ral. Eso es un problema, que estamos tratando de demostrar a las autoridades, a los parlamentarios".

Davidovich aseguró que debe haber un matiz para compatibilizar el cuidado ambiental y actividades productivas "con buena regulación, que se cuide el medio ambiente y que puedan hacer uso actividades productivas, no sólo la acuicultura. Hay una cantidad de cosas que no se podrían hacer, si eso sucede".

Al ser requerida sobre su parecer en cuanto a la Ley Lafkenche, estimó que "tiene una dificultad adicional".

Opinó que "si se hace mal uso de esa herramienta, se puede bloquear todo el borde costero. Al final, eso afecta el progreso de la región. Si no se permite hacer ninguna actividad, porque la ley impide ese desarrollo, van a estar perjudicados, no sólo la salmonicultura, sino que incluso los pueblos originarios y todos los que están ahí, porque no van a tener actividades que hacer".

Hizo presente que la tramitación de una solicitud de Espacio Costero Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) "dura años y no se resuelve nunca. Al final, todas las actividades productivas quedan en un stand by difícil de avanzar, con incertezas jurídicas. No se sabe si pueden o no invertir".

Mientras que desde SalmonChile plantearon que "sería conveniente realizar una evaluación general de la implementación de la ley. La falta de un ordenamiento territorial, la mala implementación práctica, la falta de recursos y coordinación entre servicios intervinientes, ha generado que estos procesos se demoren hasta diez años, generando mucha frustración y conflictividad en el borde costero".

Mal uso

El senador Iván Moreira (UDI) comentó que la Ley Lafkenche "terminó siendo mal usada para solicitar indiscriminadamente gran parte del borde costero de la región, implicando la suspensión o cancelación de toda inversión a la espera de las definiciones de la autoridad respecto de esas solicitudes".

El parlamentario por la Región de Los Lagos advirtió que ese uso pone en riesgo no sólo a la acuicultura, sino que "también a la pequeña pesca artesanal que hoy ve como una amenaza las solicitudes ECMPO realizadas por esta ley, en materia como la aplicación de la Ley de Caletas".

Para el senador Moreira, "la guinda de la torta es la propuesta constitucional, que otorga a las comunidades indígenas derecho a restitución y consentimiento previo en todo aquello que afecte su autonomía territorial".

A su parecer, ambos temas "constituyen un caldo de cultivo para el descontento y preocupación tanto de pescadores artesanales como del mundo de la acuicultura".

Mejorar estándares

En diferentes términos se manifestó el senador Fidel Espinoza (PS), quien dijo que el sector salmonero debería preocuparse de elevar sus estándares productivos, en lugar de expresar su inquietud ante "eventuales limitaciones que generaría la nueva Constitución".

Conforme al legislador por Los Lagos, el sector "está al debe" en términos medioambientales, para lo que "debiesen seguir mejorando esos estándares, así como la utilización de antibióticos y todos los elementos que hagan que la producción salmonera, que es muy importante para la región, sea mucho más limpia, con estándares elevados, que hagan a la industria aún más competitiva en el concierto internacional".

Espinoza dijo concordar en que la Ley Lafkenche ofrece "complicaciones no sólo para el sector salmonero, sino que para la pesca artesanal".

Subrayó, no obstante, que a semanas del plebiscito de salida para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución, "no es sano que comiencen a pretender, a través del miedo, generar condiciones como diciendo que esto podría generar baja en la empleabilidad. No se juega con los hogares de la gente de nuestra región", expuso.

12.983 son los colaboradores directos del Consejo del Salmón, que tiene 7.486 contratos con proveedores locales, según su informe de impacto sostenible.

10 años han llegado a extenderse los procesos de solicitudes de ECMPO que contempla la Ley Lafkenche, estableció SalmonChile.

30% crecieron los envíos de trucha y salmón en el primer semestre de este año, lo que equivale a US$ 3.242 millones.