coge esos aumentos". El jefe del Gore dijo compartir la preocupación de la Cámara de la Construcción, "pero entiendo que hay aproximaciones para que eso no sea tan letal".

Además solicitaron consideraciones respecto a obras públicas con financiamiento regional "para optar a un tratamiento distinto, usar el polinomio de Obras Públicas o que tengamos otro sistema que sea reconocido por Contraloría".

Pagos y cambios

El presidente de la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial del Consejo Regional (Core), Rodrigo Wainraihgt, reconoció que los problemas de constructoras es transversal y podría impactar en el plan de inversiones del sector público, por una probable disminución de oferentes.

"Por ejemplo, si en la Región de Los Lagos teníamos 12 empresas que se dedicaban a la ejecución de proyectos públicos, hoy tenemos dos. Para 2023 creemos que vamos a tener una mayor cantidad de recursos, pero menos empresas que van a poder desarrollar esos proyectos", advirtió.

El core anticipó que "va a costar que las empresas se presenten a licitaciones del sector público, por dos situaciones. Una, que va a haber menos empresas y las que haya, no tendrán capacidad para tomar muchas obras. Y otra, es que cuando ven que el Estado se demora en pagar, van a pensar dos veces en tomar esa obra y escogerán una obra privada".

A su parecer, es relevante que se implemente la Ley 21.131 que establece un pago a 30 días, para frenar la tramitación y burocracia de hasta 120 días -aseguró- que implica el proceso de cancelación de facturas por la prestación de servicios o venta de productos.

Wainraihgt hizo notar que no todas las empresas constructoras pueden participar del proceso de licitaciones del sector público, ya que deben estar inscritas en el registro nacional de contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) o en el de contratistas y consultores del Ministerio de Obras Públicas (MOP). "Eso significa que de un día a otro no se puede formar una empresa para poder ejecutar obras públicas", apuntó.

Dijo que lo que resta es apelar a firmas de otras regiones, que sean sólidas económicamente y que estén inscritas en esos registros, "para que puedan venir a tomar obras y que sean ejecutadas".

Recordó que al interior del Core se conformó una comisión fiscalizadora que determinó que 25 obras con financiamiento del sector público fueron abandonadas por las empresas constructoras a cargo de su materialización. En mayor medida, dijo, afectó el encarecimiento de materiales de construcción y de mano de obra, derivado de la crisis sanitaria del covid-19.

"Son contratos de suma alzada, que tras firmar el mandato de ejecución no pueden ser modificados. Entonces, es muy difícil pedir una mayor cantidad de recursos", explicó.

Observó que si el Gobierno no interviene con la aplicación de medidas que reviertan este escenario, "eso va a significar una desaceleración de la economía. La construcción genera una economía circular, que da empleos y genera subcontratos. Si se paraliza esta actividad, va a significar que se paraliza la economía del país".

Caso de castro

Al referirse al caso del baipás de Castro, el secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas, Daniel Olhabé, dijo que han hecho lo posible para seguir adelante con ese contrato, pero que "hay variables que uno controla y otras que no".

Especificó que la empresa CVV mantenía con el MOP diez contratos a nivel nacional, pero hizo saber que "hay una situación mundial que tiene que ver con el costo de los materiales de construcción que, por supuesto, afecta a nuestra realidad local".

Con todo, se instruyó agilizar el proceso de liquidación de ese contrato, a fin de acortar los plazos de espera para retomar las obras, lo que se espera ocurra en un año.

Olhabé informó que esa cartera regional se está encargando de hacer efectivo el pago de indemnizaciones en beneficio de los trabajadores de esa empresa que quedaron sin empleo. "Cuando existen este tipo de circunstancias, a través de los instrumentos financieros dispuestos para tales efectos, nos preocupamos y nos ocupamos de cumplir con los sueldos impagos y todas las situaciones que tienen que ver con los pagos previsionales (…). Hoy día tenemos más del 80 por ciento de los sueldos en pago".

2 obras ejecutaba en la región la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela: el baipás de Castro y la tercera vía en el acceso a Quellón, ambas en Chiloé.

10% a 47% promedia el alza del presupuesto de cada proyecto que es reactivado en la región, estimó el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín.

120 días llega a extenderse el plazo de pago del sector público a las empresas constructoras, según reveló el core Rodrigo Wainraihgt.