Pedro Bárcena

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó en las últimas horas la prisión preventiva que pesa sobre un joven, sindicado como el responsable de propinarle una salvaje golpiza a quien era su pareja. Un ataque registrado en el sector Gamboa de Castro y que también incluye una eventual agresión sexual contra la víctima de 41 años.

Al ser considerada su libertad un peligro para la sociedad y la afectada, el imputado de iniciales A. Y. Y. A. (27) se mantendrá en la cárcel. Los ministros confirmaron el fallo de la magistrada Alejandra Varas del Juzgado de Garantía de la capital chilota, luego de formalizarse una indagatoria contra el isleño por los delitos de violación, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), daños y amenazas.

Como expusieron en su resolución, los sentenciadores establecieron que hay "elementos de convicción suficientes" para estimar la existencia de los ilícitos, perpetrados la madrugada del 31 de julio pasado al interior de la casa que compartían los intervinientes en la villa Socovesa, como también la participación del encartado y la necesidad de cautela.

De esta forma, el tribunal de alzada rechazó la apelación interpuesta por el abogado Yerko Yáñez, quien representa al castreño y que adelantó que buscará nuevas instancias para modificar esta cautelar.

Según el abogado, la prueba fiscal presentada es insuficiente para acreditar los presupuestos vinculados a la calificación jurídica de los hechos y la autoría de su cliente. Enfatizó que solo se cuenta con la versión de la profesora, la cual también cuestiona.

"El testimonio de la supuesta víctima de la violación está llena de inconsistencias, por ejemplo, dice que vive con un hijo, pero el pequeño está sujeto a una medida de protección; también señala que era exconviviente con el imputado, lo que es falso, vivían juntos y por eso él mantenía una llave de la casa", describió el jurista.

Como explicó el profesional, por el delito más gravoso, "las relaciones habrían sido consentidas". Una postura que aclaró "se sustenta con los dichos de nuestro cliente y de otros antecedentes periféricos que hemos presentado".

Bajo este escenario, el penalista reconoció el concurso de las lesiones, "pero es el único delito, ante lo cual la prisión preventiva es absolutamente desproporcionada", acotó, dentro de los fundamentos que presentó en su requerimiento para mutar la precautoria por el arresto total o parcial, la prohibición de acercarse a la afectada y la firma periódica ante la autoridad.

Oposición

Las argumentaciones vertidas por la defensa contaron con la oposición del fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, quien instruye la indagatoria por esta causa.

De acuerdo al persecutor, la víctima "fue agredida física y sexualmente en su domicilio", logrando escapar del lugar "para esconderse en los juegos infantiles de una plaza cercana, donde pudo denunciar a Carabineros".

Relevó el abogado los medios probatorios levantados por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud y las pericias médico forenses realizadas a la castreña, para establecer el concurso -en esta instancia- de los delitos encausados y la participación del sujeto.

"El imputado quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt", sostuvo el jurista, sumando que "existen diligencias pendientes por la misma Brisex, informes del Servicio Médico Legal (SML) y otras pericias de la especialidad". 120 días se dictaron para el desarrollo de la investigación.

120 días de plazo de investigación instruyó el Juzgado de Garantía de Castro.

Tres municiones calibre .22, ocultas en una chaqueta que formaba parte de una encomienda dirigida a un imputado del módulo 22, fueron halladas por funcionarios del sector visita del Complejo Penitenciario de Puerto Montt.

Tras efectuar la incautación, Gendarmería dio cuenta de inmediato de lo sucedido al Ministerio Público.

El fiscal de turno, Marcello Sambuceti, instruyó que personal de Carabineros de la Séptima Comisaría de Mirasol pase a control de detención al ciudadano que llevó la encomienda hasta el recinto penitenciario, por infracción a la ley 17.798 sobre control de armas y que personal del Labocar reciba la munición para el peritaje respectivo.

De manera paralela a dichas gestiones, la autoridad penitenciaria ordenó la realización de un operativo especial de seguridad en el módulo 22, que alberga a 163 imputados reincidentes de mediano y alto compromiso delictual.

En dicho operativo se incautaron 67 armas blancas artesanales, 25 teléfonos celulares, 4 chips, 3 envoltorios con droga, siete pastillas sicotrópicas, 4,5 litros de chicha artesanal y 5 sierras de metal que se emplean para confeccionar armas blancas.

La directora regional de Gendarmería en Los Lagos, teniente coronel Angélica Briones, destacó el efectivo trabajo de los funcionarios que permitió evitar el ingreso de la munición al recinto penitenciario.

"Los funcionarios de la visita estuvieron muy atentos y lograron frustrar el ingreso de las balas. Es una incautación muy importante, porque su presencia al interior de la unidad penal hubiera constituido un grave peligro para la seguridad e integridad de nuestros funcionarios y de la propia población privada de libertad".

67 armas artesanales fueron requisadas desde el módulo 22 de Alto Bonito, donde residen 163 imputados.

Desde el pasado 27 de julio Puerto Varas se encuentra en pleno proceso de conformación de un nuevo Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc), organismo mandatado por ley para materializar la participación ciudadana a nivel comunal. El desarrollo exitoso de este proceso reviste una gran relevancia para la gestión pública local, particularmente en el contexto histórico y territorial en que nos encontramos.

Existe consenso en torno a reconocer que las instancias de participación ciudadana propician tanto la legitimación como la efectividad de las decisiones públicas, por lo que su materialización es un pilar fundamental de la gestión contemporánea de las instituciones gubernamentales. Sabemos, sin embargo, que su implementación reviste importantes dificultades y, por tanto, los municipios se enfrentan a un gran desafío a la hora de poner en funcionamiento mecanismos participativos como los Cosoc.

En efecto, estudios realizados en la zona sur del país, y que incluyen la Región de Los Lagos, han dado cuenta de las dificultades que conlleva la instalación y puesta en marcha de los Cosoc, así como del alto porcentaje de municipalidades que no han logrado siquiera su formalización.

Entre los factores identificados como obstaculizadores en la instalación de estos organismos se encuentra la falta de efectividad con que son percibidos por parte de los dirigentes sociales. Ante ello, resulta especialmente interesante observar los cambios que la actual propuesta constitucional plantea para relevar el rol de este tipo de instancias. En particular, el texto establece que las entidades territoriales deberán promover y garantizar mecanismos de participación, lo que a nivel local se materializa en una Asamblea Social Comunal.

A diferencia de los Cosoc, que están definidos como instancias estrictamente consultivas, estos nuevos organismos se presentan como una instancia que no sólo será consultiva y representativa, sino que tendrá además un carácter incidente.

Desde esta perspectiva, la propuesta constitucional representa un avance en materia de participación ciudadana local y, por tanto, una oportunidad para la legitimidad de la gestión pública municipal. Asimismo, plantea un importante desafío en lo relativo a desarrollar un diseño institucional que operacionalice adecuadamente el concepto de incidencia, lo que puede transformarse en un elemento clave para la implementación exitosa de este organismo.

"Estudios efectuados en la zona sur del país, y que incluyen la Región de Los Lagos, han dadi cuenta de las dificultades que conlleva la instalación y puesta en marcha de los Cosoc"