Subdivisión de predios rurales
En el Parlamento ya comenzó una intensa discusión para llegar a un mejor ordenamiento de los sectores rurales. La solicitud de parcelaciones ha experimentado un aumento exponencial en el sur del país desde que comenzó la pandemia.
La aplicación de normas para la división de predios agrícolas ha despertado ácidas polémicas en las últimas semanas. La discusión se instaló luego del anuncio del Ministerio de Agricultura sobre la regulación de las parcelaciones rurales siguiendo disposiciones que datan desde 1980, y que posteriormente se conociera un instructivo de evaluación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad que tramita y certifica las subdivisiones de predios rústicos (SPR).
Al respecto hay distintas miradas. Por una parte, argumentos ambientales; por otra, el legítimo derecho de los dueños a subdividir y disponer de sus bienes; así como también la conciliación equilibrando cuidado del espacio, respeto de las reglas de uso de suelos y apoyo a quienes necesitan generar ingresos en tiempos de crisis a través de la venta de sus terrenos.
El punto de distancia entre las diferentes posiciones es el uso de esos espacios, que originalmente tienen un destino agrícola, pero que al separarse muchos se convierten en lugares con fines habitacionales, turísticos y recreativos. Es decir, el terreno se aleja de lo productivo, se aumenta la presencia humana y con ello la presión sobre el entorno y el daño ambiental. A nivel nacional, según el SAG, las peticiones para lotear predios agrícolas han pasado de un promedio de 10 mil requerimientos en 2019, a 19 mil en 2021, un alza de 90%; y las proyecciones para 2022 hablan de 20 mil solicitudes formales en diversas regiones.
La discusión legislativa para tratar el tema y buscar ordenamiento para el desarrollo de áreas rurales comenzó en el Senado hace unos días. Alcaldes, representantes de las empresas inmobiliarias y de gremios se reunieron con parlamentarios, tras lo cual se señaló que hay coincidencia en que el cuidado ambiental debe primar, tratando de equilibrar decisiones mediante propuestas públicas y privadas con miradas de largo plazo que permitan -entre otras materias- determinar en quién recae la responsabilidad de la utilización del terreno dividido, si en el dueño original que vende, o en quien compra y se hace cargo de un terreno con resguardo agrícola.