Políticas de género y educación superior
Faltan pocas semanas para que entre en vigencia la ley que establece protocolos sobre la materia en los planteles de educación superior. Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica han tenido que ir generando sus protocolos.
Hace un año, la sala del Senado aprobó el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior, iniciativa que el 15 de septiembre de 2021 fue publicada en el Diario Oficial. Su aprobación fue sin duda un hecho positivo, que en ese instante se celebró con aplausos por parte de las representantes del mundo académico presentes en el Congreso, que veían en ello la consolidación de una extensa labor destinada a que la temática fuera considerada como prioridad y que fuera aplicada de forma transversal a cada uno de los estamentos que forman la educación superior.
Un año después de este hito, la vigencia de la nueva Ley 21.369 está a punto de comenzar y los recientes datos entregados por la Superintendencia de Educación Superior (SES) revelan que universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica han avanzado en políticas y protocolos internos. Al analizar los resultados a nivel nacional, en base a información aportada por 150 instituciones de educación superior a junio de este año, se constató que 129 casas de estudios (89%) declararon contar con algún tipo de política contra el acoso, la violencia y la discriminación de género, evidenciando con ello un significativo avance del sistema en la implementación de los requerimientos mínimos que estipula la ley. De lo anterior, eso sí, también se desprende que se deberá avanzar en el apoyo a los 21 planteles (11%) que informaron no contar con alguna política.
Si la normativa no se cumple a cabalidad y se detectan infracciones, las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica arriesgan tres tipos de sanciones, pero la más grave de ellas es que no podrán acceder a la acreditación institucional, lo que sin dudas afectaría el desarrollo y crecimiento de la entidad afectada, además del prestigio que ello conlleva.
Faltan poco más de cinco semanas para que el plazo dado para el inicio de la vigencia de la ley se cumpla, que corresponde al 15 de septiembre. Es clave que los planteles de educación superior del país sigan avanzando en esta materia, tanto para la prevención como también en los procesos sancionatorios cuando corresponda.