Verónica Salgado

El Gobierno Regional (Gore) presentó una querella criminal por las irregularidades ocurridas en las obras de remodelación del Liceo Carmela Carvajal, ubicado en calle Bilbao, que mediante licitación pública se adjudicó a la empresa Constructora Baker en febrero del 2020. Las obras hasta la fecha siguen pendientes luego que fueran abandonadas con menos de un 70% de avance en julio pasado, cuando la firma se declaró en quiebra.

La acción penal -que fue declarada admisible y está en tramitación en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt- está dirigida contra la empresa constructora y todos quienes resulten responsables de los eventuales delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, sin perjuicio de otros delitos que pudieran determinarse durante la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de Puerto Montt.

Según consta en la documentación disponible en el Poder Judicial, en los ilícitos que suman un total de $2.267 millones estarían eventualmente involucrados funcionarios de la repartición pública regional, por lo que también se están desarrollando sumarios e investigaciones internas.

El proyecto considera una inversión de $8.641 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), siendo el Gobierno Regional el mandante, mientras que el municipio local actúa como Unidad Técnica.

Querella

Según consta en el documento presentado por el Gobierno Regional, a partir del mes de julio de este año se generaron llamados de diversos factoring por facturas respecto de las cuales el Gobierno Regional era deudor, todas las que habían sido cedidas por la Constructora Baker Limitada.

"Se advierte entonces que la situación descrita tiene como resultado el enorme perjuicio dado por el hecho de que el Gobierno Regional aparece como deudor de la suma total de $2 mil 267 millones 658 mil 165 en circunstancias que no se debió haber emitido y mucho menos aceptado los instrumentos mercantiles señalados, los que son absolutamente falsos", detalla la querella.

Agrega textual que los hechos, "en realidad constituyen una maniobra fraudulenta para proporcionar recursos de caja a la empresa contratista, la cual habría sido efectuada con el conocimiento y aceptación de un funcionario de este Gobierno Regional".

Estas situaciones generaron los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, por la generación de facturas correspondientes a pagos inexistentes, y en varios casos falsos; falsificación de instrumento público, por la presencia de documentos donde se finge la firma de funcionarios de la municipalidad de Osorno que habitualmente los suscriben, con el fin de dotarlos de una apariencia real que no tienen, porque son falsos.

En tercer lugar, el delito de fraude al Fisco que se configura debido a que para que la empresa contratista pudiera ceder a los factoring con las facturas falsas, necesitaba imperiosamente que fueran aceptadas por el Gobierno Regional. Este crucial trámite fue efectuado por un funcionario público que mantenía un acuerdo con la empresa emisora de tales facturas, y por lo tanto, estaba en total conocimiento de que las mismas no obedecían a ningún estado de pago, por lo cual eran falsas.

Lo anterior quiere decir que "la aceptación de las facturas falsas fue cometida en función del cargo y labor que al autor (funcionario) le correspondía al respecto, produciendo un efectivo daño al patrimonio del Gobierno Regional, pues hoy es deudora de las sumas señaladas en tales instrumentos espurios; realizado a través del engaño en que consiste la falsificación y también de un incumplimiento de sus deberes; y configurándose a través del consentimiento que la empresa contratista defraude", precisa la querella.

Accionar

En el proyecto de "Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat, Osorno", al Gobierno Regional, en su calidad de mandante, le tocaba proporcionar el financiamiento con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), el que se entregaba liquidando los estados de pago que emitía la empresa, según el porcentaje de avance y los precios del presupuesto detallado de la obras.

Las facturas a pagar por el Gore eran solamente aquellas que contaban con todas las visaciones de la Unidad Técnica (municipio), así como los requisitos exigidos y revisados por distintas unidades del propio Gore.

"En un antecedente que es de suma relevancia considerar, cabe señalar que la aceptación de las facturas es requisito indispensable para que los contratistas puedan cederlas a factoring y, de tal modo, conseguir caja. Al ceder las facturas, lo que hacen es ceder el crédito que en ellas se consigna en contra del Gobierno Regional de Los Lagos, siendo nuevo titular del mismo la institución de factoring, es decir, se transforma en acreedor del servicio público indicado, de una factura irrevocablemente aceptada y respecto de la cual, en el evento de cobranza judicial, no se puede oponer excepciones que el ente público hubiere podido tener en contra de la empresa que cedió la factura", dice textual parte de la querella.

Detalla que habría facturas que son totalmente falsas, que no tienen ninguna relación con los verdaderos estados de pago, ya que se abulta la cantidad a pagar o se crean montos inexistentes, al igual que fechas de emisión y autorizaciones. Para esto se presentaron documentos falsos con firmas de funcionarios y timbres de la municipalidad de Osorno, que nunca fueron dados, y por lo tanto, también falsificados.

Según consta en la querella, durante una reunión sostenida entre los distintos representantes jurídicos y de jefaturas del Gore con profesionales de la empresa Constructora Baker, estos últimos expresaron que "efectivamente fueron emitidas sin que correspondiera hacerlo, que no había estados de pago de respaldo y que necesitaban la aceptación de las mismas para poder cederlas a empresas de factoring y que el funcionario público estaba en conocimiento de todo esto, se contaba con su beneplácito para efectuar la 'operación'".

Reacciones

Patricio Vallespín, gobernador regional, precisó que la protección del patrimonio del Gobierno Regional es fundamental y prioritario.

"Acá hubo una situación completamente anómala con la Constructora Baker y la ejecución del proyecto de remodelación del Liceo Carmela Carvajal. Por eso estamos con esta querella criminal en tribunales y también sumarios administrativos a los funcionarios que puedan haber tenido comportamientos inadecuados respecto a esta materia. No es grata esta situación, al contrario, es muy grave, pero tenemos que resguardar el patrimonio del Estado y, por lo tanto, de todos los chilenos", dijo Vallespín.

La autoridad regional agregó que son señales claras que, "no pueden existir irregularidades, aprovechamiento de ninguna empresa ni personas. Ahora está en investigación, en manos de la justicia, y estamos tranquilos porque hicimos las acciones que nos corresponde al ser un gobierno transparente y eficaz ".

Este medio intentó en reiteradas ocasiones obtener una versión de la Constructora Baker y sus representantes acerca de la querella, lo que no fue posible.