Erwin Schnaidt

Los gremios de la salmonicultura, una de las más importantes actividades exportadoras del país, expresaron sus principales inquietudes respecto del texto de propuesta de nueva Constitución, que será votado por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre.

Para esas organizaciones persisten dudas en ese texto, que generan incertidumbre más que certezas.

Como expuso Joanna Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, a ese documento "le falta una visión de progreso asociado al crecimiento, a la inversión que es tan necesaria para el desarrollo de las regiones. Probablemente eso hay que arreglarlo. Hay conciencia de que la Constitución antigua y la nueva requieren modificaciones. Esa visión, particularmente, la echamos de menos".

La ejecutiva insistió que a la proposición de Carta Magna "falta un poco de visión de a dónde queremos ir, en términos de progreso para todas las personas. Y eso requiere certeza jurídica para la inversión".

Mientras que desde SalmonChile, rescatan aspectos positivos de ese propuesta, como el reconocimiento del maritorio, mayor protección medioambiental y derechos sociales. Pero, observaron que "hay muchos aspectos que no quedaron del todo claros y que siguen generando dudas e incertidumbre".

Por escrito desde el gremio especificaron que respecto al tema indígena "existen dudas sobre el alcance de las autonomías territoriales y sobre qué se entenderá como tierras y territorios indígenas; la consagración del derecho a la consulta y consentimiento indígena, entre otros aspectos. Viendo la experiencia práctica por la implementación de la ley Lafkenche, surgen dudas sobre cómo se va a lograr equilibrar y conciliar los diversos intereses que hay en el borde costero. Nuestra preocupación se basa en que estos instrumentos no se transformen en impedimentos para la realización de otras actividades económicas".

Añadieron que hay preocupación en varias actividades que operan en el mar, ya que "tal como viene la propuesta de nueva Constitución, la garantía de la propiedad no cubre a las concesiones sobre el mar territorial, pasando a ser derechos administrativos, lo que supone un grado mayor de desprotección para las inversiones".

Aunque valoran avances en el reconocimiento de la crisis climática y un mayor resguardo y responsabilidad en temas ambientales, "nos quedan dudas respecto a lo relativo a los derechos de la naturaleza y la sintiencia de los animales, ya que son innovaciones importantes, cuyos bordes no son del todo claros".

Dudas sobre leyes

En otro aspecto, Davidovich hizo mención al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que define diferentes categorías y si es que en ellas es posible el desarrollo de actividades productivas.

"En ese proceso, ha habido indicaciones que son súper riesgosas. No solamente para la salmonicultura, sino que para las distintas actividades productivas. Porque lo que quieren, sin distinguir estas categorías, es eliminar de todas las áreas silvestres todas las áreas productivas", precisó.

Para la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, lo anterior prohibirá el desarrollo empresarial en esos lugares, tanto si es un área de uso múltiple, reserva o parque, "cosa que hoy se admite y que está en la ley, lo que -por lo demás- hacen en distintos países".

Advirtió que ello tendrá un "impacto gigantesco". A modo de ejemplo, citó que al eliminar la salmonicultura de las reservas "puedes reducir un 30% de la actividad actual, lo que no significa sólo producir menos salmones, significa menos empleo, menos emprendimientos asociados, menos proveedores, menos actividad en gene-

"Le falta una visión de progreso asociado al crecimiento, a la inversión que es tan necesaria para el desarrollo de las regiones"

Joanna Davidovich,, directora ejecutiva, Consejo del Salmón.

El Gobierno también ha revelado sus intenciones para incorporar cambios en la regulación de la actividad salmonicultora del país. Durante su reciente visita a la zona, el Presidente Gabriel Boric reconoció que se trata de una actividad "que da mucho trabajo"; sin embargo, observó que "ha sido irreflexiva respecto de su actuar y de los daños ambientales que ha generado".

Boric remarcó que la intención de su administración es "elevar los estándares, que el Estado tenga capacidad autónoma de fiscalización, que no dependa de las empresas para fiscalizar y que los lugares protegidos se respeten y que no se destruya el suelo marino". Para ello, estableció, "vamos a trabajar en conjunto con las empresas para asegurar el empleo".

En definitiva, resumió el mandatario, aspiran a implementar una "mayor capacidad del Estado de fiscalización, (y) moratoria para nuevas concesiones".