Entre las prioridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric estaba la Educación, lo que en manos de ex dirigentes estudiantiles ahora en La Moneda parecía tener un importante sustento. Sin embargo, la realidad ha sido mucho más dura y, con el tema prácticamente perdido en la agenda, hoy el Ejecutivo se enfrenta a dos graves problemas: la persistente violencia en los alrededores de liceos emblemáticos y el ausentismo escolar que tiene precisamente a estos hechos como una de sus causas.

Las acusaciones de la oposición contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se han agudizado: RN y la UDI incluso han anunciado acciones contra la jefa municipal luego de que ex directores de liceos capitalinos la acusaran de emitir una instrucción para no aplicar la ley Aula Segura, lo que es desmentido por la propia aludida.

Ayer la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, quien también fue alcaldesa de Santiago, entró en la discusión y en radio Universo aseguró que la "época más crítica de violencia" en los colegios se dio cuando se aplicó la ley Aula Segura en los establecimientos.

A su juicio, "hay muchas legislaciones a las que se puede recurrir y hay que ocupar las que sirven, lamentablemente para desgracia de todos cuando esa legislación se ocupó tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios".

La ministra añadió que "yo en esto no tengo gustos, tengo experiencia y veo el resultado que tuvo esa dinámica, fue catastrófico. Lo que no resiste más es la manera de tratar los conflictos de los liceos para ocuparlo como arena para la confrontación política. Los jóvenes en esos colegios toman palco para ver pelear a los adultos y se sienten totalmente abandonados".

Finalmente, expuso que "cuando se ocupan instrumentos que lo que hace es que la comunidad se pliega a los grupos violentos el resultado es todo el contrario: en lugar de aislarlos y debilitarlos, se les fortalece, suman adeptos y hacen acciones violentas de mayor escala".

Más de 100 detenidos

Estas declaraciones se dieron el día en que Carabineros informó que durante 2022 ha detenido a 108 jóvenes por incidentes registrados en cercanías de liceos en la comuna de Santiago.

De acuerdo al balance, en el presente año la institución ha intervenido en 396 eventos de este tipo y entre los delitos que generaron las detenciones se encuentran desórdenes, maltrato de obra, atentados a la autoridad, barricadas y utilización de artefactos incendiarios.

"El 62% de todos estos eventos los concentra el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo de Aplicación", señaló Carabineros.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, comentó en radio Cooperativa que "este informe es parte de lo que nos ha venido señalando el subsecretario Monsalve respecto de disponibilizar a las policías, la inteligencia, la capacidad más preventiva. Estos estudiantes claramente no están en la sintonía que uno esperaría, del diálogo".

Ausentismo

Los hechos violentos se suman al problema del ausentismo: según un informe del Centro de Estudios del Mineduc, 50.526 alumnos que asistieron o estaban matriculados en algún establecimiento en 2021, decidieron abandonar sus estudios en 2022. Ellos se suman a los 227 mil que desertaron desde 2004 a 2021, de entre 5 y 24 años.

El ministro Ávila y el Presidente Boric agregan a esta variable una "dificultad respecto a la oferta educativa" que no se había evidenciado por "una cierta falta de orientación y también por la falta de reparación y reposición de establecimientos educacionales", dijo el secretario de Estado, esto especialmente en las regiones del norte.

También preocupa la inasistencia: la asistencia promedio nacional de marzo a septiembre de este año fue de 83%, 5,3 puntos porcentuales menos que en 2019, previo a la pandemia; y de los 1,2 millones de alumnos matriculados, el 39% (unos 470 mil), presenta una inasistencia grave, es decir, menor al 85%. Este porcentaje aumenta en la educación parvularia y en los primeros niveles de básica.

Dos graves atentados se produjeron ayer en las regiones de la Macrozona Sur en momentos en que crece el debate por la no aplicación de la Ley Antiterrorista en las querellas del Gobierno a pesar de que la semana pasada el Presidente Gabriel Boric, durante su visita a La Araucanía, reconoció que en la zona ha habido actos para él revisten el carácter de terrorista como el ataque al molino Grollmus en Contulmo.

Sobre la marcha el Mandatario expuso que la mencionada normativa no era efectiva, lo que encendió otra vez el debate, mientras los atentados siguen: los últimos fueron el incendio de una retroexcavadora en la Costanera de Concepción (Biobío) y el ataque a balazos, durante cerca de 20 minutos, contra la casa del exdirector regional del Registro Civil de La Araucanía, Juan de Dios Fuentes.

Ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, argumentó nuevamente en Emol que "la ley antiterrorista no es una buena ley, porque así como está redactada, no permite llegar a los responsables de los delitos a la cárcel" y que "las personas que están procesadas, detenidas o sancionadas en la zona sur están por delitos que están tipificados en el Código Penal, y que han resultado ser mucho más eficaces para perseguir y sancionar a estas organizaciones criminales".

El subsecretario añadió que "a cualquier país le gustaría tener una buena ley antiterrorista, pero uno tiene que hacerse cargo también de la realidad política y de los tiempos políticos. Durante 10 años ha habido en el Parlamento discusión al respecto y nunca ha habido un acuerdo suficientemente amplio para legislar. No tenemos 10 años para garantizar la seguridad de los chilenos y por lo tanto hay leyes que son eficaces y que hay mayor consenso".

Críticas opositoras

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, afirmó ayer en radio Cooperativa que "eso está más bien no resuelto, porque aparentemente hay algún conflicto al interior de las coaliciones de Gobierno respecto a la Ley Antiterrorista. La postura nuestra es que si la ley existe, se debe aplicar y no hay una razón para no aplicarla, independientemente de las críticas que tenga".

"Estamos en una situación, en que esa ley está completamente detenida y tenemos actos terroristas reconocidos por el propio Presidente", añadió la exministra.

Una posición similar sostuvo el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien afirmó que el Gobierno "no puede negarse a utilizar una herramienta que existe" y recalcó que un Gobierno que "convoca a hablar de seguridad existiendo herramientas que han utilizado en el pasado y señala que no las va a usar, nos parece que es un camino equivocado".

El diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo no comprender que "por una parte, el Presidente reconoce que hay terrorismo. Nos costó 10 años sacarle esa palabra a Gabriel Boric, pero al momento de perseguirlo dice que la herramienta que tenemos, la Ley Antiterrorista, no es suficiente. No han presentado ninguna sola indicación para mejorarla".