Erwin Schnaidt

Más de 545 millones de pesos deberá restituir en arcas fiscales el Departamento de Administración de la Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt, por concepto de recuperación de subsidios de licencias médicas; además, tendrá que devolver un saldo no acreditado ante la Superintendencia de Educación por $2.502 millones.

Lo anterior forma parte de las observaciones que hizo la Contraloría Regional, en el marco de una auditoría y examen de cuentas por la ejecución y rendición de recursos transferidos desde el Ministerio de Educación, a través de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).

El órgano contralor estableció que para el primer caso, el Daem tiene 60 días hábiles para devolver esos dineros; mientras que para la segunda observación, dio 30 días hábiles para acreditar esos gastos, acompañando la respectiva documentación de respaldo.

También anunció que dará comienzo a un procedimiento disciplinario, a fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

El Informe Final N° 861, de 2021, fue elaborado a solicitud del entonces diputado Alejandro Santana (RN), quien en abril del año pasado hizo llegar esa petición a la Contraloría General de la República.

Al hacerse público ayer ese documento de 145 páginas, el alcalde Gervoy Paredes (PS) aseguró que "no tenemos nada que ocultar", que el informe "contiene errores sustantivos" y anunció una reunión en la Contraloría Regional para este lunes.

Junto a la directora del Daem, María Luisa Rivera; y la abogada de la Municipalidad, Verónica Martínez, el jefe comunal sostuvo que "las omisiones de información son todas subsanables", aunque admitió que "hubo errores administrativos, de los cuales nos hacemos cargo, al no rendir los fondos a tiempo".

El jefe comunal aclaró que el informe de la Contraloría Regional "no alude a un posible delito, solo a errores administrativos" y enfatizó que "aquí nadie se ha llevado un solo peso para la casa".

Rivera apuntó que "se ha trabajado arduamente para reconstruir esas rendiciones no realizadas, que finalmente significan ser saldos no acreditados", para lo que -sostuvo- todos los municipios pueden hacer una "re-rendición" ante la Superintendencia de Educación "y nosotros vamos a ser parte de ese proceso". También dijo que probarán "que esos recursos fueron invertidos en la educación pública" y que demostrarán "con claridad y exactitud que no se ha hecho un mal uso de esos recursos".

La abogada Martínez aseveró que "desde un punto de vista jurídico, tenemos serias discrepancias con lo que ha planteado la Contraloría Regional", por lo que solicitaron una reunión para aclarar esos puntos.

Adelantó que presentarán una solicitud de reconsideración para revisar los aspectos más sustantivos del informe y que evaluarán "otras acciones legales que se puedan ejercer".

No lo pidieron

En sus análisis, Paredes alegó que el titular de esos recursos (Ministerio de Educación) no ha presentado requerimientos respecto a los fondos que no han sido acreditados.

Informó que no está disponible la plataforma de internet para respaldar esos gastos, lo que -aseguró- "recién ocurrirá el próximo 15 de septiembre".

"Tenemos toda la información, pero cómo la vamos a subir, si el portal está cerrado", reclamó y adelantó que "vamos a demostrar que no falta un peso de lo que nos está solicitando la Contraloría".

Sobre la razón por la que esas rendiciones no se hicieron en forma oportuna, Paredes especificó que "oficié en 2020 para que esto se empiece a trabajar. Ya se verán las sanciones que podamos tomar, de acuerdo a la normativa", con aquellas personas "que en su momento no hicieron su trabajo, sea quien sea".

A ello, la directora del Daem añadió que "cada responsable de los actos que no se hicieron como correspondía, tendrán que responder a través de los sumarios y gestiones internas de nuestro Daem".

Trato desigual

En el caso de las licencias médicas, Paredes adujo que "ningún municipio (del país) ha reintegrado esos recursos al Ministerio (de Educación)" y reveló que ese tema "está saldado, porque hay documentos que acreditan aquello".

Agregó Rivera que ante una pregunta, desde el Ministerio de Educación respondieron que "eso no procede, que ningún municipio ha restituido esos recursos" y se quejó que al de Puerto Montt "no se le está tratando en forma igualitaria ante la ley".

La abogada Martínez agregó que al ser requerida la Superintendencia de Educación por la Contraloría, "manifestó que esta restitución no era procedente" y cuestionó que el informe de la Contraloría no justifica por qué ese pronunciamiento no fue ponderado.

En su mensaje de cierre, el alcalde Paredes dijo que "quienes quieran utilizar políticamente esta situación, no lo van a lograr".

Más adelante dijo: "Por más que busquen, no van a encontrar. Lo que tengamos que asumir, lo vamos a asumir ante la comunidad. Si tengo que hacer los mea culpa, los voy a hacer, pero en su momento y en su mérito. Por ahora, los que quieran sacar cuentas alegres de aquello, se van a quedar con las ganas".

Falta de orden

El concejal Luis Vargas (RN), presidente de la Comisión de Educación de ese cuerpo colegiado, expresó que esta investigación da cuenta de la "falta de un orden administrativo. Más mano dura con respecto a todos sus departamentos podría corregir esto".

Comentó que el informe expone situaciones que se han producido durante años, pero que no han sido subsanadas.

Sobre la devolución de los $545 millones, Vargas opinó que "habría que hacer un esfuerzo y pasar por una nueva modificación presupuestaria de la Municipalidad. Vamos a ver si los concejales están dispuestos a seguir desviando recursos, como lo que ocurrió el miércoles", cuando se aprobó el traspaso de $1.120 millones para pagar sueldos y finiquitos.

Advirtió que similar situación podría ocurrir si no se logra acreditar saldos de la SEP por $2.502 millones. "Esto representa varios años de mala administración. Es hora que se comience a ver sanciones".

Anunció que insistirán en conseguir el ordenamiento del Daem y que "si es necesario vamos a volver a la Contraloría para que esto se aclare y podamos entregar saneada la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública en marzo de 2024".

A la fiscalía

Su colega Juan Carlos Cuitiño (PEV) también acusó que "siempre han existido irregularidades administrativas, económicas y políticas. Esto lleva muchos años; entonces, tiene que haber responsables".

Planteó que en esta materia debe intervenir el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que la Fiscalía Local del Ministerio Público debería "tomar nota de este informe, para sumarlo a la denuncia que presentamos". Para asegurarse de ello, afirmó que hará entrega de este documento en forma presencial en el ente persecutor.

Además, llamó la atención que este informe se haya hecho público ayer, un día después que el Concejo Municipal aprobara transferir $1.120 millones al Daem desde el presupuesto de la Municipalidad, aunque el documento está fechado el 17 de agosto de 2022.

El alcalde Paredes explicó que esos informes son entregados en la primera sesión ordinaria de cada mes, lo que -en este caso- corresponde hacerlo en la reunión del próximo miércoles 7 de septiembre.

Santana

El ex diputado Santana resaltó que la Contraloría es un ente autónomo y que sus juicios "son apolíticos y objetivos".

Al revisar el informe, concluyó que "no ha existido un régimen de orden, de transparencia, de forma ni de fondo".

Santana especificó que el documento de esa fiscalización revela que "hay irregularidades, las que no se explican, se reconocen", por lo que aseveró que "corresponde generar un estado de cuál es el plan que existe para poder normalizar todas las irregularidades detectadas y que dé garantía a la ciudadanía de que los recursos son utilizados para lo que la ley dice que se tienen que usar y no como se ha hecho en el pasado", determinó.

Al buscar responsabilidades, planteó que "han fallado los mecanismos tanto de dirección, como de control interno. Hay una cadena de responsabilidades. Obviamente, hay responsabilidades políticas que recaen en el presidente de la Corporación (Daem). Los presidentes de esas corporaciones son los alcaldes, en todo el país. Los secretarios generales (directores), tienen una responsabilidad administrativa y política", sentenció.

$3.047 millones suman los montos que detectó la Contraloría que deben ser reintegrados por parte del Daem de Puerto Montt.

30 días hábiles tiene el Daem para acreditar gastos no rendidos; y, 60 días para devolver los dineros por licencias médicas.