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Hizo notar que ha realizado gestiones ante los últimos cuatro seremis de Transportes, pero que no ha logrado hacer volver el servicio a ese amplio y populoso sector.
Loyola especificó que sólo les queda la opción de optar al servicio de taxis colectivos, pero que no siempre esos vehículos bajan con asientos disponibles.
De su lado, Patricia Heyser, presidenta de la Junta de Vecinos Libertad, sostuvo que tampoco cuentan con disponibilidad de locomoción colectiva mayor hacia el centro. "La última fue la Montt-Libertad. Dos o tres años antes de la pandemia, solicitamos un recorrido. Hubo una línea de Alerce que estuvo llegando acá, pero con la llegada de la pandemia dejó de hacerlo", puntualizó.
También dijo que sólo disponen de la oferta de taxis colectivos, pero que "los que pasan por Séptimo de Línea, vienen todos llenos. Lo único que nos queda es esperar harto y tener paciencia; o, ir arriba a Presidente Ibáñez y esperar los buses que vienen de Alerce", admitió.
Recordó que tuvieron dos servicios, por lo que aspiran contar con al menos uno que recorra Teniente Merino y salga a Presidente Ibáñez.
Sin conductores
En cuanto a la fecha en que este perímetro de exclusión debería estar en ejecución, el core Cárcamo reveló que el seremi Joost anticipó que "dentro del primer semestre de 2023 estaría listo para ser ejecutado".
Se mostró interesado en que ese plan tenga la participación de todas las empresas locales, pero -aseguró- "tienen un serio problema de recurso humano. No tienen suficientes choferes", por lo que opinó que debe abordarse una modificación que termine con el actual sistema de remuneraciones en base al corte de boletos "y tener rentas que sean atractivas. Porque la mayoría de los conductores que ven que sus ingresos no les ayudan a mejorar su calidad de vida, se van".
El representante de la Asociación Gremial de Transporte de Pasajeros Urbanos, Rubén Sáez, confirmó ese comentario y aseguró que de las 520 máquinas que están disponibles para trabajar en Puerto Montt, sólo 250 están en actividad.
A su parecer, las acciones que está impulsando el gobierno apuntan en contra de ese servicio de transporte colectivo de pasajeros.
Sáez alegó que no se está respetando un acuerdo para establecer en siete años la operación de esos servicios, plazo que quedó reducido a un lustro. Ello, explicó el dirigente, les afectará en el proceso de renovación de los taxibuses.
Sáez dijo prever que "en el banco nos van a decir que nos quedan cuatro años y que en ese tiempo no vamos a poder pagar la 'micro'. Entonces, es imposible pedir un crédito a cinco años, porque nos quedan cuatro, tras los que el sistema muere".
Aseveró que al contar con siete años, como definía ese acuerdo, "había plazo para que uno mejore. Con esto, no hay ningún incentivo para que el transporte con nosotros continúe. O sea, nos quieren matar de un viaje".
Por ello es que acordaron dar plazo hasta el próximo 31 de agosto, para que el gobierno dé una respuesta satisfactoria a sus peticiones. De lo contrario, advirtió Sáez, "vamos a parar la actividad, de un viaje. Nada de paros. Muere la actividad. Porque ya no podemos seguir de esta manera".
El dirigente gremial cuestionó la modificación al acuerdo inicial. "Este gobierno se ha caracterizado por darse vuelta la chaqueta después que están las cosas hechas. O sea, no le gusta una cosa y la cambian a su pinta. Las cosas no funcionan así, en ninguna parte del mundo", manifestó.
520 máquinas conforman el parque de "micros" en Puerto Montt. Sin embargo, solo 250 de ellas están en actividad, ante la falta de conductores.
$100 mil al día deben pagar los choferes de las "micros", carga que corresponde a unos $80 mil en combustible y otros $20 mil por derecho a garita.
2023 es el año en que se espera que comience a operar el perímetro de exclusión en Puerto Montt, lo que no debería pasar del primer semestre.