Erwin Schnaidt

La quiebra de la empresa constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) trajo una consecuencia directa con la paralización de importantes obras contratadas por el aparato estatal. Dos de ellas en la Región de Los Lagos que quedaron sin concluir: el baipás de Castro (ver página 6) y la tercera vía en el acceso a Quellón, ambas en Chiloé.

Pero también repuso la condición financiera apremiante que enfrentan constructoras de la región y el país. A partir de la pandemia del coronavirus, hubo un alza en el valor de los materiales de construcción, así como una notoria falta de mano de obra, todo lo cual hizo encarecer los costos de los contratos adjudicados antes de esa crisis sanitaria.

Pero eso no fue todo lo que gatilló la decisión de CVV, que acusó burocracia al gestionar pagos pendientes del Estado por el desarrollo de infraestructura pública en diferentes puntos del país.

Tal panorama es compartido por Francisca Sanz, presidenta de la sede Puerto Montt de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien recordó que desde agosto vienen visualizando que "cada mes la situación se pone más crítica" para las empresas del rubro.

De hecho, una empresa socia de la Cámara porteña (Lahuén) se declaró en quiebra, mientras mantenía en ejecución dos contratos de obras públicas en la región, adjudicados en 2020: la reposición del Liceo Politécnico de Calbuco, con un 37,9% de avance; y la reposición del Centro de Atención Primaria de Salud de Frutillar, con un 30,6% de avance.

Sanz informó el caso de otra constructora afiliada a la CChC de Puerto Montt, que no identificó, dio inicio a un proceso de revaluación financiera, para reestructurar su deuda y pactar condiciones de pago con sus acreedores. "Con eso, logra salir adelante y continuar", agregó.

Aseveró que el resto de las empresas "están en proceso de salvarse, a través de negociaciones con sus proveedores, subcontratistas y con los bancos", entidades que han elevado el nivel de riesgo de la industria, "lo que dificulta que empresas que pueden reordenarse logren salir adelante".

Reajuste de contratos

La líder de la Cámara en Puerto Montt resaltó que se trata de una realidad que está afectando a todos los constructores que ejecutan proyectos del sector público, "que han tenido que absorber altos sobrecostos de sus contratos. Algunos han tenido la espalda financiera para poder absorberlos, pero hay otros que -por la magnitud del proyecto en ejercicio- se les hace más difícil".

Reconoció que a la pérdida de rentabilidad por la escasez de mano de obra y el mayor valor de los materiales de construcción "que representa un 50% a 60% del costo de los proyectos", se suma en esta cadena el retardo que hay en el plano estatal para el pago a las empresas, por lo que se mostró partidaria de impulsar la propuesta de reajuste de contratos en ejecución. "Se dificulta la situación de las empresas por la demora en los pagos. Si los dineros no están disponibles en los momentos en que tienes que pagar tus compromisos, la falta de caja complejiza y ahoga más la situación financiera de las empresas", dijo.

Planteó que han sostenido conversaciones con autoridades de Gobierno y que han planteado que en otros países tomaron medidas compensatorias con efecto retroactivo, que implican ajustes financieros. "En el caso de nuestro país, existe voluntad; sin embargo, las respuestas aún no llegan y cada día que pasa vemos que hay empresas que no logran salir de las dificultades que están viviendo", especificó.

Sobre el futuro cercano para el sector, la presidenta de la CChC de Puerto Montt aseveró que "lo vemos muy complejo, porque cada vez están presentándose menos empresas a las nuevas licitaciones", por lo que dificulta que el Gobierno pueda desarrollar todos los proyectos que tiene previsto impulsar.

Añadió que las proyecciones del gremio para este año dan cuenta de una caída de un 4% en la inversión; y que para 2023 ese decrecimiento será de un 5,3%. "La inversión pública no va a ser capaz de suplir la inversión privada, que en la construcción será de cerca de un 30%. Esta caída se debe a la incertidumbre económica, política, a cambios regulatorios, a la inflación y a las dificultades para acceder a la vivienda, que ha generado una menor demanda inmobiliaria", remarcó.

Polinomio

Conocedor de las dificultades por las que atraviesa la construcción local, el gobernador regional Patricio Vallespín recordó el caso de 25 obras financiadas por el Gobierno Regional (Gore), abandonadas por constructoras que enfrentaron insolvencias económicas. Entre ellas, 17 han sido reactivadas y al menos siete están a punto de recomenzar trabajos.

No obstante, advirtió que esta situación pudiera mantenerse en el primer semestre de 2023 "con resabios de obras que se licitaron o estimaron cálculos con costos prepandemia, que fueron asignadas sin tener los reajustes pertinentes, lo que genera una posible brecha. Cada proyecto que se revalúa sube, en promedio, entre un 10% y un 47%. Lo peor se vislumbraba que iba a ocurrir este año, pero va a haber una inercia que va a pasar a 2023".

Por ello es que Vallespín espera que el Gobierno tome providencias, como las sugerencias presentadas en el encuentro nacional de gobernadores regionales, realizado entre el 20 y 21 de octubre en Chillán: "Manteniendo y garantizando la probidad, reducir un poco los procedimientos numerosos que hay que hacer para poder llegar a un trato directo, cuando sabemos que la posibilidad de oferentes casi no existe en algunas materias", ejemplificó.

Consultado por la propuesta de la presidenta de la CChC, para acelerar los procesos de pago y reajustar los presupuestos a los valores actuales, el gobernador de Los Lagos evidenció que hay un acuerdo con ese gremio a nivel nacional "con un polinomio, que en parte re-