Agencias

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) instó a los responsables políticos europeos a acelerar el despliegue de las condiciones necesarias para hacer posible la movilidad cero emisiones, tras el acuerdo formal que alcanzó la Unión Europea (UE) este jueves de prohibir la venta de vehículos y furgones nuevos con motor de combustión desde 2035.

"No hay tiempo que perder. Esta decisión de gran alcance no tiene precedentes", declaró el presidente de ACEA, Oliver Zipse, director general también del fabricante automovilístico alemán BMW.

Destacó que el acuerdo logrado esa noche entre las tres principales instituciones de la Unión Europa (Consejo, Parlamento y Comisión) significará que la UE "será ahora la primera y única región del mundo en ser totalmente eléctrica" de aquí a 13 años.

Infraestructura y acceso

"La industria automovilística europea está a la altura del reto de ofrecer estos coches y furgonetas de emisiones cero", aseguró Zipse, quien abogó por "ver reflejadas en las políticas de la UE las condiciones marco que son esenciales para cumplir este objetivo".

El director de BMW citó, entre ellas, "la abundancia de energías renovables, una red de infraestructuras de recarga públicas y privadas sin fisuras y el acceso a las materias primas".

El año pasado uno de cada cinco autos nuevos vendidos en la UE era eléctrico y para 2030 se prevé que esta cifra aumente a tres de cada cinco autos, lo que sitúa a la UE por delante de todas las demás regiones del mundo, según ACEA, que representa a los 16 principales fabricantes europeos de automóviles, furgones, camiones y buses.

"Ahora debemos trabajar juntos en políticas que garanticen el acceso a las materias primas necesarias para la e-movilidad, hagan que los coches eléctricos sean productos asequibles para el mercado de masas, mitiguen las consecuencias negativas para el empleo y permitan a los ciudadanos europeos cargar su vehículo eléctrico de forma rápida y sencilla", declaró la directora general de ACEA, Sigrid de Vries.

Piezas críticas

ACEA destacó que Europa necesita crear cadenas de suministro resistentes, especialmente en lo que respecta a piezas críticas como las baterías y las materias primas, ya que de lo contrario los fabricantes europeos se encontrarán en una situación de gran desventaja con respecto a sus homólogos de otras regiones, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de los precios de la energía.

Por ello, los miembros de la ACEA reclamaron una revisión provisional "sólida y significativa" de la normativa sobre el CO2, ya que aseguraron que será esencial para evaluar si se han hecho suficientes progresos en la evolución del mercado, el despliegue de infraestructuras, la disponibilidad de materias primas y la asequibilidad.

Precisamente, la asequibilidad corre el riesgo de convertirse en un obstáculo mayor, ya que la inflación va en aumento y el precio de las baterías se ha incrementado por primera vez en más de una década, advirtieron los fabricantes europeos.

Por lo tanto, instaron a los responsables políticos a que se ocupen también de las emisiones del actual parque de vehículos en circulación y valoraron que el acuerdo final incluya referencias al posible papel futuro de los combustibles renovables en el sector.

"La apertura tecnológica sigue siendo esencial para mantener la agilidad para responder a las diferentes necesidades y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Como demuestra la actual crisis energética, la diversificación es esencial para mejorar la resistencia de Europa", dijo De Vries.

13 años restan para que la Unión Europea sea la primera región del planeta con cero emisiones en movilidad.

3 de cada cinco autos nuevos comercializados en la UE serán eléctricos en 2030. Actualmente es uno de cada cinco.

La fecha de 2035 es un plazo que, según Greenpeace, se queda muy corta respecto a los compromisos climáticos de la UE, por lo que pide adelantar la prohibición de venta de autos nuevos de combustión a más tardar a 2028. Asegura que no hacerlo costará cientos de miles de millones en combustible, en una crisis energética creciente. "El anuncio es un ejemplo perfecto de cómo los políticos pueden disfrutar de un titular que enmascara la realidad de sus repetidos fracasos en la lucha contra el cambio climático", dijo la responsable de la campaña de transportes de Greenpeace en la UE, Lorelei Limousin. Por su parte, el grupo ecologista Transporte y Medio Ambiente acogió con satisfacción el acuerdo, pero pidió a los legisladores acelerar otras medidas para reducir las emisiones de vehículos ya en esta década.

Río de Janeiro cerró este jueves la última unidad del ahora extinto complejo psiquiátrico Juliano Moreira, el último manicomio que funcionaba en la segunda mayor ciudad brasileña y que llegó a contar hasta con 5.300 internos.

El cierre fue promovido por la propia alcaldía de la ciudad más emblemática de Brasil en el marco de un proceso de "desinstitucionalización" de los pacientes psiquiátricos, que fueron enviados a las residencias de sus familiares, que pasaron a recibir subsidios para ayudar en el sostenimiento, a pequeñas casas de acogida y terapia, o incentivados a vivir solos.

El cierre del Franco da Rocha, como era conocida la última unidad que quedaba en operación del Juliano Moreira, el que fuera uno de los mayores psiquiátricos de Brasil, significa un marco en la lucha contra los manicomios en el país, producto de un movimiento que surgió en la década de 1970 para reformar y humanizar los tratamientos psiquiátricos.

La entonces llamada Colonia Juliano Moreira, ubicada en Jacarepaguá, un apartado barrio en la zona oeste de Río de Janeiro, llegó a contar en su auge con 5.300 pacientes, distribuidos en sus 79 hospitales, unidades y pabellones.

El psiquiátrico pertenecía al Gobierno federal de Brasil y recibía pacientes de todo el país hasta ser transferido a la administración municipal en 1996.

Tras la decisión de no recibir nuevos pacientes, los que estaban internos comenzaron a ser distribuidos entre las residencias de sus familiares o las llamadas residencias terapéuticas, explicó la secretaría municipal de Salud en un comunicado.

De los pacientes que vivían internados en el manicomio cuando se decidió el cierre, 567 fueron distribuidos en 97 residencias terapéuticas.

"Son personas que vivieron 40 o hasta 50 años internadas. Ahora conseguimos superar esa página y comenzar a construir en el siglo XXI un Río de Janeiro sin manicomios", afirmó el superintendente de Salud Mental de la secretaría de Salud, Hugo Fagundes.

Tanto en sus residencias como en las unidades terapéuticas o en sus propias casas -los habilitados a vivir solos-, los pacientes dados de alta siguen siendo tratados por profesionales del Centro de Atención Psicosocial de la municipalidad, pero ahora a domicilio.

De acuerdo con el especialista, el cierre del último manicomio de la ciudad "completa un ciclo importante en la historia de la reforma psiquiátrica de Río de Janeiro, únicamente posible tras la construcción de un sistema de salud capaz de ofrecerles a las personas mejor calidad de vida y la reintegración en la vida social".

El cierre del complejo se produjo un año después de la clausura del Instituto Nise da Silveira, otro conocido manicomio de la ciudad en el que comenzaron a desarrollarse tratamientos más humanos para pacientes con problemas mentales.

567 de los pacientes fueron dados de alta y reubicados en 97 residencias terapéuticas. Otros fueron enviados a sus casas y serán atendidos a domicilio.