En Chile hay 2,8 millones de personas que tienen sobre 60 años de edad, el 16,2% de la población total, pero el Instituto Nacional de Estadísticas proyecta que para 2025 ese porcentaje llegará a 20%. Pero pese a que la sociedad envejece a paso acelerado, no está preparada para enfrentar las nuevas demandas de este grupo.

La principal crítica que se hace es que no se cuenta con una política pública transversal, intersectorial y de largo plazo. La debilidad del sistema es que cada sector define de manera autónoma los programas que tienen incidencia en este grupo y que la oferta de servicios no se cruza con los intereses de los adultos mayores ni cubre las brechas socioeconómicas en educación y salud, especialmente.

En 1950, la esperanza de vida al nacer era de 54,8 años y hoy en Chile es de 85 años para las mujeres y 80 años para los hombres. Pero una encuesta reciente elaborada por Senama y la Universidad de Chile reveló que el 62% de los chilenos declara que se prepara poco o nada para la vejez, y que un 73%considera que éstos se encuentran marginados de la sociedad. El 71% cree que la preparación institucional para el cuidado de los adultos mayores es poca o nula, porque el sistema político, las familias e incluso la propia tercera edad no contribuyen a ello.

El país envejece a tasas aceleradas, fenómeno que tiene repercusiones de salud, económicas y sociales que exigirán repensar las políticas públicas, porque parece que la sociedad no está preparada para enfrentar este rápido cambio en la pirámide etaria. La tasa de natalidad es 1,9 hijos por mujer, lo que ni siquiera asegura el recambio generacional. Indicadores como las pensiones promedio o el acceso a la salud revelan que el país no facilita la vida de la tercera edad. Y esto podría ser peor conforme pasen los años y se observe un incremento de este segmento.

Es evidente que buena parte de esos adultos mayores sufre el abandono y en algunos casos también el maltrato de parte de sus familias. La realidad de muchos de ellos es dramática y pone de relieve no sólo su indefensión, sino también lo ineficiente que puede ser el sistema para brindar una vejez digna a las personas, un aspecto no menor, si se considera que Chile es un país que tiende a ser más viejo.

Hablar de personas en situación de calle comprende lecturas críticas en torno a la multicausalidad y multidimensionalidad, lo que incide en la construcción social del complejo fenómeno que afecta a un número importante de personas en Chile. El frío y la lluvia invernal invitan a reflexionar y actuar, reconociendo las prácticas sociales desplegadas en aras de avanzar en dignidad y superación, como también, pensar en los desafíos éticos que implica su erradicación.

Bajo este convulsionado escenario en que habitamos las ciudades, signado por lo que develó la pandemia en materia de desigualdad socioeconómica, carestía, hambre, pobreza y vulneración de derechos fundamentales, las cifras del segundo catastro nacional de personas en situación de calle de 2011 llegaron a 12.255 individuos.

La Fundación Gente de la Calle, según información recogida del Registro Social de Hogares, anexo calle, refiere que para el año 2020, 15.501 personas se encontrarían en situación de calle. Esta información ha sido cuestionada por distintas organizaciones de la sociedad civil, tanto por la cifra como también por la utilización del registro social como instrumento para conocer la magnitud y complejidad del fenómeno.

Si bien el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispone de una oferta diversa de programas que permiten actuar con las personas afectadas, como el Plan Protege Calle, la Red Calle Niños, el Programa Calle, los Centros Temporales para la Superación, el Fono Calle y Noche Digna, existen organizaciones de la sociedad civil que apuestan por avanzar en la construcción de políticas públicas desde el enfoque de derechos que contribuyan a su erradicación, como lo expone la Fundación Gente de la Calle, que en su propuesta nacional 2018/2028 refiere una estrategia orientada por cuatro principios rectores: "erradicar la situación de calle en Chile es una tarea impostergable, una tarea posible, un desafío de todos y todas, un imperativo ético".

Lo expuesto interpela a las autoridades, a los ciudadanos, a los actuales y futuros profesionales, constituyéndose en un desafío ético-político, en pensar reflexiva y críticamente el diseño e implementación de políticas públicas abordando la multidimensionalidad del fenómeno, siendo un derecho a garantizar la vivienda digna como alternativa de superación y erradicación.

Yerko Toledo, académico de la carrera de Trabajo

Social de la Universidad de Las Américas

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