipo de errores".

Distancia con PS

Si bien Jackson ofreció disculpas, sus dichos siguieron generando reacciones en el Socialismo Democrático, algunos de cuyos integrantes descartaron la idea de un solo bloque gobernante o de adelantar acuerdos.

El senador José Miguel Insulza (PS) afirmó ayer que "cuando uno forma una coalición o cualquier sociedad, persigue determinados valores. Si los eventuales socios creen que nuestros valores son distintos a los de ellos -y los de ellos son superiores, por cierto- naturalmente no hay muchas posibilidades de coalición".

En la misma línea, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD) planteó que la idea de una sola coalición "hay que descartarla categóricamente: el deber del socialismo democrático es reconstruir y modernizar la centroizquierda con mirada de futuro, menos ideologizada y con más sentido común. Un país polarizado necesita un dique al populismo y los extremos".

Sin embargo, la bancada de diputados PS expresó que "el ministro Jackson cometió un error, que reconoció oportunamente y ofreció fundadas disculpas".

Pese a ello, el jefe de bancada, Marcos Ilabaca, apuntó que "invitamos al Gobierno a no seguir cometiendo este tipo de errores, que nos desvían no sólo del objetivo que nos une, sino que además profundizan la desconfianza".

Otra controversia originada por palabras del ministro Jackson tiene que ver con el tema expropiaciones de la propuesta constitucional, que plantea que se harán por el "precio justo". "Puede ser que en algún momento determinado el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien", dijo Jackson, a lo que el ex convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, contestó: "Lo que dice el ministro demuestra que la Constitución propuesta por la Convención está mal hecha. Es confusa y ambigua. La indemnización por expropiación será el justo precio. ¿Justo para quién? ¿Justo para el Estado que expropia?".

La seremi de Medioambiente de la Región de Tarapacá, Roxana Vigueras, se convirtió en la primera autoridad de Gobierno que deja su cargo para sumarse a la campaña del Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

"Con esto podré realizarlo sin el cuestionamiento de conflicto de intereses que tanto ha reclamado la derecha", señaló Vigueras, del Partido Liberal, quien calificó un triunfo del Apruebo como un "paso fundamental para realizar las profundas reformas que se ha propuesto este Gobierno, especialmente en lo que se refiere a que todo habitante de este país tenga sus derechos básicos garantizados".

Municipios cuestionados

Ayer también se supo que la Contraloría General de la República instruyó abrir sumarios a tres municipalidades para investigar faltas administrativas ligadas al plebiscito: se trata de Ñuñoa, Pudahuel y Lampa.

El ente contralor consideró que, teniendo en cuenta que los municipios "se encuentran impedidos de utilizar sus bienes o recursos en fines distintos a los que la ley les permite, deberán instruir un procedimiento disciplinario a fin de indagar los hechos mencionados y determinar las responsabilidades administrativas comprometidas".

En el caso de Ñuñoa, se apunta a la convocatoria en un edificio comunal a una actividad "con claro sesgo", en Pudahuel se cuestiona una publicación en la cuenta de Facebook de la Municipalidad, y en Lampa se investiga la reunión de juntas de vecinos con una convencionalel pasado 1 de junio.

El Capítulo VI de la propuesta de Nueva Constitución aborda el Estado regional y la organización territorial (arts. 187 a 250).

Como se sabe, la actual regulación constitucional distribuye los poderes de gobierno y administración territorial en los gobiernos regionales, las municipalidades y las delegaciones presidenciales regionales y provinciales.

La propuesta constitucional, en cambio, elimina aquellas delegaciones y crea autonomías territoriales de carácter regional y comunal con capacidad de asociarse entre ellas. Las nuevas regiones autónomas no sólo ejercerían funciones administrativas, a través de los gobiernos regionales, sino también legislativas, mediante las asambleas regionales, las cuales podrán presentar proyectos de ley ante la Cámara de las Regiones, ejercer potestades delegadas del Congreso, aprobar el estatuto de organización administrativa y funcionamiento de cada región, y transferir poderes a las municipalidades.

Otra novedad viene dada por la autonomía territorial indígena, que goza de un amplio grado de autonomía para el cumplimiento de funciones ejecutivas, legislativas y judiciales.

De esta forma, la nueva propuesta constitucional produce una fragmentación importante de la unidad soberana del Estado. Si bien puede verse como un paso positivo hacia la descentralización, la creación de múltiples autonomías puede privar de eficacia la acción gubernamental para todo el territorio. ¿A quién podrá gobernar el Presidente de la República si todas las instituciones gozan de autonomía plena? Además, la creación de centenares de cargos públicos remunerados puede dar origen a una burocracia ingente cuyo financiamiento podría haber ido en directo beneficio de los derechos sociales que anhela la ciudadanía. Las autonomías indígenas, por su parte, ponen fin a la igualdad ante la ley de todos los chilenos, pues existirán personas que podrán gozar de privilegios fiscales, políticos y económicos exclusivos en razón de su pertenencia a una etnia más allá de su situación socio-económica.

Por otro lado, se reduce el número de juntas de vecinos que pueden pertenecer a una unidad vecinal. Bajo el ordenamiento actual (art. 37 de Ley N° 19.418), pueden ser varias, mientras que la propuesta constitucional las reduce a una sola (art. 210 N° 1), lo que podría significar el fin de varias juntas de vecinos o su control político por parte del municipio.

Otro cambio relevante es que las regiones y comunas autónomas podrán crear empresas estatales que podrán competir con las empresas y negocios privados del lugar, aunque no necesariamente en igualdad de condiciones, porque desaparece la norma constitucional que actualmente asegura igualdad competitiva entre las empresas públicas y privadas (art. 19 N° 21).

En resumen, los cambios constitucionales propuestos por la Convención en esta materia pueden haber estado inspirado en nobles ideales de descentralización política y administrativa del Estado, que compartimos -soy ariqueño-. Sin embargo, pienso que el modo de plasmar ese interés producirá más perjuicios que beneficios porque presenta riesgos ciertos de más burocracia insostenible y perjudicial para el financiamiento de derechos sociales, extinción de juntas de vecinos, competencia desleal del Estado a comerciantes privados y desigualdad ante la ley entre chilenos mestizos e integrantes de etnias.

"Los cambios constitucionales propuestos por la Convención en esta materia pueden haber estado inspirado en nobles ideales de descentralización política y administrativa del Estado (...) Sin embargo, pienso que el modo de plasmar ese interés producirá más perjuicios que beneficios".

*Profesor de Derecho Administrativo e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.