Correo
Medidas contra delincuencia
Dada la gravedad del problema de delincuencia que hoy nos afecta, necesario es tomar medidas urgentes, y en algunas de ellas la comunidad es participante activa -por lo mismo no debe ser dejada de lado-, y entender que policía-comunidad constituye una alianza tremendamente poderosa.
Para empezar, se debe entender que las dotaciones tanto de la PDI como de Carabineros no están acorde a estos últimos cinco años y menos a los próximos. Por lo mismo, debe haber un proyecto de reforzamiento y formación contundente, y que aparte de los ingresos normales, que en el caso de la PDI son inferiores a lo que era hace una década, se debe retomar la formación de profesionales de carreras con cierta analogía, y que deben formarse como detectives en cuatro semestres académicos y con un grado de egreso idéntico a los detectives que se forman en ocho semestres, es decir, como detectives o máximo subinspector; posibilitar el ingreso de una mayor cantidad de profesionales, técnicos y administrativos para que puedan ejercer tareas que muchas veces hoy la desempeñan oficiales policiales profesionales u oficiales policiales profesionales de línea.
Por otra parte, uno ve como distintas autoridades reclaman que en su territorio debe haber más detectives y más carabineros, pero eso sin una dotación suficiente es difícil de cumplir, ya que no es bueno quitar dotación a una ciudad para satisfacer requerimientos de otra. Al final, con ello el problema se hace más patente, los delincuentes se aprovechan de debilidades u oportunidades que le ofrece otra ciudad.
La comunidad o la buena comunidad quiere aportar, pero a veces no lo hacer por temor a la delincuencia; hoy tiene programas para ello, pero quizás sea bueno crear buzones por la seguridad que se ubiquen en entidades municipales o en las mismas policías. Con ello la gente con un simple papel, y en plena anonimidad, aportaría información, la que luego debe pasar a las unidades de análisis criminal de la Fiscalía o de la PDI, para que pueda ser contrastada y verificada, y cuando corresponda la Fiscalía iniciar la investigación correspondiente.
Por último, entregar mayores facultades a las policías, entendiendo que las limitaciones de hoy favorecen el crimen en todas sus variantes; autorizarlos a efectuar diligencias investigativas sin tanta burocracia, no limitar las actuaciones en flagrancia, acortar al máximo los juicios orales entendiendo el tiempo que pierden fiscales y policías, y que al contrario necesita la comunidad, y en definitiva reformar el sistema de justicia imperante, entendiendo que la Reforma Procesal Penal por su exacerbado garantismo sólo ha perjudicado a las víctimas y favorecido abiertamente a quienes infringen la ley.
Alberto Contreras Silva
"Narcosociedad"
La nuestra es una sociedad que cae, lenta pero inexorablemente. Lo ocurrido en días pasados en La Pintana, con baleos y muertes, como consecuencia de la droga, es algo cada vez más frecuente, y quizás sea la punta del iceberg de la masificación en el país.
Esto nos lleva a considerar que la trama ideal de sociedad con sus conceptos de convivencia está fracasando y todo indica, como reza el dicho, "que los bueyes van detrás de la carreta". Todo esto nos ha transformado en una sociedad que vive con temor, sufriendo una presión psicológica permanente coronado, además, con la ausencia de una adecuada gobernabilidad en este aspecto en los últimos años.
En definitiva, un enfermo con síntomas de una anarquía generalizada y en ciernes una narcodictadura (el objetivo), con las consecuencias esperadas de estar perdiendo nuestras libertades y seguridades.
José Manuel Caerols
Aumento de la inflación
Nuestro país registró la inflación más alta en 28 años, con 13,1%. El Índice de Precios al Consumidor, que logró mantenerse controlado por varias décadas, comenzó a subir debido a un panorama internacional recesivo y convulsionado, incertidumbre política interna y un alto gasto fiscal en período de pandemia.
El índice sigue la trayectoria de los últimos meses, sólo este año se ha registrado un incremento del 8,5% en los precios. Así, los precios de algunos servicios, en especial transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, han aumentado considerablemente este mes. En resumen, 10 de las 12 divisiones de la canasta básica subieron sus precios, exceptuando Vestuario y Calzado, además de Educación.
Según algunos expertos el aumento del IPC es generalizado, 63% del total de productos en la canasta del IPC subieron de precio, destacando bienes transables como alimentos y energía, acentuando el alza de sus precios respecto del mes anterior. Por otro lado, se señala que esta no es una crisis financiera, es una crisis productiva, es decir que hay una desaceleración de la economía, que golpea a la productividad, empleo e inversión, lo que genera una crisis inflacionaria.
El efecto más directo es que los precios de los bienes que consumimos los hogares están experimentando alzas que no veíamos desde hace casi tres décadas, afectando el consumo y a la inversión de los hogares.
Junto con lo anterior estamos viendo una caída en los salarios reales, esto significa que el Banco Central seguirá subiendo la tasa de interés, y se esperaría que el Estado gaste menos, afectando el crecimiento económico y la generación de empleos como consecuencia.
Manuel Cea, académico de la Universidad Andrés Bello
Pensiones y Estado
En varios programas de televisión, en el contexto del debate constitucional, hemos visto al ex ministro del Trabajo y ex diputado, Osvaldo Andrade, exponiendo sus argumentos a favor de la propuesta de nueva Constitución (que se vota en septiembre), en particular en materia de seguridad social y pensiones.
Llama la atención que en sus explicaciones de las bondades de los sistemas de pensiones de reparto o solidarios, ningún entrevistador o panelista del Rechazo le contra argumente con los peligros de la administración del Estado en dichos modelos, tal como sucedió con las pensiones fraudulentas en Gendarmería, en donde la ex señora de Osvaldo Andrade, Myriam Olate, percibía al año 2016 una pensión millonaria de 5,2 millones de pesos de esa fecha, a la cual el Consejo de Defensa del Estado (CDE), dio batalla legal, nombrado entonces el caso de Olate y de otros altos funcionarios de Gendarmería como la "máquina del fraude".
Esos ejemplos fraudulentos son argumentos suficientes para mostrar el peligro de la administración de los ahorros previsionales por parte del Estado.
Eduardo Jerez Sanhueza